Son más de 10 mil familias michoacanas las que viven de los ingresos obtenidos por la venta de la resina de pino. Podrían satisfacer sus necesidades de alimentación, salud y educación, con suficiencia y dignidad si el precio fuera justo y estable y no estuviera sujeto a los vaivenes del mercado internacional.
En los últimos meses el precio del kilo de la resina ha caído dramáticamente de 38 a 14 pesos, arrastrando a la precariedad a quienes con gran esfuerzo raspan, colectan y cargan en barricas de 200 kilos la materia prima que servirá para decenas de derivados como aguarrases, solventes, pinturas, llantas, cosméticos, medicinas, alimentos.
Estos trabajadores de la sierra, que con su trabajo contribuyen con el cuidado de los bosques, evitando incendios forestales y plagas, se encuentran en el olvido por parte de las instituciones. Su aportación, sin embargo, es valiosa para evitar el cambio de uso de suelo, la tala ilegal y con ello la preservación de la vida silvestre.
Este rudo trabajo se viene realizando en los bosques de Michoacán por mucho más de un siglo y no obstante que son la base de prósperas industrias son el eslabón más descuidado y vulnerable de toda la cadena productiva. Es un trabajo infravalorado por las empresas que compran la resina e ignorados por los gobiernos que tienen como deber el hacer valer las leyes, derechos y tratados que los protejan.
La inexistencia de regulaciones nacionales que protejan el mercado resinero les permite a las empresas monopólicas importar resina de países como Nicaragua, Honduras o Malasia a precios cómodos, abarrotar sus existencias, dejar de comprar y tumbar a modo el precio de la resina michoacana.
La operación de los monopolios debe ser revisada a la luz del artículo 28 constitucional y las normas que rigen a la Comisión Federal de Competencia. Las prácticas monopólicas, como lo dice la ley, no están permitidas en el país porque con ello generan condiciones inequitativas y una manipulación aviesa del mercado resinero en perjuicio de quienes producen la materia prima, en este caso de más de 10 mil familias serranas.
Se estima que en Michoacán se produce el 94 % de la resina de todo el país, y es conocido por su obviedad, que este aprovechamiento tiene un valor positivo para los bosques de pino y para su cuidado ambiental. Los resineros representan una barrera económica y social que evita la expansión de la mancha aguacatera y el cambio de uso de suelo. Si el bosque da de comer, el resinero cuida el bosque y evita venderlo. Si no es así las consecuencias son la tala ilegal, la venta de bosques y el cambio de uso de suelo.
Hasta ahora ningún gobierno ha volteado a mirarlos para atender su problemática. Han tenido trato de ciudadanos de segunda. En los días que corren han solicitado por distintas vías ser atendidos por el gobierno y la respuesta ha sido el silencio. Es decir, les importa un soberano cacahuate el destino de 10 mil familias y la aportación de cuidado ambiental que representan.
No fueran los aguacateros, los taladores o quienes hacen cambio de uso de suelo, porque entonces les ponen alfombra roja para darles la bienvenida en las oficinas gubernamentales, les gestionan financiamientos para que sus empresas puedan prosperar, o les aseguran impunidad para sus ilegalidades.
Los resineros, sin embargo, no tienen capacidades financieras para comprar políticos ni para pagar bufetes de gestores, son llanamente trabajadores a quienes no se les paga el precio justo de su resina, como tampoco tienen garantizado el acceso a la salud y los derechos generales que debe ejercer todo trabajador. No tienen poder económico ni político. Simplemente son ciudadanos.
Son los perfectos ignorados, ignorados económicamente y sometidos al poder del monopolio que domina el mercado resinero en Michoacán. En su ámbito la rectoría constitucional del Estado está ausente.
