Todas las alarmas y focos rojos están encendidos. Este año electoral, y en especial el periodo de campaña que ya ha iniciado están bajo amenaza de las organizaciones delictivas como nunca antes. Si bien hace ya bastantes años que éstas han sido un factor actuante en los procesos electivos en los niveles municipales y estatales, los indicios señalan al actual como el de mayor riesgo para los partidos, candidatos y hasta operadores del INE en campo.
No es sino una consecuencia y reflejo de dos ingredientes causales paralelos y complementarios: la pugna de los consorcios criminales de diversos tamaños y poder por el control territorial, y sus intentos por capturar trozos del aparato estatal. Y sus formas y métodos son también variados, según lo expuesto por estudios ya difundidos: el soborno a políticos y autoridades, la inyección de dinero a las campañas, la movilización de grupos sociales para promover o inhibir la votación, la intervención en las casillas apropiándose de las urnas y boletas o destruyéndolas, la imposición de candidatos afines a sus intereses y las amenazas a los inconvenientes, el secuestro y desaparición y, en el extremo, el asesinato de los postulados a los cargos de elección o aspirantes a serlo.
Varios de esos procedimientos se encuadran abiertamente dentro de la violencia política, es decir la coacción directa mediante la fuerza a los actores de los procesos de elección. En primera instancia, las amenazas de muerte o desaparición a candidatos o sus familias ya han hecho que un gran número de ellos se retiren de la contienda. Tan sólo en Michoacán, uno de los tres Estados, junto con Guerrero y Chiapas, con más víctimas de violencia política, el PRD, PRI, Movimiento Ciudadano y Encuentro Social han anunciado haber sufrido renuncias de precandidatos o candidatos a regidores y alcaldes por amenazas (Gabriela Espinosa en https://www.sopitas.com/noticias/candidatos-alcaldes-michoacan-renuncian-amenazas-elecciones-2024/).
En un reporte del 12 de febrero, CitiBanamex advirtió de un alto riesgo de la incidencia de los criminales en las elecciones. Y comentó: “La debilidad del Estado mexicano ante el crimen organizado ha colocado al país en la tercera posición mundial entre los vulnerados por ese flagelo. Organismos internacionales, autoridades electorales y partidos políticos se han referido a la impunidad con la que, cada vez más, intervienen los cárteles en la competencia electoral, especialmente en el ámbito local, no sólo financiando a candidatos alineados con sus intereses, sino intimidando y eliminando a actores políticos opuestos” (José Gil Olmos en Proceso IX, marzo de 2024).
Y la peor de las modalidades de ese tipo de violencia es, por supuesto, el asesinato, que también se ha presentado ya en numerosos casos. Hasta el 9 de febrero pasado, Laboratorio Electoral registraba, de junio de 2023 a ese mes 33 víctimas de violencia política, 16 de ellos aspirantes a un cargo de elección popular. La consultora Integralia, por su parte, reportó al 7 de febrero 32 víctimas durante las primeras semanas de 2024, entre ellos siete aspirantes a cargos políticos asesinados. Data Cívica dio a conocer que los afectados por esa clase de violencia se han incrementado de 2018 a 2023 en un 235 por ciento. También de acuerdo con esta última organización, 2023 fue el año con más hechos de violencia por las bandas delincuenciales contra personas vinculadas a actividades políticas, con 574 casos (José Gil Olmos, Cit.).
Tan sólo en enero del presente año fueron cinco los crímenes atribuibles a las actividades políticas de las víctimas, en promedio uno por semana. Más recientemente, el 4 de marzo el excandidato por el PRI a la Alcaldía de Paso de Ovejas, Policarpio Ramírez Coria, fue muerto a balazos en un restaurante en la ciudad de Cardel, municipio de La Antigua. El occiso era primo del actual dirigente estatal del mismo partido, Adolfo Ramírez Arana, y hermano del ex alcalde de Paso de Ovejas, Abel Ramírez Coria.
Otro organismo de la sociedad civil, Observatorio Ciudadano, a través de su vocero Rodrigo Morales, coloca la “cercanía de la delincuencia organizada con las urnas” como el primero de diez puntos problemáticos para el proceso electoral en curso, y demanda más coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno y los partidos y candidatos para prevenir la posible violencia durante las campañas y los comicios (https://aristeguinoticias.com/0503/mexico/observatorio-ciudadano-alerta-de-10-elementos-a-vigilar-en-estas-elecciones/).
El lunes 5 de marzo la consultora Data Int refirió que son 20 aspirantes los que han sido asesinados en lo que va del año, en el que en total han ejecutado a 76 personas “potencialmente vinculadas al proceso”, un 20% más que en las elecciones de 2021.
En el plano internacional, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, frente a la elección de más de 20 mil funcionarios públicos, incluido el presidente, los integrantes de las cámaras de Senadores y Diputados y un gran número de representantes y autoridades estatales y locales, manifestó que es “un inmenso ejercicio de los derechos políticos y civiles [que] debe salvaguardarse”.
