Morelia, Mich.- Podrán ser entregados en especie o a través de vales, tarjetas electrónicas o algún otro mecanismo de intercambio, los apoyos sociales en materia educativa y alimentaria que entregará a partir de este año electoral el gobierno de Morelia, a través de la Secretaría de Bien Común y Política Social.
Podrían solicitar estos apoyos hasta por 20 mil pesos, en el primer caso, niños y adolescentes que radiquen en el municipio y que estudien escuelas públicas de nivel básico y medio superior, así como las propias instituciones que requieran infraestructura.
En el segundo caso, ya no sólo madres jefas de familia, como lo establecía el programa anterior ya abrogado, sino también todos los adultos (hombres o mujeres) a cargo de un menor, o cualquier ciudadano, siempre y cuando vivan en situación de carencia alimentaria.
Así lo decidió el día de ayer el Cabildo del Ayuntamiento por unanimidad de los doce presentes, cuando se crearon los programas y se aprobaron sus reglas de operación, que entrarán en vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán (POE).
En ambos casos, los solicitantes deberán llenar en la dependencia referida un formato de registro con sus datos personales, y anexar a él una copia de su credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE), y una de su Clave Única de Registro de Población (CURP).
También tendrán que registrar un expediente digital, cuyos datos quedarán almacenados en una Base de Información Municipal (BIM), con lo cual se les entregaría una “credencial ciudadana”, con la que podrían ser beneficiados, según plazos, términos y cantidades hasta ahora desconocidos, y que serán estipulados en cada convocatoria.
Con base en un comprobante de domicilio se determinará si los solicitantes habitan en zonas de atención prioritaria (ZAP) establecidas por el Consejo Nacional de Población (Conapo); sin embargo, queda a discreción de un Comité de Seguimiento y Vigilancia, a quiénes se les hará un perfil socioeconómico para demostrar su elegibilidad.
No queda claro con base en qué se valorará la necesidad de esta investigación, cómo se determinará la prioridad en caso de tener que elegir entre dos personas en situación de vulnerabilidad, cuál será la cantidad mínima o máxima de beneficiarios, cuál el límite presupuestal o cómo se establecerán los montos a entregar.
Sólo se expone que tomar una decisión en estas materias será competencia del referido Comité, que estará conformado por las personas titulares de la Secretaría responsable, de la Dirección de Educación de esta dependencia, de la Tesorería Municipal y la presidenta honoraria del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
La Controlaría hará las veces de órgano de control de este Comité, aunque no se hace referencia a ningún reglamento o código con base en el cual desempeñará sus funciones; sólo se lee que la entrega de apoyos estaría sujeta a las normativas electorales (nacional y estatal), y que se regiría por los principios de “certeza, legalidad, imparcialidad, equidad, eficiencia, profesionalismo, selectividad, objetividad, transparencia, temporalidad y publicidad”.
No hay mención alguna a cómo estarán blindados los mecanismos de entrega frente a la compra o coacción del voto, ni en el caso de las despensas que se entregarían en especie ni en el caso de las tarjetas electrónicas, que han sido objeto de sospecha en procesos electorales mexicanos, al menos desde los comicios federales de 2012.
Es de mencionar que, aunque coincide con un año de elecciones, la aprobación de los dictámenes se justifica en una alegada necesidad de ajustar los programas municipales a la expedición del Bando Municipal (reforma de 2021 en el POE), de “perfeccionar” sus reglas de operación, y a un “crecimiento inflacionario” que conduciría a la deserción escolar, por un lado, y a la falta de acceso a la canasta básica, por el otro.
Cabe destacar, por último, que la Secretaría de Bien Común y Política Social tuvo un incremento presupuestal de 22.7 por ciento en 2024, respecto de 2023, lo que significa que este año recibirá un total de 178.63 millones de pesos.
