Morelia, Mich.- La sombra de la desconfianza sobre la presunta legalidad del proceso se mantiene a escasas horas de que se desarrollen las elecciones para renovar a la dirigencia del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM).
Como lo han venido planteando varias expresiones al interior del gremio, el proceso convocado por una “Comisión Organizadora” integrada por cuatro ex dirigentes sindicales, sigue llamando a la duda.
En un manifiesto, el seccional de la Facultad de Filosofía y del Instituto de Investigaciones Filosóficas cuestiona que el proceso de renovación tenga el aval del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), ello en vista de que no se cuenta con un documento oficial de la instancia que así lo garantice.
Otro punto que cuestionan es el padrón de agremiados que, cuestiona la representación gremial, regirá la participación de los afiliados, dado que dicha Comisión no ha dejado en claro sus criterios de aplicación o dinámicas que transparenten el listado, denuncian que el documento que se ha difundido muestra inconsistencias tales como docentes fallecidos o bien que ya no laboran en la Universidad Michoacana.
Al igual que en otras críticas hacia la instancia organizadora, se señala que el 33 por ciento de firmas a que se alude para justificar la convocatoria en base a la reforma laboral, no corresponden al proceso de renovación, sino que hay lineamientos en el propio estatuto sindical que plantean que el mismo porcentaje se debe invocar para una asamblea que defina la convocatoria, no directamente para un proceso electivo.
“No estamos de acuerdo con los procedimientos y premura con que dicha ´Comisión Organizadora´ se ha impuesto y, sobre todo, por estar fuera de los cauces legales que, como primera instancia, marca nuestro Estatuto vigente y el propio Centro Federal de Registro y Conciliación”, plantea el posicionamiento de Filosofía.
Tras señalar que desde el 2021 manifestaron su desacuerdo con el Comité Ejecutivo General (CEG) que encabeza Jorge Luis Ávila Rojas y que se ha excedido en su mandato, ya que debió cubrir solamente el periodo 2018-2021, los docentes señalan que “tampoco podemos estar de acuerdo con los eclécticos procedimientos en los que incurre la ´Comisión Organizadora´, ni la manera en la que surgió. Nos proclamamos a favor de que los órganos de representación democrática de nuestra organización tomen las riendas que estatutariamente les corresponden para dirigir este proceso con la certeza, credibilidad y transparencia que los afiliados merecemos y con el aval del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.”
Destacan “la falta de claridad estatutaria en este proceso electoral. El Estatuto es utilizado a modo y abundan las ambigüedades en las declaraciones de los miembros de dicha comisión. Se basan, cuando les resulta conveniente, en el Estatuto y, cuando este no coincide con los fines buscados, se acude a la reformada Ley Federal del Trabajo. Dando como resultado un discurso en el que prolifera la hibridación de ambos documentos, evidenciando ambigüedades jurídicas y estatutarias.”
Sobre la presunta participación del CFCRL que ha indicado la Comisión Organizadora, tendrá el proceso a desarrollar este jueves y viernes, los docentes señalan que “En la página del Centro Federal de Registro y Conciliación se explica el procedimiento para llevar a cabo la elección de representación sindical bajo el título de “Trámite Registro de modificación de directiva” (centrolaboral.org). Nos inquieta que dista mucho de lo emitido por la llamada ´Comisión Organizadora´ que, al parecer, ante cualquier cuestionamiento posee diversidad de explicaciones e interpretaciones al respecto.”
Respecto al padrón a regir el proceso, destaca que “la publicación del mismo queda reducida a tres días antes del pretendido proceso de elección, y la ´Comisión Organizadora´ no ha transparentado, a escasos días del proceso electivo, cuál será el procedimiento para su revisión ni qué instancias la llevarán a cabo, incumpliendo el Artículo 80 del Estatuto. Es falaz la generalización apresurada en la que incurren los cuatro miembros de la Comisión al señalar que, al no funcionar las estructuras sindicales, ellos tuvieron que tomar su lugar. Borra también la figura estructural de las secciones sindicales como la parte más orgánica del SPUM, las primeras instancias que validan la veracidad en la integración del padrón junto con la Secretaría de Organización y la Comisión Autónoma de Vigilancia.”
Sobre las irregularidades del padrón, denuncian “el que se ha filtrado, en el que aparece nuestra sección sindical, presenta serias irregularidades, a saber: la exclusión de compañeros con plenos derechos sindicales, la inclusión de compañeros fallecidos y de quienes no laboran ya en la universidad, así como compañeros que fungen como autoridades en el padrón y que hace años no ostentan ya esa función.
Para los docentes agremiados de ambas dependencias, es necesario retornar a la legalidad que marcan los lineamientos estatutarios del SPUM, “sin ambigüedades, con apego a la norma estatuaria y la Declaración de Principios de nuestro sindicato como primeras instancias. Lo cual implica exigir, al Consejo General constituido: primero, la pluralidad y representación democrática de las 43 secciones sindicales; segundo, la emisión pronta y oportuna de la Convocatoria para la renovación de la dirigencia sindical, con los tiempos adecuados que permitan manifestarse y participar a todas las expresiones de nuestro sindicato (con planillas cuidadosas de los perfiles de quienes las conformen para no incluir en ellas a personas que han lacerado derechos laborales, no sólo dentro de esta Universidad sino en otras instancias e instituciones exteriores a ella), personas que, en fin, estén dispuestas a acercarse a las secciones sindicales y someter sus programas y propuestas al debate y al cuestionamiento por parte de los afiliados.”
Además de las expresiones de desconfianza de liderazgos al interior del SPUM, cabe señalar que el mismo CEG que encabeza el cuestionado Jorge Luis Ávila Rojas hizo lo propio al descalificar por completo el proceso.
En el 2021, una fracción de afiliados desconoció y revocó el mandato al CEG que encabeza Ávila Rojas, bajo la acusación de negociar unilateralmente con la Rectoría, no consultar a los órganos de gobierno gremial y aceptar la reforma al Régimen de Jubilaciones y pensiones, y negociar directamente con las autoridades la revisión contractual anual, además de que ante sucesos posteriores a dicho año, guardó silencio ante los despidos de más de 20 académicos y el incumplimiento en pagos oportunos de salarios y prestaciones.
Sobre la convocatoria emitida el 7 de febrero por parte de la citada Comisión Organizadora, el grupo de Ávila Rojas señala que en una “próxima fecha” se emitirá la convocatoria de acuerdo a lo que plantean los estatutos sindicales y pide a los agremiados, “estar atentos a ello y no dejarse sorprender con documentos que solo pretenden confundir a los sindicalizados.”
La jornada electoral, de acuerdo a la convocatoria cuestionada, está prevista los días jueves y viernes 22 y 23 de febrero en tres sedes, el Auditorio de Usos Múltiples en Ciudad Universitaria y la Facultad de Odontología en esta ciudad capital, y en el nodo del Campus Uruapan de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en horarios de 09:00 hasta las 18:00 horas.
En la contienda participan solamente dos planillas registradas, la Plata y la Oro. De la primera, varias voces la identifican como la fórmula “a modo” de la Rectoría que encabeza Yarabí Ávila González, y a la segunda, se le liga como una tendencia integrada por simpatizantes de Morena.
