Morelia, Mich.- Para Raúl Martínez Rojas, activista y líder del colectivo “Michoacán es Diversidad”, el homicidio de Miriam Ríos, delegada de Movimiento Ciudadano en Jacona, se ha querido reducir a un evento “político” minimizando el fondo, que es el hecho de que era una mujer trans, sumado a que vivía en una región donde el conservadurismo y contexto social influyen en el rechazo y estigma.
Explicó que a nivel nacional hay un protocolo homologado para atender los casos en razón de la orientación sexual e identidad de género, y aunque en teoría todas las fiscalías aceptaron y aprobaron este protocolo, su aplicación se complica ya que los ministerios públicos y policía investigadora sigue teniendo sesgos al momento del levantamiento de cuerpos y al integrar las carpetas de investigación.
Indicó que en el caso de Miriam tiene un sesgo “político” y lo señalan porque son tiempos electorales, en lugar de atender a otras probables líneas de investigación que tienen que ver con el perfil de Miriam, problemas familiares y sociales de la propia comunidad -“Jacona es un bastión cristero”, dice-, que son contextos sociales a considerar.
“A la Fiscalía lo que le urge es resolver en lo pronto en lo inmediato, nosotros insistimos en que se tengan que abrir todas las líneas de investigación; cuando hablamos de justicia expedita, hablamos de investigación, no nos urge que se resuelva al día siguiente, eso no habla de una investigación certera o consistente”, mencionó.
Manifestó que urge que se legisle en el Congreso del Estado, pero señaló que esta Legislatura ha sido “omisa, ha sido una farsa, un circo” en relación a temas de la agenda de diversidad sexual, además de que hay iniciativas pendientes, pero “nadie le quiere entrar, más bien persiste una pugna interna de cuantos recursos se lleva cada uno.”
Agregó que esperan que de aquí a mayo se logren aprobar dos temas, uno que tiene que ver con la tipificación de crímenes de odio en razón de la orientación sexual e identidad de género, expresión de género, y la segunda que tiene que ver contra las mal llamadas terapias de conversión.
De mayo a enero, dijo hay cuatro crímenes de odio, pero en estos casos se ha buscado darle la vuelta con señalamientos de que vendía droga o se habían recibido amenazas, “aplacando las carpetas para decir que no es por que matan a homosexuales”, dijo al recordar que en el 2022 hubo un caso, en el 2023 dos y en este 2024 se está abriendo con dos, sin que exista alguna clasificación por parte de la Fiscalía General del Estado.
A decir del activista, sí existen cifras negras, la FGE y la Policía sigue extorsionando, con detenciones arbitrarias, operativos inexistentes y la ciudadanía no hace públicos muchos crímenes en tanto que “muchas personas mueren en el anonimato, no hay una confianza a las autoridades para denunciar los asesinatos.”
