Morelia, Mich.- Las autoridades escolares en Morelia son omisas ante la violencia digital, a pesar de que hay un marco jurídico estatal que las obliga a prevenir, atender y canalizar estos casos que afectan, principalmente, a niñas y adolescentes mujeres.
Así lo sentenció Nuria Gabriela Hernández Abarca, directora del Instituto de la Mujer Moreliana e Igualdad Sustantiva (Immujeris), quien reparó en que las víctimas de este delito viven impactos psicoemocionales significativos que las ponen en riesgo de suicidio y otras conductas autolacerantes, como el cutting (cortes en la piel), de lo cual las escuelas son corresponsables.
La funcionaria fue enfática en cuanto a que “los maestros están obligados, los directores están obligados” a identificar y atender estas situaciones, dando parte a las instituciones competentes, “sobre todo porque las niñas están de la mano de los agresores” en los entornos educativos.
Los maestros no saben qué hacer
Si bien existe una Ley para la Atención de la Violencia Escolar en el Estado de Michoacán, la cual, por cierto, no tiene claras las sanciones que pueden ser impuestas a docentes o directivos por incurrir en omisiones, en realidad, comentó Nuria Hernández, “nadie sabe qué hay que hacer”.
“Los maestros me dicen ‘ya entendí qué es, pero ¿qué hago?’”, problemática ante la cual la funcionaria argumentó que la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) tendría que fortalecer los protocolos de atención con un “abecé que diga ‘si tú identificaste esto, tienes que hacer esto’”.
Tres maestras han hecho lo que corresponde
La funcionaria reconoció, por el contrario, que ha tenido noticia de tres maestras que, pese a la falta de instrumentos institucionales, han hecho una labor efectiva en la identificación de casos de violencia digital contra estudiantes, y la respectiva canalización de éstos a las instancias correspondientes.
Más allá del reconocimiento verbal, no obstante, no existen incentivos municipales para que el magisterio intervenga en las comunidades escolares, de forma tal que sean garantizados los derechos humanos de los menores en éstas, por ejemplo, en casos de violencia digital.
12 casos de riesgo entre 550 estudiantes
La funcionaria señaló que hay una gran cifra negra que no permite medir con claridad la dimensión del problema; sin embargo, declaró que la incidencia sería muy extendida en el municipio.
En este sentido, relató que bastó una intervención de tres semanas en una escuela con 550 menores para que el Immujeris detectara 12 casos en riesgo de violencia digital (2.1 por ciento), que se hicieron del conocimiento de la secundaria de forma verbal.
Si bien los maestros se habrían mostrado “preocupados”, la percepción del Immujeris es que también se estaría incurriendo en omisión, por lo que se prevé hacer llegar oficios por escrito como una siguiente fase institucional en el proceso.
Cabe recordar, remató Nuria Hernández, que la violencia digital no sólo se da cuando alguien toma o difunde material sexual sin el consentimiento de la persona afectada, sino también cuando ésta recibe mensajes ofensivos o incómodos, cuando es señalada de forma directa o indirecta por fotos que se tomó en algún momento, entre otros.
Además de la ley referida arriba, el marco jurídico en la materia incluye la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en Michoacán, la Ley General de Educación y otros instrumentos adicionales, como el Protocolo de Intervención sobre Violencia Escolar.
