Morelia, Mich.- Con casi medio siglo ubicada en un edificio que les disputa como legítima propiedad la Universidad Michoacana, la Secundaria Popular “Felipe Carrillo Puerto” se mantiene como un proyecto de educación popular pese a los intentos de desalojo.
Fue en el 2021 cuando bajo el rector Raúl Cárdenas Navarro llegó el primer aviso. La ahora rectora Yarabí Ávila González reactivó el caso y no sólo quedó en el trámite judicial, sino que se intentó concretar el desalojo el pasado 4 de enero incluso con el uso de la fuerza pública.
No se pudo, la misma jueza que encabezó el operativo, Martha Nereyda Murillo Orozco, aceptó que había “oposición manifiesta” de la comunidad por defender el inmueble. Pertrechados en su interior y asomándose desde los balcones, madres y padres de familia, docentes y directivos se mantenían a la expectativa, en tanto que el equipo de abogados de la Secundaria -todos egresados de la misma-, rechazaba en la puerta la acción jurídica.
De acuerdo con el abogado José Luis Vargas, desde el 2021 el trámite judicial interpuesto por la Rectoría estuvo mal enfocado, al intentar responsabilizar de la ocupación del edificio a un patronato que no existe. El uso de la fuerza para el desalojo, se plantea en una sentencia dictada por el magistrado Jorge Pérez Zavala, de la Novena Sala de lo Civil, ante el procedimiento jurídico iniciado por la UMSNH para recuperar el inmueble.
“Se sigue el juicio contra el Patronato ante el Juzgado Sexto de lo Civil de este distrito judicial, expediente 1081 del año 2021. La juez ve claramente que la Universidad Michoacana no acredita los elementos de la acción, son tres y no acreditó ni uno solo, y entonces la juez le niega la procedencia de la reivindicación a la Universidad, en sentencia en primera instancia”, destaca el abogado.
En la segunda embestida, ya con Ávila González en el cargo, desde noviembre del 2023 llegaron los primeros amagos. No obstante que la Dirección Coordinadora del plantel buscó la interlocución con Rectoría -igual que lo hizo en el 2021-, la autoridad universitaria no accedió a recibir a la comitiva que le plantearía iniciar un diálogo sobre la permanencia del plantel en el inmueble, ubicado en la parte trasera del Colegio de San Nicolás o Preparatoria 1, sobre la calle Melchor Ocampo número 351 en esta ciudad capital.
Más allá de la cita frustrada, dado que al presentarse en Rectoría no estaba nadie para recibirlos, y de la que el secretario general Javier Cervantes Rodríguez, solamente envió un mensaje por Whatsapp para señalar que se les avisaría cuando se les recibiría, la comunidad decidió movilizarse.
Marchas desde el plantel hasta Palacio de Gobierno, para demandar la intervención del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla -en las que tampoco fueron recibidos por funcionario alguno- al igual que insistir en el diálogo con las autoridades universitarias, parecían esfuerzos sin respuesta en los días previos al intento del desalojo.
Fue luego de que se contó con la intervención de senadores y apelar a la defensa de la Secundaria Popular desde la tribuna de la Cámara Alta, hasta lograr la atención del mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien pidió a la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) intervenir en el caso, que entonces las puertas de Palacio de Gobierno se abrieron para la comitiva de la Dirección Coordinadora, quien demandó abordar como primer punto la seguridad jurídica del edificio, en aras del respeto al derecho humano a la educación de los 170 alumnos que actualmente asisten a sus aulas, además de no vulnerar las garantías individuales de madres y padres de familia y docentes con la amenaza de usar la fuerza pública en su contra.
Pero no pasó nada, no hubo avance alguno en la reunión en la que estuvo presente el secretario de Gobierno, Elías Ibarra Torres, y representantes de la SEP y de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), sin ningún representante de la UMSNH. “Lo único que nos pidieron fue que dejáramos de movilizarnos y el ofrecimiento fue el de otorgar asesoría jurídica, siendo que la Secundaria cuenta con su equipo y además lo que reclama es que se resuelva el amparo para evitar el desalojo”, señaló en su momento Lenin Contreras, docente en el plantel e integrante del cuerpo directivo.
