SINDICALISMO CRÍTICO NICOLAITA: ¿Plan Morelos? o ¿Ramírez Bedolla-Fest?

Para los Trabajadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo «UMSNH», el año 2020, además de haber sido afectados por las consecuencias de la Pandemia “Covid-19”, la situación se volvió aún más crítica, debido a que, reiteradamente fueron afectados por la gestión del entonces gobernador Silvano Aureoles Conejo, quien incumplió con su compromiso firmado el 13 de enero de 2016 en el Convenio Marco de apoyo Financiero a la UMSNH, mediante el cual el Gobierno de Michoacán se comprometió a aportar un subsidio equivalente al 50% del presupuesto anual requerido por nuestra máxima casa de estudios; cantidad semejante a la que aportaba el gobierno federal; y que, su informalidad, ocasionó el incumplimiento sistemático de los pagos de salarios y prestaciones devengadas por los trabajadores universitarios, las cuales, se dejaban de cubrir en buena parte del último semestre de cada año violando flagrantemente los derechos humanos internacionales y peor aún, con la connivencia del Comité Ejecutivo General del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana «CEG-SPUM» así como del entonces Rector Raúl Cárdenas Navarro, quienes conjuntamente violaron lo establecido por la reforma laboral iniciada el 01 de mayo de 2019; debido a que, pactaron la reforma al sistema de jubilaciones y pensiones vigente desde 1939, a través de la revisión contractual 2020 que jamás fue sometida a la opinión de los trabajadores cubiertos por el Contrato Colectivo de Trabajo, como lo establece la Ley Reglamentaria del Artículo 123 Constitucional, la Ley Federal del Trabajo «LFT».

Ante la serie de violaciones cometidas por el CEG-SPUM contra sus representados, fue revocado del cargo por el IX Congreso General de Representantes del SPUM, el 24 de marzo de 2021 y designado un Comité Ejecutivo General Interino «CEGI», en los términos establecidos por la Constitución, la LFT y el Estatuto Sindical, para terminar su periodo que concluía el 11 de noviembre de 2021. Sin embargo, violando su responsabilidad constitucional, el entonces presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje «JLCyA», Hill Arturo del Río Ramírez, le negó en dos ocasiones la toma de nota, a pesar de existir un juicio de Amparo del Juzgado Segundo de Distrito.

Una vez definida la candidatura del abogado nicolaita Alfredo Ramírez Bedolla, además fundador de la cuarta transformación, los trabajadores nicolaitas “vislumbramos una luz en el camino” y depositamos la confianza en que Michoacán recobraría el Estado de Derecho y se aplicaría la Ley, con cero tolerancia a la corrupción, además de que se acabaría la simulación de la JLCyA y se defenderían los derechos laborales y sindicales, con la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro laboral.

Debido a que Raúl Cárdenas Navarro le negó el 8 de mayo de 2021, al entonces candidato a gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, el ingreso al Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, para depositar una corona en el Monumento al Padre de la Patria y Rector Perenne del Colegio de San Nicolás, al conmemorarse un aniversario más de su natalicio; los trabajadores sindicalizados decidimos acompañarlo y realizar un acto conmemorativo a la puerta del Alma Mater de nuestra Universidad. Al sentirse protegido por los trabajadores académicos y administrativos nicolaitas, Ramírez Bedolla se comprometió a que de quedar electo como gobernador, su primer acto de gobierno sería armonizar la Constitución de Michoacán con la Reforma Laboral iniciada el 01 de mayo del 2019 y, “poner orden de inmediato en la JLCyA”, lo cual nos dio confianza al declararse como “Gobierno de la Esperanza” y “no permitir acciones de su gobierno ni por encima ni por debajo de la Ley”.

Al tomar posesión como Gobernador Constitucional de Michoacán, el 01 de octubre de 2021 e iniciar en Michoacán, las funciones del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el 3 de octubre siguiente, confiamos en el compromiso asumido por el ya gobernador y fundador de la Cuarta Transformación. La esperanza fue aún mayor, el 01 de noviembre de 2021, fecha en que se designó a Gabriela Manzo Ortiz, como presidenta de la JLCyA. Pero ¡oh sorpresa!, a pesar del compromiso del Gobernador y de la propia Presidenta de la JLCyA, se negó por tercera ocasión la toma de nota, lo que llevó a un tercer juicio de amparo y una reunión de negociación con Carlos Torres Piña, la presidenta de la JLCyA, los abogados del gobierno, los integrantes del CEGI y sus asesores jurídicos, ofreciendo el secretario de Gobierno el compromiso de respetar los términos del tercer juicio de amparo, de actuar conforme a Derecho y en su caso, extender la toma de nota al CEGI. Sin embargo a pesar de que en el tercer juicio de amparo el Juzgado Segundo de Distrito otorgó por tercera ocasión el amparo de la Justicia Federal a los integrantes del CEGI y, de nueva cuenta, la presidenta de la JLCyA volvió a negar la toma de nota, incumpliendo los acuerdos establecidos en presencia del Secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña; situación que conllevó a la revisión de amparo 339/2022 NEUN: 31409636 realizada por el Tribunal Colegiado de Circuito, quien confirmó una vez más, la protección de la Justicia Federal al Comité Ejecutivo General Interino del SPUM y haciendo ver a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, que “la justicia tardía, es injusticia” y ordenando la revisión del caso en total apego a la legislación laboral, sin embargo, por cuarta ocasión la JLCyA negó la toma de nota, impidiendo que el caso se turnara al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el cual a pesar de estar notificado de los hechos y teniendo copia completa del expediente, le dio juego a un Comité Ejecutivo revocado del cargo el 24 de marzo de 2021 y con toma de nota vigente hasta el 11 de noviembre de 2021, para que realizara el proceso de consulta para la legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo 2022 «CCT-2022», sin haber realizado la consulta de ley a los Académicos cubiertos por el CCT-2020 y posteriores, violando la Constitución, la Ley Federal del Trabajo yla  Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como los derechos humanos de los trabajadores nicolaitas y, dejando a los integrantes del SPUM en estado de indefensión. Estos hechos además de ser una evidencia de flagrante corrupción y violación a las garantías constitucionales y los tratados internacionales, es en sí, “Traición a la Patria”.

Sin embargo, considerando el acto realizado este domingo 20 de agosto en el Estadio Morelos, para dar a conocer el Plan Morelos y su compromiso de apoyar a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, le exhortamos señor gobernador, a ser congruente en el pensar, decir y hacer, así como recobrar la confianza de los nicolaitas, al aplicar inmediatamente la justicia expedita y garantizar la protección de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Como servidor público que es, con base en los principios de la cuarta transformación, le exigimos que en el ámbito de sus competencias, cumpla con la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, que el Estado a su cargo, cumpla con la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley, considerando que las normas relativas a los derechos humanos se deben interpretar de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.