El error más costoso del ego político es sepultar la memoria, archivar los diagnósticos anteriores y edificar desde cero la política pública cada sexenio o cada trienio. Con esta absurda práctica se pierden no sólo cuantiosos recursos que le cuestan a la sociedad sino tiempo vital para atender problemas críticos.
En ningún caso se justifica esta práctica atrasada que se ha convertido en una tradición no regulada en el ejercicio de los gobiernos. Si por lo menos se apegaran al sentido común que indica que debe mejorarse lo que ha dado buenos resultados, en la mayoría de las materias tendríamos avances notables.
El tiempo perdido en la atención a la agenda ambiental, sin embargo, adquiere una relevancia de implicaciones catastróficas cuyos efectos no pueden ser mitigados o revertidos más que a costos sociales y económicos superlativos. La ruptura de la progresividad en la política pública por las egolatrías gubernamentales sin antes una revisión crítica, casi siempre justificada con la máscara de la ideología o el interés económico, ha tenido como consecuencia la anulación de la sustentabilidad ambiental.
Este es entre otros el caso de la crisis hídrica que está enfrentando el estado. En el 2009, hace 14 años, en un estudio promovido por la Semarnat, Conagua y Ceac, llamado Programa Hídrico Visión 2030 del Estado de Michoacán de Ocampo, se exponía un diagnóstico bastante completo de la problemática y se ofrecían objetivos y estrategias para llegar al 2030 en ¡mejores condiciones! que las existentes al inicio del siglo.
La realidad en este 2024 es que, no obstante, las políticas entonces sugeridas, la continuidad fue rota y fueron desoídas las recomendaciones, y si en el 2009 se veía con optimismo el panorama hídrico del 2030 los hechos prefiguran un escenario en extremo complicado y fuera de control.
En 2009 aún no aparecía como tendencia arrolladora la proliferación de decenas de miles de hoyas captadoras, privatizadoras de las aguas nacionales, ni la expansión aguacatera ilegal alcanzaba los niveles descomunales que hoy conocemos y que han destruido cuantiosos bosques vitales para la recarga de acuíferos, en cambio se sugería en el documento, como objetivos: promover el manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y acuíferos; evaluar los efectos del cambio climático en el ciclo hidrológico o crear una cultura que contribuya al cumplimiento a la Ley de Aguas Nacionales en materia administrativa.
El espíritu del documento era optimista en la descripción de las estrategias con las que se alcanzaría el manejo sustentable del agua para el 2030: promover la reconversión de cultivos en función de la disponibilidad de agua y propiciar su valoración económica en el riego; propiciar el equilibrio de las cuencas y acuíferos sobreexplotados; reglamentar el uso del agua en las principales cuencas y acuíferos del estado; promover el cumplimiento del marco jurídico existente e impulsar el desarrollo de instrumentos que fortalezcan el buen uso y manejo sustentable del agua; posicionar el tema del agua como un recurso estratégico y de seguridad estatal y nacional.
Lamentablemente nada de lo anterior llegó a ocurrir. En lugar del orden sugerido se abrieron de par en par las puertas al caos y a la ley de la selva en donde los poderes económicos establecieron su imperio y derribaron los escasos niveles de sustentabilidad que se tenían a principios del presente siglo.
En el horizonte del documento Programa Hídrico Visión 2030 del Estado de Michoacán de Ocampo ni por ocurrencia cabía el escenario de una declaratoria de emergencia hídrica por sequía extrema como la que declaró el gobierno estatal en octubre del 2023. Y no es que la sequía sea determinante por sí sola, el problema es que sequías extremas ha habido cíclicamente, la cuestión sustancial es que hemos roto los equilibrios, hemos destruido la sustentabilidad que teníamos por eso la sequía climática amplifica sus efectos. Y en todo ello tienen responsabilidad los gobiernos por no atenerse a las valoraciones científicas que en documentos como el aludido aparecen claras, claudicado entonces a su responsabilidad ética y constitucional para hacer valer el marco jurídico.
Si los gobiernos desde el 2009 hubieran atendido en materia de agua al documento citado se habría frenado a tiempo la expansión alocada de los cultivos aguacateros, se contaría con una legislación que regulara las decenas de miles de hoyas captadoras de agua y estarían protegidos todos los bosques y zonas de recarga hídrica. No ocurrió así y lo que pasó en 14 años nos está saliendo más caro que los beneficios obtenidos; mitigar y revertir, si es que desde ahora se tiene voluntad para actuar, llevará otros 30 años, si es que antes no se atraviesa el ego de gobernantes que ejerciendo el poder creen ser dueños de la verdad y desoyen a la ciencia y al sentido común imponiendo limitadas visiones trienales o sexenales.
El documento sigue ahí, ojalá lo leyeran quienes tienen en sus manos la aplicación de la política ambiental, hay en él una perspectiva adecuada sobre los usos sustentables del agua, un concepto que sonará y dolerá mucho para todos en este año de sequía que apenas inicia.
