Jueza ordena devolver a Emilio Lozoya casa de las Lomas valuada en 38 mdp

Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. (Foto: especial)

Morelia, Michoacán.- Una juez federal ordenó devolver a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), su casa de Lomas de Bezares en la Ciudad de México, valuada en más de 38 millones de pesos.

De acuerdo con información de Diana Lastiri, reportera de Proceso, la juez Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Domino de la Ciudad de México, Ana Lilia Osorno Arroyo, concluyó que la Fiscalía General de la República (FGR) se equivocó al fundar su pretensión de quedarse con el inmueble conforme a un recurso legal que no estaba vigente cuando Lozoya supuestamente lo adquirió con dinero proveniente de sobornos.

“Debe declarase improcedente la acción de extinción de dominio ejercida respecto de los derechos que el demandado tiene sobre el bien inmueble. El hecho ilícito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, vinculado con el bien inmueble objeto del juicio, se consumó en el año 2012 esto es en una época en que dicho delito no estaba previsto de manera sustantiva en el artículo 22 constitucional como supuesto de procedencia para ejercer la acción de extinción de dominio”, explicó la juzgadora.

Para la FGR esa adquisición fue ilegal porque el dinero para comprar la casa supuestamente provenía de un soborno que le fue pagado a Lozoya por parte de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), para concretar la compraventa irregular de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.

“Debe considerarse que lo sustantivo no puede aplicarse sobre una hipótesis de procedencia no prevista cuando se consumó la conducta que dio origen a la investigación por Recursos de Procedencia Ilícita”, agregó la jueza.

Añadió que la Constitución es clara en cuanto a los supuestos de procedencia para ejercer una extinción de dominio, limitándolo a los delitos por los que procederá dicho procedimiento, es decir, que no deriva de un concepto genérico de enriquecimiento ilícito.

La decisión de la juzgadora puede ser impugnada por la FGR ante un tribunal Colegiado para que este resuelva finalmente el caso o, de considerarlo pertinente, lo envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).