No es una sorpresa que Latinoamérica sea una de las regiones con mayor violencia en el mundo. Quizá únicamente los países con guerras civiles, internacionales o grupos insurgentes de alto poder, como Ucrania, Siria, Yemen o Somalia, sean los únicos que ganan a nuestro subcontinente en este aspecto. Si bien, no es conveniente generalizar a toda la región con los mismos niveles de violencia, al menos la mitad de las naciones latinoamericanas mantienen niveles elevados de violencia en todo su territorio o en buena parte de él.
Históricamente el país de la región al que más se asoció la violencia contemporánea fue Colombia, quien por falta de un estado capaz de adquirir un control territorial efectivo en toda la nación y por el enorme grado de corrupción de su oligarquía nacional, quién no permitía cambios fuera de los acuerdos de sus élites, terminó por estar asediado durante décadas no solo por grupos guerrilleros que anhelaban destruir el Estado y sustituirlo por uno nuevo, sino también por grupos paramilitares que operaban en grandes zonas rurales e imponían su propia ley, y desde luego grupos de narcotraficantes quienes también aprovecharon este conflicto político para enriquecerse.
Sin embargo, y lamentablemente, Colombia ya no es el único país a quién puede achacársele este tipo de violencia tan brutal y explicita que tiene notas diarias en todos los periódicos importantes. Brasil, Perú, Argentina, Chile y Paraguay actualmente afrontan problemas notorios respecto a la violencia e inseguridad, particularmente por el fenómeno del narcotráfico, que no parece detenerse en sus actividades delincuenciales.
Por su parte países como Honduras, Guatemala, México y Venezuela son naciones que están en un nivel muy elevado de violencia, a causa de los grupos delincuenciales que tienen un gran control de diversos territorios a lo largo de cada uno de estos países. Debe indicarse, que también el nivel de corrupción de estos cuatro países es más elevado que el de los países sudamericanos ya señalados – solo con la excepción de Paraguay – sin embargo, debe indicarse que estos cuatro países no han tenido realmente una falta de control territorial debido a la incapacidad del estado.
Si bien Guatemala y Honduras tuvieron hasta finales del siglo XX amenazas guerrilleras constantes, desde el fin de la guerra fría estos países volvieron a estar bajo control del gobierno nacional, no se diga Venezuela y México, quienes llevan décadas sin afrontar amenazas directas a la gobernanza territorial. Lo anterior expone que las redes criminales han afianzado su poder no a expensas de un estado ausente o incapaz de afrontar la amenaza criminal, sino gracias justamente al control del propio estado.
La falta de vigilancia en las autoridades, y aun más de rendición de cuentas de estas, propician que los altos mandos del gobierno, sobre todo las propias fuerzas de seguridad y algunos miembros de los órganos de procuración de justicia, permitan e incentiven a grupos criminales a hacer de las suyas con plena protección de las autoridades a cambio de parte de sus ganancias. No quiere decir que esta corrupción no pueda gestarse en el primer mundo, sino que el incentivo para ello es mucho menor.
Seguramente en naciones como Inglaterra o Estados Unidos, la ganancia que aporta el contrabando y tráfico de drogas es hasta mayor en estos países que en la propia Latinoamérica, pero justo instituciones con mayor y mejor vigilancia hacia los funcionarios públicos evitan que este tipo de conductas que protejan a criminales puedan tener eco.
Es realmente el miedo a una vigilancia y rendición de cuentas efectiva lo que evita buena parte de la corrupción a la que son tentadas las autoridades. Mientras estos componentes sigan sin ser ejercidos en los Estados latinoamericanos, especialmente en los que más índices de violencia tienen, difícilmente se verán cambios en la situación de seguridad. O peor aún, el Estado puede terminarse debilitando a tal punto donde incluso los criminales ya intervienen en acciones publicas ante los ojos de autoridades, con la creencia de que no habrá forma de detenerles, como actualmente ocurre en Ecuador, o donde el propio Estado pierde su fuerza de coacción frente a estos grupos como ocurre en Haití.
Si bien hay dos casos en Latinoamérica donde la violencia e inseguridad están bastante reducidas y controladas, son naciones que en la actualidad tienen gobiernos de corte autoritario, como lo son Cuba y El Salvador, donde ahí el Estado ya tiene un esquema de vigilancia que permite una actuación policiaca con poca restricción y que únicamente rinde cuentas ante el poder central. Pero, se reitera, estos casos aun con su éxito en seguridad no pueden decirse lo mismo en cuestiones democráticas.
Por todo ello, es que deben profesionalizarse, institucionalizarse, y sobre todo vigilarse con mucho detalle a las fuerzas de seguridad y procuración de justicia; tenerlas bien equipadas, entrenadas y pagadas es importante, pero el mejor incentivo es saber que estarán siempre bajo observación de que hagan su trabajo como se debe, ni más ni menos. Solo así podrá encontrarse una salida a la terrible ola de violencia que aqueja a la región sin tener que sacrificar libertades y derechos de por medio.
