Cada día México se encuentra más próximo a elegir quién ocupará la silla presidencial por los siguientes seis años. La persona que resulte electa tomará protesta en el último tercio del año presente para sustituir a Andrés Manuel López Obrador. A su vez esto conllevará a heredar las diversas problemáticas que hoy en día aquejan a prácticamente la mayoría de la población del país, especialmente en lo que respecta a la violencia e inseguridad.
Esto no ha pasado por alto de parte de las tres candidaturas a este cargo público. Tanto Claudia Sheinbaum, como Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, ya han expresado algunas potenciales estrategias para reducir el índice de violencia que existe hoy en día en México. Si bien algunas propuestas son interesantes y otras tantas se prestan a debate y discusión, es muy preocupante, y también lamentable, que hasta la fecha ninguna de las prominentes candidaturas haya mencionado siquiera el enorme problema estructural en materia policial y de procuración de justicia que afecta directamente al sistema jurídico-penal mexicano.
Las propuestas de seguridad que están presentándose más bien parecen apostar a incrementos salariales, duplicar efectivos o sustitución de fuerzas militares por fuerzas civiles, entre otras; pero no hay siquiera referencia alguna del enorme problema estructural sobre control y rendición de cuentas que hoy en día afecta tanto a las policías como a las fiscalías, tanto a nivel municipal, como estatal y federal.
En la actualidad hay huecos muy evidentes en los procesos oficiales para llevar a cabo acciones en materia penal, sobre todo cuando se aplican denuncias y se abren carpetas de investigación respecto de determinados hechos, así como también en el propio oficio policiaco.
En teoría, tanto los ministerios públicos como los efectivos de policía deben ser personas capacitadas para realizar su trabajo de la mejor forma posible y mantener un estricto apego a la ley. Ambas cosas no se aplican hasta el día de hoy. Por un lado, el esquema de contratación y capacitación de parte de las fiscalías y policías está mal controlado y administrado, muchas veces permitiendo el ingreso de personal que carece de preparación alguna para ejercer los respectivos oficios o que realmente no tiene capacidad técnico-jurídica para ejecutar adecuadamente las funciones.
Lo anterior ocurre debido a que los sistemas de contratación carecen de órganos fuertes que sean mucho más selectivos para contratar y asignar puestos en dichas instituciones, toda vez que, en lugar de tener un comité o consejo de contratación con gente preparada y experta y sobre todo con vigilancia pública, muchas de las contrataciones para estas dos corporaciones se hacen en la opacidad y a través del uso del padrinaje político o bajo ciertas “palancas”, lo cual de antemano degrada la calidad del trabajo, lo que a su vez incentiva a estas personas con poca preparación a desentenderse muchas veces de realizar bien su trabajo para no meterse en problemas, ya que estas mismas saben que no tienen la capacitación requerida.
De ahí se desprende el segundo punto que no se cumple hasta la fecha, el apego estricto a la ley. Se entiende que personas que no tienen determinada preparación y fueron introducidos en la policía o fiscalía no se sientan obligados a buscar la obediencia a la ley, sino meramente a quedar bien con sus superiores o con aquellos que lograron incorporarlos a la corporación respectiva.
No obstante, lo anterior no solo aplica muchas veces para quienes fueron introducidos por influyentismo o “palanca” al interior de las fiscalías y policías, lamentablemente también ministerios públicos y elementos de policía con capacitación relativamente aceptable se prestan a este tipo de conductas laborales, donde prefieren quedar bien con el jefe de área o directamente con el titular del órgano, a respetar y guiarse conforme lo que dicta la ley.
Desde luego esto se traduce en una corrupción enorme que afecta directamente el desempeño de la procuración de justicia y del actuar policiaco. Pero queda entonces la duda ¿Por qué se suscita este tipo de situación en México? ¿Por qué hay países donde la policía y los ministerios públicos si optan por apegarse a los principios legales frente a cualquier tipo de influencia que pudieran tener sus superiores o titulares de corporación?
