Morelia, Mich.- De nueva cuenta la presión del presidente Andrés Manuel López Obrador se hizo presente en la actuación de los funcionarios de gobierno estatal respecto a la demanda de no desalojo de sus instalaciones de la Secundaria Popular “Felipe Carrillo Puerto” de parte de la Rectoría de la Universidad Michoacana.
Este viernes, durante la visita de López Obrador a esta ciudad capital, la comunidad del plantel educativo solicitó al Ejecutivo federal a través de mantas que cesara el proceso jurídico que encabeza la rectora Yarabí Ávila González apoyada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
En el transcurso del evento, señalan integrantes de la Dirección Coordinadora del plantel fundado hace 47 años y que atiende a 170 alumnos, se acercó el secretario de Gobierno de la administración estatal, Elías Ibarra Torres, para señalarles “que no nos preocupemos, que se buscarán algunas soluciones para continuar el proyecto, también que están buscando una buena opción para reubicarnos.”
Ante los ofrecimientos del funcionario, le señalaron que “la mejor solución para nosotros es no movernos y nos apoyen a la rehabilitación del edificio, estamos dispuestos al diálogo pero hasta el momento no hay propuestas de nada.”
Cabe señalar que este proyecto de educación popular, ya fue atraído por López Obrador en una de sus “mañaneras”, donde pidió a la Secretaría de Educación Pública que interviniera en el tema, actuación que hasta ahora no ha sido determinante en las pláticas que iniciaron con el gobierno estatal y que, a juicio de la Dirección Coordinadora del plantel, se iniciaron con la administración de Ramírez Bedolla por la intervención presidencial pero que las mismas no han pasado de no atender ni dar respuesta a las demandas de seguridad jurídica para seguir en el edificio, ubicado en la parte trasera del Colegio de san Nicolás de Hidalgo o Preparatoria 1 de la UMSNH.
Sobre la demanda de ser reubicados del inmueble propiedad de la Universidad Michoacana a otra sede, la comunidad del plantel ha señalado que la posibilidad no se contempla “dado que no hemos sido oídos ni vencidos jurídicamente”, en alusión al amparo interpuesto desde el año 2021 -cuando se dio el primer intento de desalojo por parte de la Rectoría-, mismo que no se ha resuelto.
