Toman protesta al nuevo auditor, Marco Antonio Bravo

Con el apoyo de Acción Nacional se logró que contara con las dos terceras partes que exige la ley; bancada del PRD reprueba actuación

Pleno del Congreso, escenario final de una imposición anunciada.

Morelia, Mich.- Marco Antonio Bravo Pantoja, quien obtuvo 28 votos a favor,  es decir, dos terceras partes de la mayoría parlamentaria que establece la ley, tomó protesta para cumplir con un período de siete años al frente de la  Auditoría Superior de Michoacán, plazo que inicia este octubre del 2023  y concluye hasta octubre del 2029.

El ahora auditor ha sido cuestionado por su cercanía con el mandatario estatal, Alfredo Ramírez Bedolla, de quien es compadre, además de que el gobernador otorgó una notaría a Claudia Angélica Zepeda Aguilar, esposa del hoy responsable de este órgano técnico, en agosto de 2022.

El ahora auditor superior de Michoacán obtuvo la mayoría calificada gracias al apoyo que realizó la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), que supuestamente había generado una alianza con el PRI y PRD, pero estos últimos se abstuvieron de emitir su voto en la urna colocada para tal fin en la sesión de esta noche en el Congreso para ungir al nuevo funcionario.

El nombramiento fue cuestionado por la diputada del PRD, Julieta Gallardo Mora, quien lamentó lo que llamó el “terrible desempeño de diputadas y diputados que hoy llevaron a comprometer a todos a una denuncia penal”, como es la cárcel, la inhabilitación en el desempeño de cualquier cargo público.

Al calificar al grupo de diputados que votaron favor, como “oficialistas”, dijo que hicieron todo para que se pueda votar y nombrar a un nuevo auditor esto basado en el juicio político que se asume  como inatacable, sin embargo, expresó que los “oficialistas” olvidan que “este razonamiento es mañoso”, ya que existe un juicio de amparo en proceso ante un juez de Distrito que no puede ignorarse.

“Bajo ninguna circunstancia y de no hacerlo los diputados deberán ser denunciados ante el Ministerio Público y se procederá a su inhabilitación, incluso pagar con cárcel”, subrayó, al señalar que este actuar de algunos diputados es inaceptable ante un proceso de simulación.

Seyra Anahi Alemán Sierra, diputada de Morena, defendió la postura asumida en el Congreso, al asegurar que el juicio político contra el auditor está en firme y todos “los cuestionamientos jurídicos son otros temas”, ya que los procedimientos administrativos no tienen que ver con juicios, tiene que ver con la facultad en el Congreso de nombrar o destituir a los titulares de los órganos que sirven para lo que hace el Congreso del Estado.

También argumentó que no existe un juicio o Amparo promovido por el anterior auditor de este juicio político que es firme, ” nadie se ha amparado por este juicio político y ninguna institución federal ha dicho que no sea válido”, argumentó, al señalar que no se puede cuestionar lo que se votó, pero reconoció que existe otro proceso jurídico en el Poder Judicial que no puede influir en la decisión que se llevó a cabo en el Poder Legislativo, sólo se votará para si se está de acuerdo con esa decisión.

Baltazar Gaona Sánchez diputado del PT, a su vez sostuvo que es responsabilidad del Congreso de Michoacán votar por un auditor, también dijo que “hay diputados que nada más van a chillar” y al asegurar que el auditor no va a regresar, “no los meterán en la cárcel”, expresó, al descalificar la labor de fiscalización y el andamiaje jurídico que este mismo poder ha aprobado, el cual expresó no sirve.

Marco Polo Aguirre Chávez, coordinador de la Representación Parlamentaria, indicó que hay confusión en el procedimiento administrativo y el procedimiento legal que se lleva a cabo por el Congreso de Michoacán, mismo que aseguró no fue recurrido y en su momento, porque el quejoso pudo haber impugnado esta posibilidad, pero no de la decisión soberana del Congreso, por lo que queda muy claro que fue inhabilitado y destituido, lo que permite tener la posibilidad de que hay una “vacancia en la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) y que el Congreso debe tener la posibilidad de tomar una decisión al respecto”.

Señaló que quien se sienta agraviado puede recurrir y en el tema político puede haber mucho, pero en el tema jurídico afirmó, “no hay manera”, están seguros de que la resolución va a ser a favor de la decisión que tome el Pleno que es nombrar al siguiente auditor.