SINDICALISMO CRÍTICO NICOLAITA | Problemáticas y reflexiones sindicales con aspirantes al Senado de la República

La semana pasada se conmemoró el CI Aniversario Luctuoso del ideólogo y hombre de acción Ricardo Flores Magón, cuya pluma fue su arma más poderosa, pero su congruencia y compromiso lo que lo hizo trascender de la mano del anarcosindicalismo y “que utilizó los recursos a su alcance para educar, organizar y animar al proletariado mexicano en su lucha por la emancipación”, fue precursor de las reivindicaciones de las naciones originarias y de la igualdad entre hombres y mujeres y cuya concepción político-ideológica fue anarquista, pues identifica al Estado con el Gobierno, la autoridad, la represión y el control y sometimiento del pueblo a través del poder y “que el bienestar y la libertad son fuentes de la bondad” (Ochoa,2003. El pensamiento de Ricardo Flores Magón: su concepción antropológica, UNAM).

El antecedente más trascendental del Artículo 123 para “la protección de los trabajadores y la dignificación del trabajo” fue el Programa del Partido Liberal Mexicano, cuyo líder máximo fue Ricardo Flores Magón. De acuerdo con Humberto Morales Moreno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en su artículo “El Naciente Derecho Mexicano 1891-1928” (2019) donde expone las fuentes ideológicas del constitucionalismo social en México, el cuerpo doctrinal de la fracción VI del Artículo 123 tuvo su fuente en el ideario político Regeneración, de Ricardo Flores Magón, más que en otras fuentes que los autores frecuentemente citan.

La demanda de los Derechos de los trabajadores se trasladaría al artículo 123 de la Constitución de 1917, donde por primera vez se muestra a la mujer trabajadora como sujeta de derecho y se reivindican demandas como la jornada de 8 horas, la obligatoriedad del descanso dominical, el establecimiento de salarios mínimos, la prohibición del trabajo infantil, la regulación del trabajo a destajo para evitar abusos, la higiene y seguridad para el obrero, se suprime todo sistema que endeudaba (y esclavizaba) al trabajador, eliminando las tiendas de raya, etc. Sería la primera vez que se levanta la voz a favor de los derechos proletarios. Además, la Constitución mexicana de 1917 sería la primera en incorporar el derecho a huelga, precepto que en 1919 fue retomado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su conformación.

Sin embargo, desde los tiempos de Ricardo Flores Magón, hasta la actualidad y con sus respectivos matices, los Gobiernos y el Capital han encontrado la forma de explotar al trabajador y conculcar sus derechos laborales, si bien ha habido avances en el incremento al salario mínimo, una distribución de riqueza que busca proteger a grupos vulnerables como los adultos mayores y se modificó la Ley Federal del Trabajo con la finalidad de favorecer la democracia, lo cierto es que en la práctica, los derechos que otrora fueran timbre de orgullo del derecho mexicano son violentados.

Estos fueron los conceptos expresados el pasado 25 de noviembre en el encuentro entre sindicalistas de instituciones educativas de nivel superior, medio superior y profesional-técnica, así como del sector salud del ISSSTE y el Seguro Social, con aspirantes al Senado de la República por Michoacán del partido en el poder, de la facción que no encabeza el Gobierno del Estado. Se coincidió en que algo está mal en el Estado de Michoacán, hay adeudos con los trabajadores de educación que datan de hace más de cuatro años y no se dio la transformación que se esperaba, pues hasta el gobernador ha manifestado su aversión por los sindicatos, aun cuando su concepción ideológica parte del nacimiento y avance del movimiento social proletario y los sindicatos, a los cuales se violenta.

También se coincidió en problemáticas como el incremento del costo de la vivienda para el trabajador, al haber cambiado los créditos hipotecarios a UMAs, lo insuficiente que están resultando las pensiones, la falta de servicios de salud para los médicos, enfermeras, choferes, personal de mantenimiento y administrativo, los propios trabajadores del sector salud y suplentes que prestan servicio en las instituciones.

Asimismo se denunció la obstaculización por parte del gobierno estatal y la autoridad laboral del registro de organizaciones sindicales como la de la Defensoría Pública y el cambio de directiva del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM), que se dio como producto del principio de revocación que contempla el estatuto sindical y en la que resultó revocado el corrupto Comité 2018-2021 que sostienen desde que la Secretaría de Gobierno estaba a cargo de Carlos Torres Piña, con apoyo de la Subsecretaría de Gobernación, a cargo del funcionario de choque y revienta-mesas, Juan Carlos Oseguera Cortés y a través de la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Gabriela Manzo, de quien denunciaron agremiados de la sección de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, se le otorgaron materias en la misma dependencia universitaria a su esposo, José Alfredo Flores, suplente de Ramírez Bedolla cuando fungió como diputado local, sin contar con los méritos requeridos para ello, violentando los derechos de otros sindicalizados que se iban a beneficiar del programa de regularización de materias.

Además, en el marco de ese encuentro sindical en el día de la erradicación de la violencia contra la mujer, que teniendo como finalidad visibilizar y concientizar a la población sobre graves inequidades para que los gobiernos y los estados tomen medidas y los ciudadanos exijan sus derechos a los representantes, no pasó por alto denunciar las violencias y represión de las que son sujetas las mujeres sindicalistas por el Gobierno del Estado, incluyendo la obstaculización para el ejercicio de sus derechos políticos, como la representación de un gremio, así como la sistemática violación de preceptos constitucionales y acuerdos internacionales. También se hizo patente la necesidad de impulsar reformas y propuestas de Ley que recojan los pendientes y subsanen las fallas de la Reforma laboral de 2019, al tiempo que se reflexionó sobre el papel de las movilizaciones sociales y sindicales en el avance de la democracia y los derechos de los trabajadores.

Ante este panorama y desde que cambió el Gobierno, se admite que no se han logrado los avances esperados en materia de justicia laboral, principalmente para las organizaciones democráticas y autónomas y esto tiene que ver con quiénes llegaron al poder, pues si bien se busca fortalecer al movimiento a través de la inclusión de actores políticos de otros partidos como estrategia, esos actores deben sumar, no restar y mucho menos descomponer al movimiento, deben ser obligados a acoger los principios y actuar en consecuencia.

Se contrastó la actitud de quienes dirigen las instituciones educativas con la de la primera Rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, quien movilizó a su comunidad para exigir al Gobierno del Estado el pago de la deuda con la Universidad, de acuerdo con lo estipulado en la Constitución, mientras que en las instituciones locales no sólo se tienen adeudos que datan de más de cuatro años con los trabajadores, se pretenden expropiar los derechos y logros sindicales, pues ahora ya no se lucha por mejorar las condiciones de trabajo y los salarios, se ha orillado a los trabajadores a centrar la lucha en la conservación de los derechos y logros, no sin dejar de reconocer que tanto la corrupción de las dirigencias o al interior de la organización gremial han propiciado tanto la división como el atropello de los derechos, pues se busca el beneficio individual o de adeptos a costa del bien común, por ello también se criticó que la facción del partido Morena en el Gobierno continúe y propicie esas prácticas, sosteniendo a sindicatos charros, propiciando la corrupción, la impunidad como no ejercer acciones legales en contra de quienes han descapitalizado a las instituciones, como en el caso de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.