Morelia, Mich.- Para demandar un alto a la censura y al acosos de parte de funcionarios del Instituto Electoral de Michoacán, el periodista Javier Favela se presentó ante el pleno del Consejo General del organismo y señalar que “tengo que estar a merced de los notificadores del IEM y al contentillo de un oscuro personaje que jamás he tenido enfrente de mi.”
Al reportero se le inició un Procedimiento Especial Sancionador, por presunta Violencia Política de Género hacia una diputada, luego que en una información del mes de octubre sobre una cobertura a una rueda de prensa del PRD, consignó las declaraciones del dirigente Octavio Ocampo en contra de la diputada panista Liz Hernández, por su participación en la votación junto con la bandada de Acción Nacional a favor de designar al “auditor compadre” del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, Marco Bravo.
“Diputados del PAN, vendidos a Morena”, fue como se cabeceó la nota publicada en La Voz de Michoacán el pasado 24 de octubre, con la declaración textual del dirigente partidista un día antes ante los medios de comunicación.
“César Edemir Alcántar González, el jefe de litigios del IEM, dirige los trámites de la queja por presunta VPG de la diputada Liz Hernández, en cuyo equipo legislativo de asesores se encuentra la esposa de dicho funcionario electoral. La cónyuge de Alcántar es consejera estatal del PAN, trabajadora del Congreso e integrante del grupo político de José Hinojosa, de acuerdo con perfiles personales en Facebook.
“Lejos de inhibirse o excusarse en este conflicto de interés personal, familiar y partidista, Alcántar se ha convertido en juez y parte, integrando el expediente contra La Voz y Javier Favela para silenciar, amordazar y censurar la labor periodística”, se publicó en un texto difundido en redes sociales para exponer el caso.
El 4 de diciembre, el reportero apeló las medidas cautelares que le impuso la Secretaría Ejecutiva del IEM dentro del Procedimiento Especial Sancionador con fecha del 30 de noviembre, por actos de censura previa, conflicto de interés del funcionario instructor e irregularidades en la integración del expediente.
De acuerdo con el PES impuesto al periodista, se debe abstener de aludir a la legisladora. “Al dictar medidas cautelares, el IEM, a instancias de Alcántar, prohibió a La Voz reimprimir la nota “Diputados del PAN vendidos a Morena” publicada el 24 de octubre, y ordenó borrar todo rastro de ella en redes sociales.”
En su intervención este jueves ante el organismo electoral, Favela señaló que “¿por qué hasta este minuto sigo sujeto a una medida cautelar, si yo no soy parte demandada y ya entregué todos los audios de la conferencia de prensa en la sede del PRD celebrada el pasado 23 de octubre?”
En una exposición ante los consejeros, el periodista señala que “el perredista Octavio Ocampo acusó a la bancada panista de traicionar al frente opositor que todavía no acaba de nacer en Michoacán. Y aquí es donde entro yo.
“Yo publiqué la nota con los dichos de Octavio Ocampo.
“La diputada panista Liz Hernández fue a presentar queja por presunta VPG contra el perredista. Contra él, no contra mí. Aunque sí tomó como referencia el texto de mi autoría.
“Se abren las diligencias preliminares de investigación en el IEM.
“Y de repente, la sola negativa del demandado sobre el contenido de la nota se convierte para el demandado en una virtual y anticipada exoneración por la acusación de V.P.G.
“Y la responsabilidad es trasladada a una nota denunciada que firma un profesional de la información, su servidor, o sea yo.”
“El IEM me impone una medida cautelar o tutela preventiva. Se me ordena no volver a escribir ninguna línea incómoda respecto de la diputada panista en las páginas de La Voz, con quien por cierto no tengo diferencias personales.
“Por primera vez en mi vida no puedo escribir ni publicar ninguna nota relacionada con un personaje público que aduce V.P.G., sin conceder.
“No es a Javier Favela al que afectan. Lo peligrosísimo de la censura previa en una sociedad democrática es el terrible efecto inhibidor para el gremio periodístico, coadyuvante en la formación de opinión pública, sustento de nuestra democracia representativa. (…) Todos los personajes públicos estamos sujetos al escrutinio público, a explicar nuestros votos, las decisiones que tomamos, los actos ilegales que firman. Transparencia y rendición de cuentas.”
