Austin, Texas.- Grupos defensores de derechos civiles interpusieron una demanda que impugna la constitucionalidad de una nueva ley de Texas que permitiría a la policía detener a migrantes que crucen la frontera ilegalmente y a los jueces locales ordenar su deportación.
De acuerdo con Associated Press, la demanda, presentada ante un tribunal federal en Austin, argumenta que la medida programada a entrar en vigor en marzo es inconstitucional debido a que la inmigración es competencia exclusiva del gobierno federal.
La filial en Texas de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés) y el Texas Civil Rights Project interpusieron la demanda menos de 24 horas después de que el gobernador, el republicano Greg Abbott, promulgó la medida durante una ceremonia en la frontera de Estados Unidos con México en Brownsville.
Los grupos de derechos civiles entablaron la demanda a nombre del condado de El Paso y de dos grupos de ayuda a migrantes con el objetivo de declarar ilegal la medida, conocida como SB 4, e impedir su implementación.
La demanda fue presentada contra el titular del Departamento de Seguridad Pública de Texas, cuyos agentes estarían autorizados para detener a migrantes, y contra el fiscal de distrito del condado de El Paso, cuya oficina podría procesar casos en esa comunidad fronteriza.
Abbott y otros republicanos de Texas que respaldan la medida señalaron que el presidente Joe Biden no está haciendo lo suficiente para controlar la situación a lo largo de los 3 mil 149 kilómetros que abarca la frontera sur.
De acuerdo con la demanda, el director del DPS Steve McGraw dijo a legisladores que su agencia estima que se llevarán a cabo 72 mil arrestos anuales relacionados con la nueva ley.
La medida permite que cualquier agente policial de Texas detenga a personas sospechosas de haber ingresado al país de manera ilegal. Una vez bajo custodia, podrían aceptar la orden de un juez estatal para abandonar el país o ser procesados bajo cargos de delitos menores de entrada ilegal. Los migrantes que no dejen el país podrían ser arrestados por cargos de delitos más graves.
