En los pasados días, tanto los grandes medios de comunicación como las redes sociales, se encendieron en un enorme debate frente al golpeteo político-mediático entre el presidente López Obrador y el periódico estadounidense The New York Times, iniciado por este último. La polémica había empezado desde hacía unas semanas, cuando se llegó a publicar que la DEA había iniciado una investigación del proceso electoral en 2006 en México, indicando que había supuestos indicios de financiamiento del crimen organizado en la campaña de López Obrador; al final la propia administración del gobierno estadounidense reconoció que dicha investigación no arrojó ningún resultado que pudiera vincular al político tabasqueño con el crimen organizado, incluso el propio medio de comunicación señalado refrendó dicha información en una nota posterior.
Aunque como se dice nada es casualidad en la política. Es evidente que la emisión de dicha nota no fue mera aleatoriedad, justamente ocurrió en vísperas del proceso de campaña electoral para elegir al sucesor o sucesora de López Obrador, y por supuesto que este tipo de reportajes aspiran a generar cierto grado de percepción pública. Un día después iniciaron una serie de hashtags en Twitter/X pretendiendo vincular a Obrador con el narcotráfico, tales publicaciones lograron posicionarse durante unas horas como principal tendencia en esa red social, siendo la oposición a la 4T una de las principales promotoras de dicha tendencia.
A pesar de que, al inicio, tales hashtags no parecían afectar la comunicación política del gobierno federal, la semana pasada el presidente adelantó en una de sus mañaneras sobre otra investigación del New York Times sobre supuestos vínculos de sus colaboradores e hijos con el narcotráfico. En dicha mañanera el presidente criticó a la periodista Natalie Kitroeff sobre dicho reportaje, señalando falsedad en el mismo y una presunta invasión a la vida personal de su familia, revelando el teléfono oficial de dicha periodista al día siguiente, expresando públicamente que por encima de la Ley Federal de Datos Personales estaba la moral y reputación del presidente y de su familia; estos dichos fueron tomados directamente por la oposición para criticar este supuesto atentado contra el periodismo.
Todo este asunto ha sido nota central en estos días, y tiene razones para serlo. Por un lado, es verdad que hay una competencia política en turno para conquistar la presidencia, competencia que inició desde finales del año pasado. Desafortunadamente este tipo de situaciones -ataques mediáticos, golpeteos políticos- no son inesperadas, lo que no justifica las ambiguedades y las notas sin sustento de cierto periodismo. La política es siempre una actividad polémica y que incluso en las naciones más democráticas y pacificas no es muy agradable, especialmente en lo que respecta a los ataques a la reputación o imagen pública de alguna figura importante, más aún si es jefe de gobierno.
Lo anterior debe ser entendido por los liderazgos políticos, sobre todo los del oficialismo. Además de ello AMLO se ha caracterizado por ser un líder muy crítico y contestatario contra la oposición, incluyendo los medios de comunicación que le son adversos, por lo tanto, no es novato en este ámbito de la política.
Debe indicarse que, en este aspecto, la réplica contra determinados medios de comunicación, en términos generales al menos, es legítimamente válida. Es también importante señalar que históricamente los medios de comunicación han gozado de una cierte “aura de invulnerabilidad” ante la crítica, sobre todo si esta es procedente de figuras de poder, por ende, hasta hace un par de décadas era muy mal visto que gobernantes criticaran y atacaran a los medios de comunicación, tildándolos de mentirosos o parciales, por lo cual muchas veces tenían que aguantar críticas que en ocasiones solamente buscaban ejercer presión política.
Pero realmente, no hay una razón específica para este tipo de conducta no escrita. Hoy en día, sobre todo gracias a las redes sociales, los medios de comunicación ya se encuentran también en el ojo público, incluyendo también su calidad periodística. Lo anterior ha causado que muchos medios históricamente relevantes hayan perdido a parte de su público frente a nuevas plataformas digitales. Especialmente en Estados Unidos.
En el país vecino los medios de comunicación parecían tener una visión más profesional y objetiva que sus homólogos latinoamericanos, pero la segunda década del siglo XXI, mostró su verdadera cara frente a las réplicas de una nueva generación política que estaba entrando en acción. Específicamente eran los movimientos rupturistas con la institucionalidad clásica los que empezaron a criticar el actuar de los medios de comunicación masivos de forma directa.
Desde los movimientos progresistas, como Occupy Wall Street y Black Lives Matter, hasta ultraconservadores nacionalistas como el Tea Party y el trumpismo, estas nuevas agendas políticas no han dudado en señalar parcialidad y poca objetividad en los medios clásicos e históricos. El ejemplo más radical de esto último sin duda es el caso de Trump quién en su cuenta de Twitter, ahora X, no dudaba en arremeter contra medios que le eran críticos tildándolos como vendidos o fake news, llegando a mofarse directamente de muchos periódicos y cadenas televisivas.
