Morelia, Michoacán.- Más de 200 organizaciones civiles de diversos estados unieron voces para exigir a los gobiernos federal y estatal intervenir de inmediato, de forma decidida y eficaz, para frenar la guerra entre dos grupos delincuenciales que está causando graves perjuicios entre la población civil en la región de la Frontera y la Sierra de Chiapas.
“El Estado tiene el deber urgente de otorgar protección, ya que es latente que la situación genere afectaciones y riesgos a la seguridad e integridad física, mental y emocional de la población. Las y los habitantes de estos municipios se encuentran en terrible vulnerabilidad, con múltiples violaciones graves a sus derechos humanos, lo cual se suma a la histórica marginación del territorio”, dijeron las organizaciones en un pronunciamiento conjunto.
De acuerdo con información de Isaín Mandujano, reportero de Proceso, en el desplegado de las organizaciones civiles de Chiapas, respaldado por decenas más de otros estados del país, se considera “indignante” la situación de violencia que se vive en gran parte de Chiapas “a causa de la complicidad y permisividad de las autoridades de todos los niveles de gobierno hacia el actuar de grupos de la delincuencia organizada, quienes disputan el control del territorio para las economías legales e ilegales”.
Recordaron que hace más de dos años que se ha estado agudizando esa disputa por el territorio, caracterizada por un fuerte control social basado en el terror y la violencia armada.
Expusieron que el corte de suministros básicos, como alimentos, gasolina, gas o electricidad, así como el del servicio de compañías telefónicas, mantiene a la población en vilo y zozobra, con impactos psicosociales importantes.
Agregaron que existe angustia, escasez e incluso la imposibilidad de desplazarse por miedo a represalias de los grupos de la delincuencia en confrontación.
La violencia interrumpe la vida cotidiana de la población a partir del corte de los servicios básicos, así como mediante la suspensión indefinida de clases y de servicios de salud, además de las múltiples violaciones de derechos humanos: el derecho a la alimentación, a una vida digna, a la seguridad, la educación, la salud, la justicia, el libre tránsito y a vivir en paz.