Significativamente, a pesar de que el partido que cuenta más víctimas entre sus filas, al menos seis ejecutados, el Morena, no ha hecho denuncias públicas. Un caso es el de Ricardo Taja, aspirante a la alcaldía de Acapulco y ex diputado federal por el PRI, que fue muerto en esa ciudad el pasado 22 de diciembre. Y en un solo día y en un mismo municipio, el de Maravatío, Michoacán, dos aspirantes a la presidencia municipal, Miguel Ángel Zavala Reyes, de Morena, y Armando Pérez Luna del PAN, fueron asesinados a balazos, según declaró el fiscal del Estado Adrián López Solís, para “quitarlos de en medio”. Ocho días antes, en el mismo lugar, el también morenista Dagoberto García Reyes fue secuestrado y asesinado por u grupo de hombres armados. Él también era aspirante a la presidencia municipal de Maravatío.
En el fin de semana pasado fue victimado también el precandidato del PT a la presidencia municipal de Atoyac de Álvarez, Guerrero, Alfredo González Díaz.
La violencia y la muerte ha llegado cada vez más alto en la escala política en el actual sexenio, afectando a las familias de políticos connotados en el escenario nacional. Imposible pasar por alto los casos de Antonio Monreal Martínez y Juan Pérez Guardado, ejecutados con pocos días de diferencia en Fresnillo, Zacatecas, el pasado mes de febrero. El primero, primo del ex gobernador y senador Ricardo Monreal Ávila y del actual gobernador David Monreal Ávila; el segundo, cuñado del senador, se desempeñaba como director de Desarrollo Social en el ayuntamiento de ese municipio.
Más recientemente, el 3 de marzo, el empresario Joaquín Alonso Piedra, ex suegro de la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado Pineda, y su esposa fueron atacados a balazos en su domicilio en una zona residencial de Acapulco. El primero murió al día siguiente en el hospital; su cónyuge quedó gravemente herida. Joaquín Piedra estuvo preso durante siete años bajo acusaciones de operar recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Se lo identificaba como presunto operador financiero del cártel de Los Beltrán Leyva.
Ante el ambiente de inseguridad, son hasta ahora 23 candidatos los que, según informó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Icela Rodríguez, han solicitado al gobierno medidas de protección. Se trata, dijo, de apenas una cifra mucho menor al uno por ciento de los participantes en los comicios. No obstante, esa cantidad muy bien podría ir aumentando conforme se desenvuelvan las campañas. Y el gobierno federal ha establecido el criterio de que la protección a los candidatos a puestos municipales ha de estar a cargo de las autoridades locales.
Sin embargo, la respuesta que, no por predecible es menos preocupante frente al flagelo que nos amenaza para esta temporada electoral, es la del presidente de la República, quien, como suele hacerlo, responsabiliza a la oposición y a los medios de difusión de amplificar los problemas para dañar a su gobierno. “No puedo hablar del tema porque cae en la esfera de lo electoral, pero es evidente que están utilizando lo de la violencia, magnificando, haciendo más grande lo que sucede, con propósitos políticos o politiqueros por esta temporada, por la campaña”, dijo ante pregunta expresa de los periodistas durante su conferencia de prensa del 6 de marzo. “No funciona y no les va a funcionar”, sentenció (https://aristeguinoticias.com/0603/mexico/amlo-acusa-a-oposicion-de-magnificar-violencia-con-fines-politiqueros/).
Pero cuando el mandatario rechaza tajantemente los muy generales señalamientos del alto comisionado Türk y descalifica también a éste declarando que es “con todo respeto, muy tendencioso” y que “está en contra de nosotros y hace comparsa con los que quieren demostrar que México es un país muy violento”, es cuando hay que pensar que, o intenta sólo justificarse porque carece de una estrategia para enfrentar un problema que lo ha rebasado pese a su estrecho maridaje con las fuerzas armadas, o padece ya de una paranoia que lo hace negar la realidad e inventar conspiraciones que incluso a escala mundial atentan contra su gobierno.
La violencia política y su forma exacerbada, el asesinato, no son sólo atentados contra los directamente afectados: candidatos, partidos e incluso instituciones electorales. Se trata de un problema que se está transformando en estructural y violenta, implicando los derechos de millones de ciudadanos, la incipiente y frágil estructura de la democracia electoral en México, amenazada también dese arriba por el poder presidencial. La captura de territorios y porciones del poder público por las empresas de negocios ilícitos —que ostentan ya sólidamente la categoría de transnacionales— tienden a establecer su descarnado dominio sobre la base de tácticas de terror sobre amplios espacios geográficos y grupos de la población.
Por todo ello, lejos de ser negada o minimizada, esa realidad, con sus facetas de sangre e impunidad, debiera concertar los esfuerzos de autoridades, organismos sociales y ciudadanos para enfrentarla en todos los espacios posibles antes de que el naufragio social y del Estado sea completo.