“No nos vamos a salir”, reitera el maestro, en una actitud que, como se vio el 4 de enero, parecen asumir plenamente los integrantes de la comunidad escolar que ofrece educación a jóvenes provenientes de estratos populares, de colonias marginales e incluso rechazados de otros planteles.
Después del exhorto de López Obrador, la rectora de la Universidad Michoacana le contestó al Ejecutivo federal planteando la defensa de su argumento; que la Casa de Hidalgo requería de espacios ante saturación del nivel bachillerato, y que la intención del desalojo no se detenía, sino que se reactivaría una vez concluido el ciclo escolar 2023-2024 en curso y que concluye en junio o julio próximo.
En declaraciones que los integrantes de la Secundaria Popular consideran desafortunadas, Ávila señaló que el plantel era una “escuela privada”, punto de vista que compartió y repitió Ramírez Bedolla, no obstante que la misma SEE, en un documento donde rechazó la petición de la rectora para que interviniera en el tema, difundió el carácter público del proyecto e incluso señaló la clave asignada como tal.
“La SEE tiene el registro de dicha secundaria desde 1976, año en que le fue asignada la clave 16PES0081X, como escuela particular; actualmente sigue vigente y atiende a más de 170 estudiantes. En ese sentido, se hace un llamado a ambas partes para que den seguimiento a mesas de trabajo que tengan como objetivo encontrar la mejor vía de solución”, señala el escrito de la dependencia ante la petición de la rectora, planteado el 3 de enero.
Los orígenes
La Secundaria Popular tiene 47 años de existencia y desde sus orígenes ha ocupado el inmueble que hoy le reclama la Universidad Michoacana.
Fue por autorización del entonces rector, Genovevo Figueroa Zamudio, que el proyecto educativo inició sus funciones, orientadas desde entonces a la atención de estudiantes de escasos recursos.
Los maestros del plantel desde sus orígenes también, han participado de manera voluntaria, sin cobro alguno por sus servicios. En su mayoría, fueron profesionistas egresados de la Universidad Michoacana quienes conformaron inicialmente su planta docente, nutrida en los últimos años con catedráticos provenientes de la Escuela Nacional de Estudios Superiores del Campus Morelia de la UNAM.
Para algunos maestros que atendieron las aulas en los años iniciales del proyecto, resulta una incongruencia que sea la Rectoría de la Universidad Michoacana la que pretenda ahora despojar a la Secundaria del inmueble, dado que en su Ley Orgánica, se plantea que la institución debe acompañar demandas de la sociedad e impulsar la educación.
“La Casa de Hidalgo no tiene sobrecupo en ninguna de sus dependencias, por el contrario, gracias a personas como la rectora, la otrora Máxima Casa d Estudios en Michoacán ha venido a la baja en matrícula y en la asignación de presupuesto”, señala un catedrático de la Universidad Michoacana, quien opta por el anonimato para evitar presuntas represalias.
Como diputada local, señala respecto a Yarabí Ávila, “fue de las personas que más denostó a la UM”, plantea, al recordar que cuando la funcionaria de extracción priista ocupó una curul en el Congreso, fueron constantes sus llamados a auditar los fondos de la institución bajo la bandera de que se consumía principalmente en el pago a sindicalizados.
