Juez ordena suspensión definitiva a aplicación de PMDU Morelia 22-41

Se autorizó la suspensión definitiva de la aplicación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) 2022-2041, hasta que no resuelva el fondo del amparo ante presuntas violaciones a los derechos socioambientales de los ciudadanos

Moctezuma Madrigal, uno de los integrantes de la organización ambientalista. Fotografía; Omar Ángel Chávez

Morelia, Mich.- El juez federal del distrito correspondiente a Morelia autorizó la suspensión definitiva de la aplicación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) 2022-2041, hasta que no resuelva el fondo del amparo ante presuntas violaciones a los derechos socioambientales de los ciudadanos.

Tal fue el anuncio que esta mañana dieron a conocer voceros del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma (MCDL), quienes promovieron el proceso jurídico con el que esperan detener la “devastación” de las zonas naturales del municipio, particularmente las del sur y poniente, donde se ubican las cuencas del Río Chiquito y Río Grande, así como el manantial de La Mintzita.

Moctezuma Madrigal, uno de los integrantes de la organización ambientalista, explicó que con esta medida otorgada el 7 de diciembre se extiende la inaplicación del PMDU 22-41 hasta el 26 de enero, será entonces cuando, en audiencia constitucional, se determinará qué zonas comprehendidas por el instrumento serán exentas de las restricciones.

Los promoventes se dijeron confiados en la resolución de fondo, ya que –argumentaron– para que el municipio pueda echar para atrás esta medida, tendría que demostrar que las zonas naturales protegidas por diferentes decretos y leyes no tienen una importancia ecológica para Morelia y la cuenca del lago de Cuitzeo.

“Recordemos que gracias al agua que se infiltra en esa zona se abastecen los pozos profundos que dotan del 40 por ciento del agua que consumimos, que es hábitat de cientos de especies de flora y fauna, entre ellas, la salamandra michoacana de arroyo (Ambystoma ordinarium), especie en peligro de extinción”.

Sólo demostrando su irrelevancia ecológica, remataron, se podría justificar la urbanización de estas zonas sin vulnerar los derechos adquiridos por la ciudadanía, como el de acceso al agua y a un ambiente sano, materia de este amparo, lo cual –puntualizaron- “es imposible”.

Cabe señalar que la audiencia constitucional estaba prevista para realizarse el 13 de este mes, se habría reprogramado ante la dilación de las autoridades municipales para presentar el informe con el que justificarían la elaboración de este instrumento que, se ha declarado, aportaría a la transparencia del desarrollo del municipio sin poner en riesgo las áreas naturales protegidas.

Es de recordar que el amparo fue un proceso jurídico que el MCDL decidió emprender luego de que considerara no atendidas las más de 60 fojas que entregó al Instituto Municipal de Planeación de Morelia (Implan) durante el proceso de consulta ciudadana.

El recurso interpuesto sucede también al hecho de que autoridades municipales agendaran con ellos una audiencia un día después de que el PMDU fuera aprobado, por lo cual sobreseyó la materia a abordar, cancelándose así la posibilidad de presentar sus observaciones

Tanto el alcalde Alfonso Jesús Martínez Alcázar como Johanna Margarita Moreno Manzo, directora del Implan, han alegado que el PMDU 22-41 sigue operando con normalidad desde el 1 de agosto, y que sólo habrían sido suspendida su aplicación en algunas áreas naturales al sur de la ciudad.

Incluso son ya 27 los fraccionamientos que han recibido una autorización definitiva por parte del municipio en el marco del nuevo Programa, según dio a conocer en días recientes Pedro Núñez González, secretario de Desarrollo Urbano y Movilidad.

Si esto se llegara a verificar, comentaron los promoventes del amparo, constituiría un desacato ante la suspensión temporal vigente hasta antes de la definitiva otorgada en diciembre, medidas ambas impuestas para prevenir la vulneración de los derechos socioambientales de los ciudadanos.

Las observaciones que de inicio presentaron los inconformes eran relativas a la presunción de que el PMDU representa riesgos hídricos y ecológicos trascendentes para la región, pues temen que permitiría la urbanización de polígonos identificados como áreas naturales protegidas, terrenos baldíos y zonas actualmente declaradas en riesgo, así como otras que enfrentan denuncias por daños ambientales.