Morelia, Michoacán.- La región fronteriza de Chiapas con Guatemala se encuentra sumida en un conflicto armado no reconocido desde aproximadamente el 2021, según el informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos” elaborado por organizaciones como el Centro Frayba, la Red TDT, Colectivo de Monitoreo-Frontera Sur; entre otras.
De acuerdo con información de Arturo Rojas, reportero de El Economista, en el informe se detalló que dicho conflicto tiene su raíz en la disputa territorial entre grupos de la delincuencia organizada por el control de diversos aspectos, incluyendo mercancías, servicios, personas y productos legales e ilegales.
Según el texto, el control ejercido por grupos de la delincuencia organizada y la disputa del territorio por éstos con métodos de guerra, implica graves violaciones de los derechos humanos de la población de la zona, así como a defensores o periodistas que ven menguada sus labores; la zona se ha convertido en una zona silenciada, en la que los pobladores han optado por huir para ponerse a salvo.
El documento detalló que, entre junio de 2021 y diciembre de 2023, se pudo contabilizar 7 mil 500 personas desplazadas de manera forzada de sus comunidades, a causa de la violencia física y psicológica que impera en la región.
“Solamente en el mes y 13 días que lleva el año 2024, se ha comentado directamente el desplazamiento de 3 mil personas en esta región fronteriza proveniente del municipio de Chicomuselo, de La Concordia y de Chapultenango (…). No entonces es una aguda crisis humanitaria que está generando, pues este hecho masivo de personas”, indicó Carlos Ogaz, miembro del Grupo de Trabajo Región Norte, durante la presentación del trabajo.
En el texto se expresó que, en octubre de 2020, alrededor de 6 mil beneficiarios del programa Sembrando Vida abandonaron sus cultivos —en los municipios de Motozintla, El Porvenir, La Grandeza, Siltepec, Mazapa de Madero, Bellavista, Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo y Honduras de la Sierra— a causa de la violencia.
Otro aspecto explicado es que el control económico ejercido por grupos delictivos abarca diversas formas, desde extorsiones y secuestros hasta el control de precios de productos agrícolas y alquileres.
Las personas que se resisten a estas presiones enfrentan represalias que pueden incluir el asesinato o la desaparición forzada.
Asimismo, se denunció que el cobro de piso se ha convertido en una práctica común, donde los negocios y familias son obligados a pagar sumas exorbitantes para garantizar su seguridad. Aquellos que no pueden hacer frente a estas extorsiones se ven obligados a cerrar sus establecimientos, sumiéndose en la precariedad económica y el miedo constante.
Además, el control de bienes y recursos naturales, como el agua y la tierra, se ha convertido en una herramienta crucial para estos grupos, que utilizan la distribución del agua como medio de presión sobre las comunidades.
Por otro lado, se detalló que los grupos criminales utilizan diversas tácticas para mantener su dominio sobre la población, desde la coerción, hasta la persuasión; la neutralidad no es una opción, ya que se exige la adhesión o colaboración forzada con el grupo dominante. Esto crea un clima de desconfianza y miedo constante, donde cualquier individuo puede ser considerado un enemigo potencial.
“El fenómeno de la desaparición es difícil de documentar en la región fronteriza debido a la escasez de denuncias y la falta de confianza en las autoridades y el miedo al que está sometida la población. Sin embargo, las cifras oficiales revelan un alza”, se denunció.
El informé destacó que, aunque aumentó significativamente la presencia de elementos de las Fuerzas Armadas, la presencia militar no ha logrado frenar la violencia ni garantizar la seguridad de la población civil.
Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México de la ONU Derechos Humanos, instó a las autoridades a actuar con urgencia y determinación para proteger los derechos de todas las personas en la región.
Apenas el 8 de febrero, el presidete López Obrador aseguró que la cantidad de personas que se han tenido que desplazar por la violencia en Chiapas no es significativa.
Son “muy pocos y estamos pendientes y ya se ha tranquilizado bastante”, señaló el mandatario.
En tanto, el Gobierno de Chiapas aseguró el 23 de enero que atiende en albergues a 701 personas que “reciben ayuda humanitaria consistente en alimentos, kits de aseo personal y cobijo” y señaló que estas personas no se les puede considerar desplazados, sino “personas en situación de vulnerabilidad”.