Recuerda que la misma Universidad Michoacana ya había tenido planteles de educación secundaria, con el proyecto que encabezó Eli de Gortari como rector. “La propiedad innegablemente es de la Universidad Michoacana, no está eso a discusión; nuestras razones para defender a la Secundaria ´Felipe Carrillo Puerto´ son morales, esto es, de legitimidad y de justicia, de la noble tradición benemérita de la Iniciación Universitaria, la secundaria de la Universidad hasta 1967, desaparecida por (la intervención del gobernador) Agustín Arriaga Rivera. No es pues la fría formalidad del derecho positivo en donde debe resolverse este problema, es con una voluntad política permeada por la sensibilidad, solidaridad y compasión por los que menos tienen. Porque ocupar este edificio para la noble tarea de educar no va en detrimento d las funciones sustantivas de nuestra universidad, acciones como estas de parte de la autoridad las llenan de más oprobio y son muestra de su falta de legitimidad.”
Algunos de los egresados del plantel han vuelto a sus aulas como maestros. Tal es el caso de Margarita Ramírez Guerrero, egresada de la generación 1981-1984 y quien imparte la materia de Vida Saludable.
“Me siento muy orgullosa de pertenecer a la planta docente de la Secundaria Popular. Estoy dando un servicio que en lo particular me llena bastante. Soy egresada y desde entonces sabemos que el servicio es lo que retribuye a la gente”, indica.
Parte de los 40 maestros que conforman la planta docente, con apenas dos años de impartir clases, Ramírez señala que desde hace una década se incorporó en apoyar al proyecto educativo que representa la “Felipe Carrillo Puerto”. Ese apoyo, describe, ha sido con los ex alumnos, incorporándose a tareas de limpieza y mantenimiento, “acercar alguna escoba, un trapeador.”
Destaca que en el nivel académico si hay diferencias con planteles del mismo nivel. “El sistema que se lleva es bueno, porque se les dota a los jóvenes de muchas herramientas para la investigación. El mismo plan de estudios de la SEE, nosotros ya lo llevábamos desde antes, porque no sólo la participación era del profesor, sino que también lo hacen los niños con proyectos de investigación.”
Agrega que el nivel se constata con los egresados con el interés de los mismos en continuar sus estudios, tanto en bachillerato como en licenciatura. “Si escarbamos dentro de las generaciones, hay mucha gente que es profesionista y ocupan funciones en algunas instituciones, hasta en Gobierno.”
“No nos moverán”
Así lo señalan los integrantes de la Dirección Coordinadora del plantel, quienes el pasado 30 de enero, en una rueda de prensa indicaron que se mantendrán en el inmueble y cuya pertenencia “histórica” reclaman.
Rechazan plantear la posibilidad de que salgan para ocupar otra sede, dado que, “no hemos sido oídos ni nos han vencido jurídicamente”.
Confían en que puedan darse las negociaciones necesarias con la autoridad universitaria y con el gobierno estatal, aunque admiten que en ese rubro los avances son pocos respecto a definir la seguridad de mantener el inmueble donde, aseguran, se habla de que Rectoría quiere instalar una cafetería.
No evaden que el inmueble requiere de mantenimiento. El edificio que se integra por solo seis aulas, denota a simple vista humedad y fracturas. “También para eso es necesario que Rectoría se siente a dialogar”, plantean.
La última reunión con Gobierno del Estado fue el 23 de enero, “improvisada, sin tocar los puntos acordados, más allá de insistir y plantear que lo que ofrecen es asesoría jurídica”, no obstante que hasta que López Obrador aludió al tema, fue que la administración del morenista Alfredo Ramírez Bedolla accedió a recibirlos, aunque no a resolver.
Insisten en las razones que fundamentan su defensa del inmueble, con el rechazo a la versión de Rectoría de carencia de espacios ante aumento de la matrícula en el nivel bachillerato. “Los mismos datos de la Universidad Michoacana indican que la matrícula va hacia abajo en los últimos años”, refiere Lenin Contreras.
Reiteran además en el contexto nacional de la educación, la necesidad de mantener proyectos al alcance de los niños y jóvenes. “De acuerdo con el Inegi, a nivel nacional hay un rezago educativo cercano al 20 por ciento, en tanto que en Michoacán ese rezago alcanza a casi el 80 por ciento de jóvenes que no pueden acceder a la educación prácticamente desde que acaban la primaria.”
