Morelia, Michoacán.- La defensa de los ocho militares recién reaprehendidos por el caso Ayotzinapa, acusó que la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, se ha convertido en el brazo armado del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Él está muy mal en meterse en una investigación de carácter penal en la que nada tiene que hacer y al parecer su secretaria de Gobernación se convirtió en su brazo armado para lograr conseguir las órdenes de aprehensión”, enfatizó en conferencia de prensa el abogado Alejandro Robledo.
De acuerdo con información de Diana Lastiri, reportera de Proceso, junto con César Omar González, los juristas acusaron que la Fiscalía General de la República (FGR) ha hecho un “cochinero” con la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues afirmaron que las nuevas acusaciones contra sus clientes, por delincuencia organizada, fueron fabricadas como parte de una persecución política por parte del gobierno federal.
“Hoy tenemos como víctimas a las familias de Ayotzinapa, a los militares y a las familias de los militares, hoy ellos también son víctimas, esto no fue un crimen de Estado, esto es una persecución de Estado, los señores son presos políticos y desafortunadamente el cochinero, porque no hay otra forma de describirlo, el cochinero que han hecho en esta administración, en la investigación y proceso del caso, lo único que han logrado es empañar más todo, ensuciar más todo y alejar a las víctimas una vez más del acceso a la justicia y la verdad”, indicó César González.
Informaron que la nueva acusación contra los militares está fundamentada en las declaraciones del 22 y 23 de enero pasados, realizadas por los testigos protegidos “Karla” y “Neto”, ex integrantes de los Guerreros Unidos, quienes afirmaron que los castrenses recibían dinero para brindar protección a dicha organización delincuencial y los habría reconocido mediante fotografías.
Sin embargo, señalaron que anteriormente los testigos tuvieron a la vista las fotos de los 8 militares y nunca los reconocieron, hasta ahora.
Por ello, anunciaron que presentarán denuncias penales contra el titular de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), Rosendo Gómez Piedra, funcionarios a su cargo y los testigos protegidos “Karla” y “Neto”.
Esto, debido a que la defensa solicitó realizar una diligencia esta mañana para entrevistarse con los testigos pero a las 6:00 horas la FGR informó a la juez que no puede presentarlos porque uno tiene un problema de salud y el otro está como “no localizable” en el domicilio que proporcionó a las autoridades.
Los ocho soldados que representan los abogados son los mismos que la semana pasada salieron de la prisión militar luego de que la juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, les concedió la libertad condicional en cumplimiento a una suspensión concedida por un tribunal Colegiado.
La resolución de la juez provocó que la titular de Segob y el presidente López Obrador emitieran diversas declaraciones contra el Poder Judicial de la Federación (PJF) y a su vez la FGR anunció el inicio de carpetas de investigación contra la juez y los magistrados que conocieron del asunto y dictaron las resoluciones que derivaron en la liberación de los militares.
Dichos militares fueron liberados el pasado 19 de enero tras una orden judicial, tras la polémica y respectiva queja del gobierno federal, se entregaron nuevamente a la justicia el 2 de febrero.
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