Ciudad de México.- El gobierno mexicano recibió una lista de 318 recomendaciones en materia de derechos humanos, elaboradas por 115 países en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU; la mayor parte de ellas versa sobre la situación de las personas desaparecidas o víctimas de desaparición forzada, la prevención de homicidios y feminicidios, la protección de las personas migrantes y la de periodistas y defensores de derechos humanos.
De acuerdo con información de Mathieu Tourliere, reportero de Proceso, el gobierno mexicano analizará cada una de las recomendaciones y enviará sus respuestas puntuales al organismo de la ONU con sede en Ginebra para la elaboración del informe final que se dará a conocer en el verano.
Entre las recomendaciones, producto de la sesión del EPU que se llevó a cabo el pasado 24 de enero en Suiza, destacan exhortos para realizar investigaciones “efectivas y prontas” en materia de violaciones a derechos humanos, en el marco de la violencia criminal y de la militarización de la seguridad pública.
De hecho, varios Estados, como Nueva Zelanda o Reino Unido, exhortaron a México a cesar paulatinamente el uso de las fuerzas armadas para labores de seguridad pública o de migración –en la Guardia Nacional, entre otros–, mientras que Malawi le pidió mejorar la rendición de cuentas de las instituciones castrenses.
Diversos países, incluyendo Francia, Alemania, Croacia, Uruguay, Argentina, Ucrania, Austria, República Checa, Ecuador, Ghana y Perú, expresaron sus preocupaciones en materia de desaparición y desaparición forzada, mientras que otros abordaron los temas de tortura, de ejecuciones extrajudiciales o de la figura de la prisión preventiva.
En el tema migratorio, el país recibió recomendaciones de Bangladesh, Kirguistán, Brasil, India, Irak, Japón o Perú, que le exhortaron a respetar los derechos de las personas en migración o en búsqueda de refugio.
Varios países africanos pidieron al Estado mexicano acentuar su lucha contra el racismo, con especial enfoque en las comunidades afromexicanas e indígenas, y otros, como Islandia, le pidieron terminar con los “estereotipos de género”.
El gobierno de Líbano le pidió continuar la labor de la Comisión Ejecutiva de Ayuda a Víctimas (CEAV), Canadá le llamó a fortalecer el Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos –el tema de las agresiones contra periodistas fue sujeto de decenas de recomendaciones– y Suiza le sugirió aumentar los recursos a las fiscalías para combatir la impunidad.
El gobierno de Venezuela le recomendó reforzar sus instituciones para evitar las “desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y el uso ilegítimo de la fuerza por agentes del Estado”, el de Rusia le pidió “investigar casos de uso excesivo de la fuerza por fuerzas de seguridad”, pero también mejorar “las condiciones de detención de los prisioneros en el sistema carcelario”.
Varios países sugirieron a México que firme y ratifique algunos de los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que no forma parte, relativos a la infancia, los apátridas o contra las discriminaciones en la educación.
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