En próximos meses tendrán lugar las elecciones nacionales para renovar la presidencia de México y de El Salvador. En ambos países el oficialismo parece estar muy consolidado en la preferencia electoral aun cuando el estilo de gobierno es relativamente distinto entre estas dos naciones latinoamericanas, así como también lo es la circunstancia electoral. Sin embargo, ambas naciones tienen más en común de lo que aparentan.
Si bien en el caso salvadoreño el presidente Nayib Bukele pretende una polémica reelección, que algunos analistas consideran como inconstitucional, y el caso mexicano procura la continuación de la autodenominada “cuarta transformación” o 4T, iniciada por Andrés Manuel López Obrador y ahora que pretende continuar Claudia Sheinbaum.
A su vez el estilo de gobernanza es bastante diferente, Obrador y la 4T han apostado más por programas sociales y obras de infraestructura para ganarse el apoyo de la población, en tanto Bukele ha recurrido a una estrategia de seguridad de “puño de hierro” que, aunque ha sido criticada por diversas asociaciones civiles y organismos internacionales, es innegable que ha producido un clima de mayor seguridad física para el salvadoreño promedio.
Es también muy probable que ambos personajes logren sus objetivos dadas las preferencias electorales actuales. No obstante, no deja de preocupar que frente a estas ambiciones se descuide el aspecto de la legalidad institucional y en general el Estado de Derecho.
Bukele ha eliminado en casi todos sus aspectos la separación de poderes, y ahora tanto el legislativo como judicial solo le rinden cuentas a él, de los pocos elementos institucionales que aún le quedan a El Salvador es su órgano electoral, mismo que Bukele no ha intervenido, muy probablemente porque sus altos números de aprobación le hacen conveniente mantener la independencia de esta institución. Sin embargo, su estrategia de seguridad y en general estilo de gobierno es completamente ajeno a los principios constitucionales salvadoreños, sin embargo, la eficiencia de su gobierno frente a la delincuencia le ha permitido obtener enorme legitimidad que garantiza el apoyo popular y por lo tanto la continuidad de sus políticas.
En el caso mexicano, AMLO está apuntando en contra de los órganos autónomos constitucionales, asegurando que estos no garantizan la competencia ni sirven para el beneficio del pueblo, sino que solo son bastiones políticos de los partidos tradicionales. En términos político-históricos tal vez tiene razón el presidente mexicano, es cierto que en muchos de estos órganos autónomos hubo pacto político para asegurar determinadas cuotas y preservar determinados intereses de grupos de poder.
Pero la idea misma de eliminarlos y recentralizar sus funciones, no serviría para nada para combatir la corrupción ni mejorar la eficiencia en las áreas que regulan. La existencia de estos órganos, al menos en teoría era la de manejar de forma mucho más técnica determinados aspectos de la administración pública, así como servir como un freno y contrapeso al propio poder ejecutivo nacional, sobre todo al fomentar determinados grados de vigilancia.
También es cierto, que aun no se ha llegado a generar dicha rendición de cuentas o de contrapesos efectivos, pero es más que todo por la composición orgánica de estas instancias, así cómo por la forma en la que son electos sus titulares. Justamente las naciones con mayor transparencia en el mundo son aquellas que tienen bien vigilado y fiscalizado al poder ejecutivo, pero es gracias a que justo existen órganos que están fuera de su control directo.
Estos dos casos actuales señalan el complejo problema que ha tenido la región latinoamericana con el llamado Estado de Derecho. Y debe señalarse que no es algo oriundo de estos actuales gobiernos, los políticos que antecedieron tanto a la 4T en México como al bukelismo en El Salvador, muchos de ellos ahora opositores, tampoco tenían buenas intenciones en lo que respecta al cumplimiento de la ley y la búsqueda de instituciones públicas eficientes con vigilancia y fiscalización efectiva, la única razón por la cual no se notaba era por la distribución de las fuerzas políticas al interior del poder legislativo, que deba cierta apariencia de equilibrio institucional.
Pero esto no debe engañar a nadie. Con la excepción de Uruguay, y en menor medida de Chile y Costa Rica, las autoridades políticas latinoamericanas, desde la transición a la democracia en las últimas décadas del siglo pasado, han tratado de evitar gobernar con base en la ley institucional. El poder político, independientemente del partido o movimiento que lo ejerciera, siempre se negó a ceder su control para una autentica fiscalización y vigilancia de los recursos públicos.
Las constituciones y leyes han sido más que todo guías políticas que genuinamente reglamentos con capacidad sancionatoria para la autoridad que los infrinja, y esto ha sido producto precisamente de esta centralización de poder político. Mientras no exista voluntad de las élites para ceder una parte de su poder a órganos institucionales que permitan fiscalizar y acatar con procesos sancionatorios la ley, pero al mismo tiempo dichos órganos, ellos mismos sujetos también a la rendición de cuentas, la corrupción y la falta de Estado de Derecho seguirán latentes.
Aunque claro está, como bien ocurre hoy en México y El Salvador, esta corrupción y falta de Estado de Derecho parece ser perdonada por la ciudadanía mientras haya algún tipo de resultado o recompensa social o económica por parte de los gobiernos de turno. Aun así, gobernar sin la ley en mano terminará por tener consecuencias más negativas que positivas en el largo plazo. Esperemos que todos los gobiernos latinoamericanos en algún momento lo entiendan.
