Morelia, Michoacán.- Un amplio informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) evidencia algunas derivas de la “política migratoria de ‘securitización’” con un enfoque especial en las condiciones de detención en las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM), a los que equiparó a “centros penitenciarios”, de los cuales no existe siquiera un “registro público”.
De acuerdo con información de Mathieu Tourliere, reportero de Proceso, después del incendio en la estación migrayoria de Ciudad Juárez que provocó la muerte de 40 migrantes el 27 de marzo de 2023, la CNDH lanzó una investigación sobre las condiciones que enfrentan los migrantes durante su privación de la libertad.
Los funcionarios de la comisión visitaron 49 centros de detención en 29 entidades, y entregaron un informe demoledor: ninguna de las estaciones migratorias visitadas está considerada “adecuada”, apenas 13 son “insuficientes”, 21 son “inadecuadas” y las 15 restantes enfrentan una “situación crítica”.
“Las estaciones migratorias y estancias provisionales tienen un diseño carcelario, con pasillos, puertas, filtros, barrotes y rejas que cierran por fuera y, en algunos casos, con candado. Por ende, son instalaciones que se asemejan a centros penitenciarios, de privación de la libertad, de control y vigilancia, y que refuerza el paradigma criminal hacia las personas migrantes”, señaló el informe, en ruptura con el discurso oficial que las define con eufemismo como “albergues” o “estaciones migratorias”.
De hecho, a menudo las condiciones resultan peores que en las cárceles, pues los reclusos de la mayoría de los centros del INM no tienen acceso a “actividades educativas, culturales o deportivas”, y tampoco a personal médico.
La CNDH entrevistó a las personas privadas de la libertad –quienes en su mayoría desconocían su situación migratoria (69.2 por ciento), ignoraban que podían regularizar su estancia en el país y se quejaron de sus condiciones de detención– y recopiló recomendaciones emitidas en años recientes, las cuales dan cuenta de casos de golpizas contra migrantes, falta de atención médica o psicológica, privación de comunicaciones, o ausencia de insumos básicos, como alimentación, agua o papel higiénico.
En 2019, el INM reportó 182 mil 940 detenciones de personas en situación irregular, y en 2023 fueron 486 mil 424, a las cuales se deben añadir los 200 mil 308 migrantes “canalizados”, para llegar a 686 mil 732 personas, una “cantidad sin precedente”, según la CNDH.
En el mismo lapso, el número de quejas presentadas contra el INM se triplicaron: de 714 en 2019 a 2 mil 141 en 2022, especialmente en Chiapas, la Ciudad de México y Tabasco.
En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la institución migratoria se convirtió en una de las cuatro instancias con más quejas por violaciones a los derechos humanos.
Entre 2019 y 2023 la CNDH emitió 15 recomendaciones al INM donde señaló diversas violaciones a los derechos humanos –incluyendo “tratos crueles, inhumanos o degradantes” en situaciones de hacinamiento y de escaso acceso a servicios de salud– en centros de detención en Baja California, Tlaxcala, San Luis Potosí, Ciudad de México, Nuevo León, Chiapas, Tabasco, Puebla, Coahuila y Veracruz.
La propia Ley de Migración, a decir de la CNDH, contiene “elementos violatorios del libre tránsito”, e institucionaliza el “perfilamiento racial como una práctica para la detención”, y lamentó que por lo general “se desconocen” los términos de los acuerdos en materia migratoria que México tiene con otros países, especialmente con Estados Unidos, para frenar la llegada de personas a la frontera común.
Desde que terminó la pandemia de Covid-19, México vivió una explosión del fenómeno migratorio de personas provenientes de Venezuela, Cuba, Haití, Nicaragua, Colombia y Ecuador, quienes se sumaron a las decenas de miles de personas que huyen de sus países de Centroamérica para entrar a Estados Unidos.
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