Morelia, Mich.- “Hay claroscuros” en el modelo de seguridad salvadoreño, dijo el comisionado municipal de Seguridad Ciudadana, Alejandro González Cussi, sobre una estrategia altamente cuestionada a nivel global por sus implicaciones totalitarias, antidemocráticas y violatorias de los derechos humanos, la cual, no obstante, el funcionario moreliano quiere replicar en una “versión 2.0”.
El jefe de la Policía Morelia, quien ha tenido diálogo desde hace más de un año con el ministro de Defensa de la República de El Salvador, René Francis Merino Monroy, defendió la eficacia del “modelo Bukele”, con el que descendieron drásticamente los índices de homicidios en el país centroamericano.
Presumió que en la “inmersión” que hizo en aquellas latitudes en 2023 pudo observar cómo se ha logrado “desactivar” a las pandillas que tenían el control del territorio, a través de “convocar y tener en una comunión” a las diferentes instituciones de justicia: Fiscalía, Ejército, Policía y Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
“Yo lo que digo es dejar de lado la parte de derechos humanos y de democracia, pero lo que ha hecho El Salvador (…) en un ejercicio de estado, de fuerza, ha logrado poner orden en la parte macro, que ese es el gran pendiente que tiene México”, un objetivo que él perseguiría, “evidentemente”, dentro de los marcos legales, democráticos y derechos humanos.
El modelo del presidente Nayib Armando Bukele Ortez, quien asumió el cargo en 2019 y pidió licencia hace unos meses para, en un hueco legal constitucional, poder reelegisre en los comicios generales del próximo 4 de febrero, “va a ser una lección para toda Latinoamérica, en la medida que termine de oficializarse y de consolidarse, y tendría que ser un ejemplo, para bien o para mal”, proclamó el comisionado moreliano.
Entre las cosas que habría que “valorar”, respondió a pregunta expresa sobre las tendencias totalitarias y autoritarias de Bukele, están los 75 mil detenidos en las cárceles de aquel país, aspecto que cuestionó por su “insostenibilidad en el tiempo”, a lo cual agregó que “no puedes criminalizar absolutamente todo.
En respuesta, el gobierno de Morelia ofrecería a El Salvador, presumió Alejandro G. Cussi, un modelo de “proximidad ciudadana” que le permitiría al país centroamericano “cerrar la cuña” en la falta de gobernabilidad que, “en lo micro”, deja el desmantelamiento del “segundo Estado” que representan los grupos criminales, razón por la cual la Comisión a su cargo recibirá el próximo 18 de febrero una visita de autoridades salvadoreñas.
Los ‘claroscuros’: violación de derechos y tendencia antidemocrática’
El gobierno de Nayib Bukele ha sido cuestionado por la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que ya en abril del año pasado emitía un comunicado manifestando su “preocupación” por el estado de excepción de Bukele, que entró en vigor en marzo de 2022.
Desde entonces, decía la ONU, entre los miles de presos detenidos con base en criterios discriminatorios de aspecto físico y perfil socioeconómico, se contaban 7 mil 900 denuncias por violaciones a sus derechos humanos en los centros de detención, según la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador.
Cabe recordar que, en un afán de institucionalización y consolidación de sus políticas públicas en materia de seguridad, en febrero del año pasado Bukele presumió la inauguración de una “megacárcel” de 23 hectáreas, con una capacidad para 40 mil reclusos en un país de 6 millones 803 mil habitantes.
Según el informe “Detrás del velo de popularidad: Regresión y represión en materia de Derechos Humanos en El Salvador”, Amnistía Internacional muestra los “falsos dilemas” del discurso del gobierno salvadoreño, con base en los cuales justificríaa la reducción de algunos derechos para privilegiar otros.
Analiza también los diferentes patrones de violaciones a derechos humanos en el estado de excepción durante los “ciclos de detención, procesamiento y encarcelamiento”: detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes de las personas bajo la custodia del Estado, de lo cual se han derivado más de 90 fallecidos en centros penales.
Donde Alejandro G. Cussi ve coordinación interinstitucional, Amnistía Internacional alerta sobre una tendencia a la “concentración del poder” por parte del Ejecutivo, así como “el debilitamiento de la independencia del Judicial”.
Cabe destacar que apenas este 10 de enero de 2024 se extendió por vigésima segunda ocasión el estado de excepción en El Salvador, prolongado con ello la suspensión de derechos civiles de los salvadoreños.
