Morelia, Mich.- El gobierno de Morelia ha minimizado la suspensión temporal que fue otorgada contra el Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) 2022-2041 y ha acusado intereses partidistas en la interposición del recurso; por su parte, el Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma (MCDL) respondió que o los funcionarios no entienden el alcance de la decisión del juez o intentan engañar a la ciudadanía.
Después de una primera respuesta en que dijo no tener información al respecto, el alcalde Alfonso Jesús Martínez Alcázar acusó que quienes promueven este amparo responden a intereses electorales, sin agregar mayores elementos para sostenerlo.
Posteriormente, Pedro Núñez González, secretario de Desarrollo Urbano y Movilidad del municipio, señaló que es “impreciso” afirmar que el amparo suspende la aplicación de todo el Programa, pues la medida del juez se circunscribiría –en su interpretación– a aquellas zonas con decretos de protección ambiental, cuya urbanización –declaró– “sería una ilegalidad”, deslindando así al Ayuntamiento de tales intenciones.
O no entienden o intentar engañar a la opinión pública: MCDL
Moctezuma Madrigal, vocero del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, fue contundente en su respuesta al posicionamiento gubernamental: “Creo que no están entendiendo la dimensión del amparo que se nos está concediendo. O lo están minimizando a propósito o no la conocen… O intentan engañar a la opinión pública. Cualquiera de las opciones es muy grave”.
Fue enfático al exponer que la materia del recurso judicial no son sólo las zonas protegidas, como sostiene el gobierno de Alfonso Martínez, sino “todo el sur de Morelia”, reconocido por su importancia hídrica a través de distintos documentos y ordenamientos jurídicos, datados de 1936 a la fecha.
En uno de sus párrafos, el amparo otorgado dice que es posible presumir de forma preliminar que el peticionario “cuenta con un interés legítimo para combatir la ejecución” del PMDU 22-41, debido a que “con su publicación se pueden realizar obras y actividades que impacten en sus derechos humanos… y en particular a los sistemas hidráulicos de Río Chico y Río Grande que suministran de agua al Municipio de Morelia, Michoacán; así como áreas naturales y terrenos forestales que se dictaminaron como protegidos, en decretos federales y del estado”.
En la interpretación del Moctezuma Madrigal, el Ayuntamiento de Morelia tendrá que demostrar que es falso que esos sistemas hidráulicos se podrían ver impactados por la urbanización de la zona, lo cual calificó como “imposible”, por lo que dijo confiar en que el próximo 13 de diciembre, fecha en que se dará a conocer el resolutivo, se suspenderá definitivamente el Programa controvertido.
Cárteles inmobiliarios
Lo que mereció al MCDL la acusación de intereses electorales en la promoción del amparo fueron las declaraciones de su vocero en el sentido de que en Morelia existen “cárteles inmobiliarios”.
En su réplica, Moctezuma Madrigal señaló que estos grupos se han configurado en Morelia desde hace más de 20 años, por lo que no serían exclusivos de Alfonso Martínez ni tampoco –agregó– de la capital del estado, pues dijo estar convencido de que existen en todas las ciudades del país.
En lo local, ejemplificó, habría un claro modus operandi, que resumió así: funcionarios municipales aprueban planes y programas de desarrollo para urbanizar zonas de alto valor ecológico, con lo cual, quienes representan a las instituciones del estado, expiden Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA); tomando esto como garantía, los grupos de interés avanzan en la construcción de fraccionamientos.
El problema central, añadió, es que sólo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene la facultad para otorgar permisos de cambio de uso de suelo, por lo que resultan ilegales y “ecocidas” las estrategias de estas redes empresario-gubernamentales; misma razón –remató– por la que actualmente está detenido un fraccionamiento de Grupo Altozano en la zona del Platanal, al sur de Morelia.
Si el juez de distrito otorgara la suspensión definitiva, concluyó, se estaría sentando un antecedente muy significativo en la defensa ambiental, tanto en Morelia como en Michoacán, pues con ello se detendría un instrumento oficial que presuntamente pretende devastar una zona de gran importancia ecológica; una decisión contraria provocaría “una crisis hídrica en un futuro inmediato”.
