Se nos prometió que en un plazo no mayor a seis meses, a partir de diciembre de 2018, tendríamos paz y tranquilidad social a lo largo y ancho del territorio nacional; luego, algo se atoró y se pidió más tiempo para cumplir lo prometido, pero que además, que se aprobara la creación de la Guardia Nacional de México, hecho que sucedió el 26 de marzo de 2019, teniendo como fines, “salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, así como preservar las libertades; contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social; salvaguardar los bienes y recursos de la Nación, y llevar a cabo acciones de colaboración y coordinación con entidades federativas y municipios”; sin embargo, a la fecha esos fines se han cumplido a medias y la inseguridad se sigue manifestado en sus diferentes expresiones como nunca antes se había visto, a tal grado que en algunas regiones del país hay ausencia del Estado Mexicano.
Se estableció el compromiso de proporcionar educación de calidad a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, alumnos de las escuelas públicas, lo cual es absolutamente falso, principalmente por la ineptitud, negligencia y falta de voluntad de quienes han estado al frente de la Secretaria de Educación Pública, que se han dedicado a desarrollar algunas ocurrencias contempladas en el “modelo educativo” de la Cuarta Transformación, llamado “la nueva escuela mexicana”, para supuestamente buscar la equidad, la excelencia y la mejora continua de la educación.
En lugar de ordenar los procesos de enseñanza-aprendizaje, de acuerdo a las necesidades económicas, políticas y sociales del país; para que los planes y programas de estudio se vincularan más a las necesidades laborales del sector productivo de bienes y servicios; para que los ciclos escolares fueran mínimo de 180 días de clases; se enseñaran los conocimientos básicos universales, para que todos los egresados de la escuelas primarias y secundarias publicas, supieran leer y comprender cualquier tipo de texto, y hacer las operaciones numéricas básicas; asimismo proporcionar espacios dignos y adecuados para la enseñanza-aprendizaje; se atendieran las necesidades de alumnos y docentes y se implementara un programa emergente para disminuir el rezago educativo, equivalente a dos ciclos escolares, como consecuencia principalmente de la COVID-19, enfermedad infecciosa provocada por el virus SARS-CoV-2.
Se dijo que se combatiría a la corrupción y a la impunidad, promesa que tampoco se ha cumplido. Sólo basta leer la información que se ha publicado en los diferentes medios de comunicación sobre la desaparición de más de 11 mil millones de pesos, entrega de convenios multimillonarios irregulares, extravíos de estados financieros, el otorgamiento de contratos a empresas fantasmas, así como otra serie de irregularidades y corrupciones que han sucedido en Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), organismo publico descentralizado , sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), creado en la administración de gobierno federal en turno, con el propósito de lograr la autosuficiencia alimentaria en maíz, trigo, arroz, frijol y leche.
Actos de corrupción que superan a la “estafa maestra” de la administración de Peña Nieto, los cuales quedaran impunes, al haber sido exonerado de toda culpa el Lic. Ignacio Ovalle Fernández, Director General de ese organismo, con el cuento de que fue engañado por unos malvados priistas que invitó a colaborar con él y traicionaron su confianza, como castigo fue castigo fue cambiado a otra área de la administración federal, quedando impune esos desfalcos al pueblo de México, al igual que muchos otros, como los que en alguna ocasión se mencionó que habían sucedido en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP), otro organismo público descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) o la impunidad en el caso de Ayotzinapa.
También se estableció el compromiso de proporcionar a la población servicios de salud de calidad al estilo Dinamarca, lo cual es imposible de cumplir por la deficiente infraestructura medica existente y por la falta de medicamentos, por la negligencia de los responsables de adquirirlos. Por otra parte, para consulta médica, se debe acudir a la clínica que le corresponda al derechohabiente, para lo cual es posible que se tenga que transportar por lo menos en dos combis de ida y dos de regreso a un costo de $ 10 pesos cada una de ellas, si le toca la ficha uno, esperará media hora, pero si le toca la ficha 10, esperará hasta cinco horas, así se sienta morir por algún dolor abdominal o por el mismo estrés provocado por la espera. Saliendo de consulta, tendrá que acudir a la farmacia para surtir la medicina indicada, donde posiblemente estén haciendo fila unas 40 personas con el mismo propósito, si corre con suerte le surtirán las medicinas, pero si se han agotado, le pedirán que regrese la siguiente semana y si en un mes no llega el medicamento, le indicarán que le pida a su médico familiar le actualice de la receta y a partir de ahí, reiniciar el ciclo de consulta médica. Ya se ha de imaginar lo que se sufre cuando se requiere consultar a un especialista, le programan la cita dentro de tres o cuatro meses.
