Morelia, Mich.- La negativa al desalojo se mantiene firme por parte de la comunidad de la Secundaria Popular “Felipe Carrillo Puerto”, dado que “no hemos sido oídos ni vencidos jurídicamente”. Además, a través de los voceros de la Dirección Coordinadora llamaron al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla a que cese la campaña en contra del proyecto educativo popular.
Ante la amenaza persistente por parte de la Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), para que la Secundaria Popular desaloje el anexo trasero del Colegio de San Nicolás o Preparatoria 1, los integrantes de la Dirección señalaron que las negociaciones con la Secretaría de Educación Pública y el gobierno estatal para buscar una seguridad legal para la continuidad del proyecto, no han avanzado en ese propósito.
Luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyera a la SEP para que interviniera en el caso y haberse realizado el 9 de enero una primera mesa con las autoridades estatales, la misma no prosperó al no darse por parte del gobierno que encabeza el morenista Alfredo Ramírez Bedolla ninguna apertura para otorgar una seguridad legal sobre el inmueble, mismo que ocupa la Secundaria Popular desde hace 47 años.
Otra reunión se dio el pasado 23 de enero, agregaron, e igual solo se reiteró el ofrecimiento de asesoría jurídica, aludiendo a que el gobierno estatal no puede intervenir en la Universidad Michoacana, misma que desde el año 2021 intentó un primer desalojo y no lo logró; en el 2023, la actual rectora Yarabí Ávila González reactivó el intento, mismo que de nueva cuenta fracasó al encontrar la jueza encargada del operativo con uso de la fuerza, “oposición manifiesta” de madres, padres de familia, docentes, directivos y egresados de la Secundaria Popular.
“Lo único que nos ofreció el gobierno estatal fue ofrecer asesoría jurídica, la cual, como se sabe, ya la estamos asumiendo nosotros mismos, con un equipo de abogados egresados de la Secundaria, falta que se resuelva el amparo interpuesto”, señaló el maestro Lenin Contreras.
Bajo ese contexto, los integrantes de la Dirección Coordinadora plantearon que Ramírez Bedolla debe en principio reconocer que la Secundaria Popular no es una escuela privada, como la misma Ávila González lo ha dicho, sino pública, por lo que le pidieron que deje de propiciar versiones falsas con tan “lamentables declaraciones”, además de señalar que si el funcionario ha accedido a tratar el tema ha sido por la instrucción de López Obrador, no por su propia voluntad.
Demandaron también al Poder Judicial que no ceda a presiones y resuelva el amparo interpuesto, toda vez que en un inicio el juicio de la UMSNH va en contra de un patronato inexistente.
Finalmente, solicitaron que ante todo se poder el derecho humano a la educación de los menores que asisten al plantel, al igual que se respeten los derechos humanos de las madres y padres de familia y de los docentes que participan con su colaboración en el plantel, donde, insistieron, no se cobran cuotas, no se imponen uniformes y los maestros participan de manera voluntaria.
Ante cuestionamientos de los medios, los directivos señalaron que no aceptarán el que se les ofrezca otro inmueble a cambio del que ocupan, dado que “no hemos sido oídos ni vencidos jurídicamente”.
