Recibe Contraloría más de dos mil denuncias por corrupción

Además, también ha inhabilitado a trece exfuncionarios, sancionado a otros catorce e impuesto multas a siete más por diversos ilícitos.

La corrupción ha sido siempre un tema de discusión en la política: la mexicana, la latinoamericana y la mundial | Fotografía: Archivo.

Morelia, Mich.- Un total de dos mil 306 denuncias activas en contra de servidores públicos ha recibido la Contraloría estatal en 2023, derivado de lo cual trece exfuncionarios públicos habrían sido inhabilitados.

De acuerdo con un boletín del gobierno estatal, además de los trece exservidores públicos inhabilitados, los cuales pertenecían a administraciones anteriores, otros catorce han sido amonestados y siete más recibido sanciones económicas por la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán (Secoem).

La titular de la Contraloría, Azucena Marín Correa, expresó que, en lo que va de la presente administración, se han enviado al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (Tejam) 69 expedientes en contra de exservidores públicos por delitos graves, como peculado, cohecho, pagos indebidos, desvío de recursos, abuso de funciones, conflicto de interés, contrataciones indebidas, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, desacato y encubrimiento.

En 2023, acumula dos mil 306 denuncias activas, de las cuales, 65 son federales, 41 proceden de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), 221 han sido presentadas a través del Buzón Naranja, y el resto han sido denuncias directas presentadas por ciudadanos, las cuales representan el 50 por ciento del total.

Marín Correa apuntó que actualmente la dependencia a su cargo mantiene 261 procedimientos en trámite, en tanto que de enero a agosto de los corrientes un total de 131 servidores públicos de la anterior y de la actual administración han sostenido sus respectivas audiencias, cuando aún quedan 383 resoluciones para emitir.

La funcionaria estatal afirmó que la Secoem buscaría prevenir, detectar y sancionar cualquier práctica de corrupción, cometida por funcionarios de administraciones pasadas o actuales servidores públicos.

Como se recordará, fue Azucena Marín quien promovió un juicio político contra el extitular de la ASM, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, quien a la postre sería removido de su cargo, aunque algunos diputados de la oposición denunciaron que el proceso habría tenido irregularidades.