Morelia, Mich.- Como carente de sustento, consideró la Dirección Coordinadora de la Secundaria Popular “Felipe Carrillo Puerto” el argumento de la Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás sobre la falta de espacios para alumnos de bachillerato y por ello pretender recuperar el inmueble que ocupa el proyecto de educación popular en un ala del Colegio de San Nicolás.
A través de un comunicado, directivos y docentes de la Secundaria Popular -que funciona desde hace 47 años-, destacan que la caída en la matrícula en el nivel bachillerato que imparte la UMSNH es una realidad y no fundamenta con argumentos reales el intento de desalojo con el uso de la fuerza con que se ha amenazado al plantel que imparte educación a 170 alumnos.
Tras referir que desde el martes la Rectoría que encabeza Yarabí Ávila González difundió un comunicado donde señala que el “intento de despojo del edificio en posesión de la Secundaria Popular ´Carrillo Puerto´ se debió a la falta de espacios para alumnos”, el posicionamiento agrega que “es de conocimiento público que, desde el ciclo del 2018, el bachillerato universitario se encuentra en una crisis de demanda, crisis que han sido abordadas incluso en el pleno del Consejo Universitario.”
En el caso del ciclo 2022-2023, “el 27 de abril del presente la directora de Control Escolar de la UMSNH, Josefina Valenzuela Gandarilla, informó que aun existían 5 mil 400 espacios disponibles para el nivel medio superior, esto después de abrir la primera convocatoria de ingreso al presente ciclo escolar”, indica el comunicado.
“La crisis en el bachillerato universitario se enmarca en un problema de abandono escolar en todo Michoacán derivado de la pandemia. Según el director de Educación Media Superior del IEMSyS, Ricardo Álvarez Mosqueda, entre los años de 2021 y 2022, 35 mil jóvenes dejaron de estudiar en la entidad, lo que representa el 20 por ciento de matrícula en educación media superior en Michoacán.
“Con la consideración de la crisis del bachillerato universitario, es evidente que no es la falta de espacios ni aulas lo que motiva a la rectora, Yarabí Avila, por despojar a la Secundaria Popular. La visión empresarial y neoliberal de la rectora, la hacen ajena a la educación humanista y de carácter social propia del nicolaicismo, visión que la Secundaria Popular enarbola y defiende desde su fundación en 1976”, plantea la Dirección Coordinadora.
La Secundaria Popular se sustenta académicamente con profesionistas egresados de la misma UMSNH, además de otras instituciones como la Escuela Nacional de Estudios Superiores del Campus Morelia de la UNAM, quienes prestan sus servicios gratuitamente, al igual que el plantel cuenta con el reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública por lo que sus egresados cuentan con la acreditación oficial.
Desde el 2021, en el periodo del rector Raúl Cárdenas Navarro, el plantel recibió la primera embestida con la amenaza del desalojo, a la que la comunidad respondió con la defensa jurídica en un proceso plagado de irregularidades, mismo que prosigue y del cual sigue pendiente la resolución sobre dos amparos interpuestos por un equipo de abogados egresados de la Secundaria Popular así como por padres de familia de los alumnos.
Sobre el segundo intento de desalojo ahora con Yarabí Ávila al frente de la Rectoría, la Dirección Coordinadora señala que “la vocación tecnocrática y las concepciones empresariales de la educación de la rectora, la hacen ajena a los principios de solidaridad, educación humanista y popular. Le es imposible comprender o empatizar con un proyecto social de educación, donde lo que se busca no es el ´éxito a toda costa´, la ´calidad´ o la ´excelencia´, todos ellos valores educativos neoliberales, sino la formación de hombres y mujeres críticos, con la capacidad de servir al pueblo, que ponen la ciencia y el conocimiento al alcance de la comunidad.”
Este viernes, a las 10:00 horas, se ha convocado a una concentración en las instalaciones de la escuela, calle Melchor Ocampo 351, para defender su vigencia “de carácter social, autogestiva, que no cobra cooperaciones o cuotas de inscripción ni exige útiles onerosos o uniformes, ni aplica exámenes de admisión, ya que todas estas políticas, en esencia, representan mecanismos de exclusión educativa.”
