Morelia, Mich.- La Secundaria Popular Felipe Carrillo Puerto”, a través de su Dirección Coordinación, reiteró que siempre han estado por el diálogo con la Rectoría de la Universidad Michoacana para abordar el tema de la permanencia en el inmueble que ocupa, ello tras las declaraciones de la rectora Yarabí Ávila González respecto a que no la han buscado integrantes del proyecto educativo.
En entrevista a un medio local, Ávila González reconoció que ella no ha buscado el diálogo con los integrantes de la Dirección Coordinadora, pero, afirmó, tampoco ha sido buscada.
“Yo no he tenido la oportunidad de hablar con ellos y tampoco ellos me han buscado, pero eso no quiere decir que sean mis enemigos o yo sea enemiga de ellos, la verdad es que no, y total respeto a quienes llevan este proceso legal y yo más bien me arropo a lo que diga la ley”, señaló a la agencia Quadratin.
Cuestionados al respecto, integrantes de la Secundaria Popular reiteraron que desde el rectorado de Raúl Cárdenas Navarro, enviaron un oficio para ser atendidos e iniciar negociaciones sobre el inmueble que ocupa el plantel desde hace 47 años en la parte trasera del Colegio de San Nicolás o Preparatoria 1.
Ya en el rectorado de Ávila González, en noviembre pasado, buscaron ser atendidos y pese a que presuntamente habían agendado una reunión las autoridades universitarias, finalmente el secretario general Javier Cervantes Rodríguez canceló el encuentro y sólo les dijo que “luego los buscamos”, lo que no ha ocurrido hasta el momento.
Incluso, en la mesa de diálogo a la que accedió el gobierno estatal por la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) interviniera en el tema, no hubo ninguna representación de la Universidad Michoacana en la reunión del 9 y la del 23 de enero pasados.
Ante el señalamiento de Ávila González, integrantes de la Dirección Coordinadora plantearon que emplazarán a la rectora a un diálogo público y que con tal carácter se asuman compromisos respecto a la posesión del inmueble, sobre el cual desde el 2021 la Rectoría universitaria ha planteado el desalojo con el uso de la fuerza pública, acción que intentó concretar el pasado 4 de enero sin éxito alguno dada la “oposición manifiesta” de la comunidad escolar a desocupar las instalaciones.