Esto ultimo puede verse polémico, y en algunas perspectivas hasta poco ético, aun así, es un ejercicio de réplica que en teoría cualquier ciudadano, incluyendo a un personaje como Trump, tiene la legitimidad de ejercer. Lamentablemente, entre 2015 y 2016 diversos medios de comunicación, incluyendo precisamente al New York Times, optaron directamente por posicionarse en favor de la candidata demócrata Hilary Clinton, indicando que Trump representaba una especie de amenaza para las libertades.
Al final, esta supuesta amenaza contra los medios no sucedió en ningún momento durante el gobierno de Trump, aunque claro que hubo severos golpeteos mediáticos, el magnate nunca se atrevió a practicar esquemas de censura directa contra ningún medio. Lo que si ocurrió fue un desplazamiento notorio en las líneas periodísticas de la mayoría de los medios de comunicaciones tradicionales estadounidenses, sobre todo los periódicos, quienes empezaron a directamente a utilizar sus canales de comunicación con el propósito de criticar duramente la imagen de Donald Trump, quien a su vez criticaba las notas o reportajes periodísticos de una forma muy visceral.
Si bien la conducta de Trump fue muy cuestionable, la fue aun más la de los grandes medios de comunicación, al rebajarse al nivel de Trump, es decir, criticar solo porque el contrincante ataque sin que se remitan a una investigación y análisis objetivo solo los volvió peores que él. Fue así entonces que muchos de los medios estadounidenses sacrificaron su calidad periodística y con ello su propia credibilidad, misma que hasta la fecha aún no han recuperado.
Retomando el caso mexicano, New York Times sigue siendo un medio muy cuestionado, no solo para el caso de México y Estados Unidos sino también por el propio análisis que han hecho de otros asuntos internacionales, así que también no es un medio que tenga demasiada fuerza en materia de credibilidad periodística, es más bien por el alcance mediático que tiene lo que lo ha hecho posicionarse.
La respuesta del presidente, ha sido por demás abrupta, es por supuesto válido criticar el reportaje emitido por este medio estadounidense, e incluso usar la mañanera para refutarlo es también un acto legítimo. Pero recurrir a filtrar los datos personales de la periodista que no están autorizados para dicho fin, es otro nivel. La propia ley mexicana lo prohíbe, aun así, el presidente optó por hacerlo aludiendo a que primero está la moral y la buena reputación, lo cual es preocupante.
No es el hecho de que existan réplicas o contrarréplicas sobre notas periodísticos, como ya se indicó con el ejemplo de Donald Trump, la ley permite a las propias figuras de autoridad refutar o criticar, si así lo consideran, lo publicado en medios de comunicación. Lo que es cuestionable es la violación a una ley bajo un argumento de supuesta legitimidad moral. En todo caso si el presidente considera que la ley federal de datos personales está mal o tiene defectos, hay un procedimiento legislativo para modificarla.
Violar la ley, aun si es una ley polémica, manda un mensaje negativo, y más lo será todavía si no hay represalia legal frente a esta violación, puesto que dicho mensaje pone en entredicho la existencia en el país del Estado de Derecho, el cual pareciera no interesarle que exista a la autoridad en turno, y que por consiguiente dicha autoridad puede obviar la ley cuando así lo considera conforme a sus intereses.
Se entiende también la molestia del presidente frente a los ataques mediáticos contra su familia, para enfrentar lo cual, en todo caso, hay elementos legales para proceder si así se considera. Para fortuna del presidente, pero de igualmente en términos negativos, en la mayoría de los países latinoamericanos, la institucionalidad legal esta muy poco desarrollada, como indicó en su momento Guillermo O’Donnell, somos una democracia delegativa, donde prácticamente el único freno y contrapeso real es el congreso nacional y las propias elecciones federales, existiendo en la práctica muy pocos órganos institucionales que puedan frenar de facto al poder presidencial.
Lo anterior seguramente le evitará problemas jurídico-institucionales al presidente, generándole en el peor de los casos decrementos en la percepción de legitimidad política que tiene hoy en día, aun así, cuenta con suficiente popularidad para mantener en pleno ejercicio su poder, prueba de ello fueron las manifestaciones realizadas por sus simpatizantes en Nueva York afuera de las oficinas del New York Times.
A pesar de todo ello, no es correcto que un presidente legitime la idea de violar una ley por motivos de supuesta legitimidad moral, especialmente si cuenta con los recursos para modificar dicha ley si hace falta. Asimismo, hay otro tipo de estrategia que pudo haberse ejercido; ahora en represalia por este tipo de acciones, están filtrándose los teléfonos de diversos funcionarios oficialistas, quienes, a su vez, de forma indirecta o no oficial, están filtrando los números de políticos de la oposición; nada de esto es sano ni maduro en una república democrática, la que además cuenta con severos problemas de corrupción e impunidad. Por lo tanto, lo anterior debe servir como otro ejemplo más del porqué es importante diseñar y configurar instituciones públicas para canalizar el ejercicio del poder de la mejor forma posible, o en todo caso de la forma menos dañina, para la sociedad.
