El pasado 24 de enero la filial mexicana de la organización internacional Oxfam (Oxford Committee for Famine Relief, Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre) difundió su informe relativo a la situación de la economía mexicana, al que significativamente tituló El monopolio de la desigualdad. Cómo la concentración del poder corporativo lleva a un México más desigual.
Los resultados del estudio no dejan de ser muy impactantes. Existen en nuestro país 14 personas o familias poseedoras de más de mil millones de dólares estadounidenses, que la organización llama ultrarricos y que figuran por su fortuna en la célebre lista de la revista internacional Forbes. En total esas 14 personas o familias poseen alrededor de 180 mil millones de dólares, que representan ocho de cada 100 pesos de la riqueza privada en el país. En los cuatro últimos años, que incluyen el periodo de la pandemia por coronavirus, casi todos ellos vieron acrecentados sus capitales en porcentajes muy altos. Pero hay algunos casos que sobresalen de manera notable. Carlos Slim (Grupo Carso), el hombre más rico de México y de América Latina, incrementó su fortuna en 58 %, esto es 31 mil millones de dólares. Su riqueza, estimada en 105 mil millones de dólares al finalizar 2023, es superior a las de los otro 13 megarricos juntas, y las acciones de sus empresas repuntaron un 131.86% (Sebastián Díaz Mora en El Economista, 7 de enero de 2024).
El segundo mexicano más rico, Germán Larrea Mota Velasco, propietario, entre otros negocios, del Grupo México, la minera más grande de nuestro país y la quinta productora de cobre en el mundo, logró acrecentar su patrimonio en 125 % en términos reales entre 2020 y 2023. Conjuntamente, las fortunas de Slim y Larrea aumentaron en 70 % en ese periodo, y controlan el equivalente a la riqueza total poseída por la mitad más pobre de la población de toda América Latina y el Caribe, esto es, alrededor de 334 millones de personas.
El opulento caudal de Carlos Slim equivale al 4.48 % de toda la riqueza privada nacional. El de Germán Larrea representa el 1.34. Por debajo de ellos están Ricardo Salinas Pliego (0.8 %), Alejandro Bailleres (0.38), María Asunción Araburuzabala (0.29), Antonio del Valle Ruiz (0.18), Rufino Vigil (0.15), Carlos Hank Rhon (0.15), Juan Domingo Beckmann (0.15), Fernando Chico Pardo (0.13), Karen Virginia Beckmann (0.10), Roberto Hernández Ramírez (0.08), David Peñaloza Alanís (0.07) y Alfredo Harp Helú (0.07).
Un estrato, al que Oxfam denomina simplemente “ricos”, lo forman casi 294 mil personas —incluyendo a los ultrarricos— que poseen más de un millón de dólares. En su conjunto, concentran casi 60 de cada 100 pesos de la riqueza privada en el país. Eso hace de México uno de los países del mundo con más alta concentración del ingreso: el 0.2 por ciento de la población posee el 60 % de la riqueza privada de la nación. Y, en la actualidad, el sector privado representa el 56 % del ingreso nacional.
No es un proceso exclusivo de México. El mismo Oxfam ha documentado con anterioridad que la riqueza de los cinco magnates más poderosos del mundo se duplicó durante el periodo de la pandemia. Pero México es uno de los países en que ese proceso se ha dado de manera más aguda.
El informe Oxfam apunta dos mitos con los que se legitima ideológicamente la desigualdad: por una parte, que la riqueza es producto de los méritos personales de quien la posee, del trabajo personal. Por otro lado, la idea de que una vez que la riqueza se ha acumulado en la cúspide económica de la sociedad, “se derramará” hacia las capas inferiores mediante la generación de empleos y los salarios. Desde luego ninguna de esas tesis promovidas por la ideología neoliberal es cierta. El desmedido enriquecimiento, lejos de ser fruto del esfuerzo y el ahorro personal, etc. (idea que inició Adam Smith en el siglo XVIII), obedece a factores como las herencias, los favores políticos, fraudes y, desde luego, la explotación de trabajo asalariado Y la experiencia histórica de las últimas décadas nos ha expuesto palmariamente que la acumulación de la riqueza lejos de generar algún grado de distribución, tiende a concentrarse más y más.
Es cierto, hay otros datos. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportaron que entre el segundo trimestre de 2022 y el segundo trimestre de 2023, el porcentaje de la pobreza laboral presentó una disminución de 0.5 puntos porcentuales al pasar de 38.3% a 37.8%, respectivamente. Pobreza laboral es un ingreso inferior al valor monetario de la canasta básica. Y entre 2016 y 2022 la pobreza por ingresos se redujo de 50.8 % de la población a 43.5 %. El porcentaje de la población con al menos una carencia social pasó de 68.5 % en 2016 a 65.7 en 2022. La población en situación de pobreza fue de 36.3% en 2022, una reducción de 5.6 puntos porcentuales respecto a 2018.
Esto es, los incrementos reales al salario mínimo y los programas sociales han tenido cierta eficacia en la reducción de la pobreza, a pesar de la brutal caída de la economía (-8.5 %) a causa de la pandemia en 2020. Sin embargo, el mismo Coneval reportó, en agosto de 2023, que 50.4 millones de personas carecen de acceso a los servicios de salud, lo que representó un aumento de 18.8 millones de personas (15.6 por ciento de la población) que se registraba en 2016 a 50.4 millones en 2022, (39.1 por ciento). Estos datos deben hacernos recordar que el tema de la pobreza no es meramente una cuestión de ingreso, sino un fenómeno complejo y multifactorial, que involucra aspectos como la educación, el acceso a los servicios, el tema ecológico y la cultura.