Acudir al área de urgencia, no es nada recomendable, la atención esta en función del riesgo clínico del paciente, medido en una nomenclatura llamada Triage. El número I, considera la condición de salud extrema, que pone en riesgo la vida del paciente, por lo que requiere de una atención inmediata. El Triage II, considera un estado de emergencia, representando una potencial amenaza al estado de salud, deben de recibir atención médica rápida en un lapso de 30 minutos. El Triage III, define una condición aguda, no amenaza la vida del paciente, no requiere consulta médica de inmediato, puede esperar hasta 2 horas. El Triage IV, no compromete la vida del paciente y no representa riesgo evidente, puede esperar entre 2 y 4 horas y el Traige 5, no compromete la vida y se sugiere sacar cita para consulta externa.
En algunos hospitales regionales sólo cuentan con cinco camas para atender a los pacientes que van llegando y normalmente está sólo un médico de guardia, que posiblemente gane 15 mil o 18 mil pesos mensuales, por lo que hasta cierto punto es comprensible que en la mayoría de las veces primero termina de platicar con sus auxiliares y luego atiende al derechohabiente. En el caso de ser hospitalizado, se inicia otro calvario que lo más seguro termine cuando el enfermo decida buscar curación por su cuenta y no seguir exponiendo su salud al cuidado de algún médico residente que todavía no cuenta con la experiencia suficiente para atender paciente con ciertos padecimientos.
Se dice que los árboles se conocen por sus frutos y el hombre por sus hechos, partiendo de esta filosofía yo diría que una muestra del humanismo de la Cuarta Transformación de La Vida Nacional, se manifiesta en el trato que recibimos los adultos mayores beneficiarios del Programa “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores” a cargo de la Secretaría de Bienestar, que tiene como objetivo “contribuir al bienestar de las personas adultas mayores a través de la entrega de una pensión no contributiva que ayude a mejorar las condiciones de vida y que a la vez permita el acceso a la protección social”.
En teoría todo está muy bien, sólo que no se vale que se juegue con los sentimientos de la pobreza y marginación. Nos prometieron pagarnos dos bimestres (marzo-abril y mayo-junio de 2024) por adelantado, sólo que a la hora de querer cobrar dicha ayuda en un cajero ubicado en una caseta a la que le han llamado sucursal del banco del bienestar, la encargada del lugar nos informó que por el momento no se podía retirar ninguna cantidad de dinero, debido a que el sistema, se había caído, recomendándonos regresar otro día, ya que desconocía en que tiempo se reinstalaría el servicio.
Problema que se repite cada dos mese, ya sea que se vaya el sistema, se acabe el dinero o se formen filas de mas de cien personas, por lo que la mayoría de los adultos mayores prefieren retirar esos apoyos en cajeros de los bancos comerciales, aun cuando tengan que pagar una comisión por el servicio, la cual oscila entre los $ 30 a $ 35 pesos, lo que representa un jugoso negocio para esas instituciones bancarias.
Lo grave del asunto no son las filas o las comisiones a pagar, en esta ocasión, lo indignante es que muchos adultos mayores quisimos retirar esos apoyo de los dos bimestres mencionados, en cajeros comerciales y al indicar la cantidad solicitada a retirar, aparecía una leyenda que más o menos decía: “fondos insuficientes por rebasar la cantidad autorizada diaria a retirar”, sin recibir ninguna cantidad de dinero, pero dicha cantidad solicitada quedaba retenida por el banco y descontada del saldo total.
Al comentarle lo sucedido a la posible trabajadora de la Secretaria de Bienestar, me informó que efectivamente los cajeros de los bancos estaban reteniendo esas cantidades solicitadas y que posiblemente en unos quince días se hiciera la devolución, que en el caso que no fuera asís, acudiéramos a esa caseta que le llaman Banco del Bienestar, para iniciar un trámite administrativo y en un tiempo razonable recuperar la cantidad retenida.
Los adultos mayores no merecemos ese trato, todavía contamos con toda nuestra capacidad de razonamiento, si los cajeros comerciales no entregaron la cantidad de dinero solicitada es porque seguramente la Secretaria de Bienestar, no hizo los depósitos correspondientes y proceda a realizarlos en los siguientes meses, que están próximos a la jornada electoral. Por todo esto que ha sucedido y sigue sucediendo, tengo la impresión de que en la actual administración del gobierno federal, existen muchos funcionarios ineptos, negligentes y hasta corruptos. Además, ¿nos siguen mintiendo?
