Mayor violación a derechos laborales, el riesgo de continuar la actual dirigencia en el SPUM: Sáenz

En noviembre debió haberse emitido la convocatoria para la renovación de un Comité que ya excede los tres años estatutarios.

La dirigencia interina del SPUM, en rueda de prensa celebrada en junio del 2022. | Agencia Comunicación Gráfica

Morelia, Mich.- Una mayor vulneración a los derechos laborales, es lo que se prevé con la continuidad del Comité Ejecutivo General (CEG) del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM), al cumplirse otro año más sin convocar al proceso de renovación, considera María Luisa Sáenz Gallegos, dirigente interina del gremio.

De acuerdo al marco estatutario, sería en noviembre el periodo para convocar a la renovación de la dirigencia, misma que debiera cumplir tres años en el encargo, aunque en el caso del CEG que encabeza Jorge Luis Ávila Rojas, su mandato se ha extendido más allá del periodo 2018-2021 por una extensión otorgada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, cuestionada en tribunales por la dirigencia interina que fue nombrada en el IX Congreso General de Representantes Extraordinario en marzo del 2021, donde se revocó el mandato al grupo que se mantiene al mando de manera irregular. 

Sáenz Gallegos, designada secretaria general interina desde aquel entonces, señaló que la decisión fundamental para que se tenga una convocatoria para renovar la dirigencia descansa en el Centro Federal y de Conciliación y Registro Laboral, del cual espera se cumpla un plazo de 21 días que ya corren para que se tenga una respuesta luego de solicitarse su intervención en el marco de la nueva reforma.

“No descartamos por la experiencia que ha tenido el comité interino, que se vayan a dar largas desde el propio Centro”, destacó al aludir a trámites para demandar la intervención de la instancia y que no han sido atendidos, a lo que sumó la presunta convivencia de otros actores gremiales con el CEG de Ávila Rojas y que disiparían las peticiones de un mayor número de agremiados para demandar que se emita la convocatoria y abrir el proceso de renovación, lo cual estatutariamente debió haber ocurrido el pasado 11 de noviembre.

En concreto se refirió a los integrantes de la Coalición de Académicos Sindicalizados, encabezada por algunos ex dirigentes, quienes a través de la recolección del 33 por ciento de firmas, como requisito en la norma federal para demandar que se renueve la dirigencia, buscan la mediación del Centro Federal y esperan su respuesta en el plazo señalado.

El pasado jueves, señala Sáenz, se convocó a reunión del Consejo General y sin embargo los de la Coalición no asistieron, pese a que era una de las demandas de dicha expresión para exigir su demanda por la convocatoria. “¿Por qué no se apersonaron a respaldar a los consejeros que ellos tienen?, porque lo primero que se pide de acuerdo con la normatividad, no recuerdo si es el artículo 371, es que entregan su petición de que se genere la sesión para emitir la convocatoria al comité revocado e impuesto, el que tenía que responder en 10 días (y que no respondió), pero finalmente lo que se estaba pidiendo era una sesión del Consejo General para emitir la convocatoria.”

“Se advierte que no hay expectativas favorables para los trabajadores, porque el que estén atreviéndose a integrar falsas comisiones para la revisión contractual, eso nos habla de que tienen un respaldo o confianza de que pueden seguir”, señaló con escepticismo, al igual que hacia la presunta “promesa” del cuestionado CEG de que emitiría la convocatoria para enero próximo.

Respecto a los adeudos pendientes para los académicos sindicalizados y que no han sido defendidos por Ávila Rojas, Sáenz señala que aunque fueron reconocidos por la rectora Yarabí Ávila González en su reciente visita al Congreso para demandar un presupuesto suficiente, “no creo que sean de nueve millones como ella lo comentó; hay compañeros que están en su periodo prejubilatorio y no han recibido ningún recurso”, además de un cúmulo de pendientes, entre ellos la falta de apoyo a familiares por docentes fallecidos durante la pandemia y el pago de otras prestaciones.

Señala en la lista de riesgos la permanencia del clausulado del Contrato Colectivo de Trabajo ante la compactación de grupos y la visión de eficientar recursos al máximo por la Rectoría. “Sigue acabándose la materia de trabajo para los profesores, sin la seguridad de que se les vaya a dar en otros lugares esas materias o una carga similar, sobre todo si son (profesores) por horas, los que tienen más desventaja por sus condiciones no muy favorables.”

Igual destaca que persiste el riesgo de que quien “tenga un desacuerdo, se le sancione y que no tenga quien lo defienda”, en alusión a la política de hostigamiento laboral que implementó el anterior rector, Raúl Cárdenas Navarro, clima que desde su punto de vista persiste con Ávila González con la complacencia del CEG “impuesto y caduco”.

Sáenz, cabe señalar, al igual que más de 30 catedráticos, fueron rescindidos en su contrato en la Rectoría anterior, situación que fue considerada por la mayoría de afectados como una revancha política de Cárdenas al cuestionar su política laboral y de contubernio con Ávila Rojas, al aprobar el CEG la reforma al Régimen de Pensiones y Jubilaciones en la UMSNH.

Amenazas desde el gobierno estatal

Suma además como amenaza a la estabilidad laboral, la posibilidad de una reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana que la convierta en una universidad nacional, planteada por el morenista Alfredo Ramírez Bedolla desde que era diputado y en la que insiste como gobernador, como presunta vía para garantizar un resguardo financiero institucional.

“El riesgo es que se genere esa Ley Orgánica sin la participación de la comunidad universitaria”, punto en el que refiere lo acontecido ya en otras universidades, “por ejemplo en la de Sinaloa, y hay otro caso donde se dio un poquito más de consenso, en la de Sonora, donde se trabajó la Ley Orgánica a través de un Parlamento Abierto. Estamos viendo que depende mucho de las autoridades locales también, como lleven su relación con la comunidad universitaria, no con las cúpulas, porque a las cúpulas les conviene poner a quien no vaya a decir nada y que en este caso puso a una administradora, que ni académica es”, indica en referencia a Yarabí Ávila González, impuesta en el cargo por Ramírez Bedolla a través de la Comisión de Rectoría en enero de este año.