Morelia, Michoacán.- Una juez federal dictó auto de formal prisión contra ocho militares implicados en el caso Ayotzinapa, a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) acusó por delincuencia organizada.
De acuerdo con información de Diana Lastiri, reportera de Proceso, con ello, la juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Duarte confirmó que los soldados Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sananria, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Roberto de los Santos, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes y Juan Sotelo Díaz, deberán permanecer en la prisión Militar 1 de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La decisión puede ser impugnada por la defensa de los militares mediante un recurso de apelación.
Este 7 de febrero, la defensa de los militares informó que en esta nueva acusación la FGR los señaló de delincuencia organizada por supuestamente recibir sobres de dinero en efectivo de parte del grupo Guerreros Unidos a cambio de brindarles protección para realizar sus actividades delincuenciales.
Según los abogados, esta nueva acusación se basa en los testimonios, rendidos el 22 y 23 de enero pasados, de dos testigos protegidos de la FGR identificados como “Karla” y “Neto”, quienes eran integrantes de los Guerreros Unidos y ahora se encuentran en libertad por colaborar con las autoridades.
Los abogados anunciaron que presentarán denuncias contra el titular de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra y sus subordinados que participaron en la creación de esta nueva acusación contra sus representados, así como contra los testigos protegidos por falsedad de declaraciones.
Esto, al considerar que esta nueva investigación y aprehensión fue ejecutada como revancha porque los militares son los mismos que hace una semana salieron de la prisión militar luego de que la juez Duarte les concedió la libertad condicional en cumplimiento a una suspensión concedida por un tribunal Colegiado.
Resolución que provocó que el gobierno federal arremetiera contra el Poder Judicial de la Federación (PJF) y la FGR anunciara el inicio de carpetas de investigación contra los juzgadores que conocieron del asunto y dictaron las medidas que derivaron en la liberación de los militares.
Ante dichas acusaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno seguirá actuando con rectitud y afirmó que no se han fabricado delitos.
“Es que ya no hay fabricación de delitos, no hay consigna en contra de nadie. O sea, nosotros lo que queremos es conocer la verdad, que se castigue a los responsables, ya se está haciendo, y que se encuentre a los jóvenes”, señaló el mandatario.
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