¿Pero cómo puede ser que con índices de reducción de la pobreza la desigualdad siga aumentando? Es fácil entenderlo: la acumulación en la cima de la clase capitalista ha crecido más rápido mucho más, y en porcentaje mayor que el ingreso de las familias pobres. Y la riqueza no se mide sólo por el ingreso, sino que abarca propiedades, bienes inmuebles, capital accionario, bonos de deuda y hasta joyas, automóviles y obras de arte, según lo ha señalado el economista Gerardo Esquivel, quien también ha sido colaborador de Oxfam México, en un artículo reciente.
El informe de Oxfam 2023 destaca otro aspecto muy relevante. Bajo la tesis de que “la economía es política”, señala la estrecha vinculación entre el proceso de concentración del producto nacional y las políticas públicas gubernamentales. Esto ha sido señalado hasta la saciedad en el caso del supuestamente periclitado periodo “neoliberal”. Las privatizaciones operadas sobre todo en los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo (bancos, empresa telefónica, siderúrgicas, la televisora estatal, concesiones mineras, ferrocarriles, satélites, aeropuertos y un largo etcétera), a precios muy degradados, dieron lugar a una nueva casta capitalista de donde surgen los exponentes más prominentes de los 14 ultrarricos. Sus empresas se han convertido en auténticos oligopolios o monopolios que, con muy poca o ninguna competencia, pueden determinar precios de venta en el mercado, beneficiarse con la inflación, evadir impuestos, manejar privadamente servicios públicos, controlar los activos fijos del país (93 % en manos del 10 % de las empresas) y destruir el ambiente a su conveniencia.
Esto ha sido posible por diversas razones. De 2003 a 2020, el patrimonio del Estado mexicano menguó drásticamente, de 23.2 por ciento de la riqueza nacional a sólo 9.3 por ciento. Y si bien casi todos los ultrarricos de hoy fueron beneficiarios y amasaron sus caudales gracias a las privatizaciones y concesiones de los ochenta y noventa del siglo pasado, 11 de ellos siguen siendo beneficiados por la actual administración federal, denominada “Cuarta Transformación”, y por los gobiernos estatales en manos del Morena, con múltiples contratos. Quienes otrora fueron señalados por Andrés Manuel López Obrador como “la mafia del poder” hoy se encuentran cercanos económica y políticamente a su gobierno. Carlos Slim ha sido señalado por el presidente como un empresario ejemplar, que además participa en los megaproyectos del gobierno
El informe Oxfam también hace otro señalamiento: los gobiernos de la era “neoliberal” —incluyendo al actual— ha sido omisos en regular a los grandes capitales y las concesiones: “si las tarifas que cobran son excesivas para la calidad de sus productos o servicios, si han realizado las inversiones comprometidas, si el cambio tecnológico pudo traer más competencia a esos sectores, entre otros”. Y sí: Germán Larrea, por ejemplo, puede contaminar gravemente el río Sonora afectando a la población, los cultivos y el ganado; puede por negligencia y desatención de las condiciones de trabajo en sus minas, ocasionar muertes como las de Pasta de Conchos, o resistir durante quince años huelgas en Cananea, Taxco y Zacatecas, sin que sus concesiones mineras le sean revocadas. Ricardo Benjamín Salinas Pliego puede evadir impuestos por miles de millones de pesos, recurrir a amparos y truculencias legales; puede usar su televisora para desatar feroces campañas contra el gobierno o grupos sociales, e igualmente conservar intacta la concesión.
Pero, sobre todo, una política verdaderamente redistributiva ha de basarse en una reforma fiscal progresiva que el actual gobierno no realizó en estos seis años. No basta con cobrar los impuestos adeudados de años anteriores, porque eso tiene un límite y se agota en uno o dos años, dado el alto nivel del gasto e inversión del gobierno actual. Tampoco con canalizar a obras públicas o programas sociales “lo robado”, en vez de usarlo, como debiera de ser en primer lugar, para resarcir a las víctimas de la delincuencia y violaciones a derechos humanos. Es preciso elevar las tasas impositivas a las sobreganancias del capital, a las herencias y a los dividendos de la Bolsa, e incrementar también el reparto de utilidades a los trabajadores. Un gobierno de izquierda daría también impulso al sector social y a las pequeñas y medianas empresas, no al capital monopólico extranjero y nacional. El ingreso incrementado no habría de ser para pagar deuda sino para elevar la inversión pública y la cobertura y calidad de los servicios de salud y educación, entre otros.
La amenaza inmediata es que, con un déficit aprobado para 2024 de 4.9 %, con altas tasas internacionales de interés, el gobierno de López Obrador deje un nivel histórico de endeudamiento, canalizado en gran parte no a inversión productiva sino a gasto social en año electoral, según lo presenta el reportaje de Claudia Villegas en Proceso de este mes de febrero. Ese endeudamiento es inminente, dada la elevación de los costos de los megaproyectos, particularmente el llamado Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, además del prometido aumento a las pensiones de adultos mayores y otros programas de subsidio al gasto familiar.
Por ahora, son los machuchones del capital, dueños de la riqueza nacional y virtuales amos de México, como los llamó Jorge Zepeda, los que más van ganando con el sistema económico vigente. Y no se ve, en el horizonte cercano, ningún cambio drástico en la política económica y fiscal que modifique esas tendencias, de hecho, ya estructurales.
