Cada vez parece más compleja la situación de violencia e inseguridad que vive Latinoamérica. Prácticamente la mitad de los países de la región afrontan severos niveles de inseguridad pública propiciada en su mayoría por conflictos de bandas del crimen organizado. Lo anterior ha catalogado a nuestra región como una de las más violentas del mundo. Dentro de ello lo más triste es que, quizá con la excepción de Haití y Colombia, la violencia existente obedece a razones que no son de corte político, es decir, no son grupos insurrectos tratando de desbancar a las autoridades existentes y hacerse con el poder, sino es más bien una violencia de corte económica.
Esto ultimo se refiere a que no es propiamente el poder político lo que buscan los grupos armados sino directamente el control de riquezas, en su mayoría propiciadas por el contrabando, así como por otro tipo de actividades ilícitas. Lo anterior implica que tal violencia tendría que ser combatida por las fuerzas del orden directamente, sin contemplar factores de corte sociopolítica.
Sin embargo, es evidente que este combate no está ocurriendo, lo cual arroja severos cuestionamientos del porqué la región se ha convertido en un subcontinente azotado por la violencia, cuando hace unas cuantas décadas esto prácticamente no existía. La respuesta, en buena parte, tiene que ver con la historia autoritaria de nuestra región.
Hasta prácticamente los ochenta y noventa la mayoría de los países de la región tenían gobiernos dictatoriales de algún tipo u oligarquía que gobernaban de manera autoritaria. Esto ultimo permitió tener muy bien vigilada a la población, incluyendo a los potenciales delincuentes, los cuales debían mantener un bajo perfil y una acción muy sutil para evitar llamar la atención de autoridades que sin el más mínimo límite jurídico podrían acabar con ellos, muchas veces de forma extrajudicial.
Sin embargo, con la transición a la democracia, los controles policiaco-políticos fueron anulados, y aunque ello permitió el florecimiento del pluripartidismo y de la libre expresión, también dejó la puerta abierta para que grupos criminales pudieran actuar con mayor libertad a sabiendas que ahora las autoridades estarían más limitadas a su propio actuar.
Para empeorar la situación las instituciones, especialmente las policiacas y procuración de justicia, no fueron prácticamente modificadas con las transiciones democráticas, quedando un mando rígido y jerarquizado sobre estas, pero supeditado a cada cambio de administración. Esta peligrosa combinación institucional sería la causante de promover la corrupción que hasta hoy en día viven este tipo de instituciones que en teoría deben facilitarle a la población el acceso a la justicia.
Dado que el alto mando de las instituciones policiacas y de procuración de justicia en la mayoría de los países quedan por negociación y designación política directa, es básicamente una apuesta esperar a que llegue un mando que realmente le interese perseguir delitos de forma objetiva sin caer en la tentación de corrupción. A su vez la falta de un control institucional de vigilancia horizontal evita que puedan hacerse efectivas las denuncias de corrupción de oficiales contra sus superiores cuando así lo amerita.
Aunque por un lado esta herencia garantiza un control político efectivo de estos órganos institucionales y por lo tanto facilita la gobernabilidad, también ha significado un control muy nulo en lo que respecta a la aplicación directa de la ley, toda vez que únicamente existe la posibilidad de rendir cuentas cuando la autoridad política en turno así lo considera.
Salvo algunas excepciones, la mayoría de las policías y fiscalías siguen en manos directas de autoridades políticas, por lo tanto, bajo estas circunstancias tener fuerzas de seguridad interior profesionalizadas y apegadas al cumplimiento normativo será muy complicado. Sin embargo, esto no parece importarle a buena parte de las élites políticas latinoamericanas.
La mayoría continúan con incrementos en violencia y el único caso exitoso que logró reducir de manera drástica y en poco tiempo la violencia, El Salvador, fue a través de la instalación de una dictadura personalista de facto que ignora completamente la ley nacional. Sin duda es tentador mantener el esquema de control político de la administración policiaca y fiscal, pero mantenerla por más tiempo solo seguirá abonando a la corrupción y falta de profesionalización real en los elementos de las policías y fiscalías.
Las transiciones a la democracia en la región fueron un proceso complejo y con muchos sacrificios, sería muy decepcionante si esta se perdiera por falta de voluntad política en la clase gobernante para poder finalmente establecer instituciones de seguridad que sí se rijan conforme a la ley y al debido proceso.