La respuesta es debido a los procesos de configuración institucional de la administración pública, especialmente en el caso de algo tan sensible como lo es la seguridad y la procuración de justicia. En Estados Unidos, por ejemplo, siempre hubo la preocupación sobre cómo se controlaría a los cuerpos de seguridad pública, en especial para evitar que estos pudieran abusar de su posición al tener para sí mayor disposición de armas. Por lo tanto, la configuración de sus corporaciones de policía fue pensada de tal forma que en primer lugar tuvieran una capacitación logístico-jurídica que permitiera llevar a cabo sus funciones de manera adecuada, asegurándose de construir así órganos de seguridad que garantizaran el ingreso de gente con las aptitudes mínimas y que además se les permitiera ir escalando para mejores puestos si así lo deseaban.
En segundo lugar, el diseño de su sistema administrativo se pensó de tal forma en que la rendición de cuentas de los oficiales no fuera solo horizontal, es decir con el superior inmediate y el titular de la dependencia, sino que además crearon comités especiales donde debían informar las actividades que realizaran. De igual manera, la policía es al mismo tiempo vigilada por la propia fiscalía y otros departamentos civiles, quienes exigen directamente que los agentes policiacos realicen de manera adecuada sus funciones.
De cierta forma lo mismo aplica para los fiscales encargados de procurar justicia, quienes también se encuentran vigilados por otras entidades del Estado para evitar que abusen de sus funciones. Al mismo tiempo, en este país se cuenta también con un sistema de defensa laboral para asegurarse que ningún oficial sea injustamente despedido y que en todo caso si esto ocurre sea porqué dicho oficial violó explícitamente la ley. Por ende, la permanencia y adscripción de un oficial no es solo por la mera voluntad del jefe o titular de área o del órgano sino por un complejo entramado institucional que evalúa y analiza el caso del oficial para determinar su destino administrativo.
A pesar de que suena abrumador en términos institucionales y legales, este tipo de entramados ha permitido tanto a los miembros de las fiscalías como de las policías de ese país desarrollar plena confianza en su corporación, y sobre todo en la realización de su oficio, ya que con este tipo de esquema saben que pueden realizar bien su trabajo sin el temor a tener jefes que pretendan corromper o estorbar alguna parte del proceso. A su vez, esto mismo genera cierto grado de confianza en la propia ciudadanía al considerar que de esta forma es mucho más probable que la policía y la fiscalía responda a sus funciones conforme lo dicta la ley.
Es entonces que este tipo de sistemas de vigilancia y frenos y contrapesos al interior tanto de las fuerzas de seguridad como de las fiscalías ha permitido generar elementos policiacos y fiscales que realicen sus tareas de la mejor forma posible, sin tener que estar directamente supeditados a intereses políticos como tristemente ocurre en Latinoamérica, incluyendo México.
Desde la instalación del sistema de partido hegemónico dirigido por el PRI en la década de los treinta y cuarenta, tanto las procuradurías como las policías quedaron en manos directas de la dirigencia política de turno. Es decir, tanto procuradores como policías rendían cuentas directas al titular del área, quien a su vez rendía cuentas al presidente o al gobernador directamente, sin tener ningún otro órgano o departamento ajeno a la figura política señalada.
Lo anterior se tradujo en policías del régimen, que, si bien tenían bastante acceso a inteligencia policiaca, estas eran utilizadas solo cuando así le interesaba al gobernador o presidente de turno. Aunque durante algunos años sí hubo un interés genuino de parte de la llamada “dictadura perfecta” para mantener cierto esquema de estabilidad y seguridad en la nación; tal seguridad estaba fundamentada sobre todo en el uso de un aparato completamente represivo que no tenía inconveniente alguno en violar los procesos legales y que desde luego no estaba supeditado a rendición de cuentas reales, más que al propio presidente o dirigente político de turno.
Esto significó que por mucho tiempo las capacitaciones a los policías y ministerios públicos no estuvieran ligadas a la institucionalidad, ya que los asuntos en su mayoría se resolvían mediante intervención política de algún nivel. Cuando la dictadura de partido hegemónico comenzó a quebrarse en los ochenta y noventa, para finalmente ceder el poder y realizar una transición democrática en el año 2000, la mayoría de sus modelos institucionales permanecieron intactos, incluyendo el propio esquema de las fiscalías y policías.
Tristemente los gobiernos democráticos que siguieron a la transición nunca realizaron cambios estructurales de relevancia para obligar a la policía y a las en ese momento procuradurías a tener un buen sistema de contratación y profesionalización de sus elementos, que además estuvieran constreñidos para regirse única y estrictamente por la ley, teniendo para ello diversas áreas para rendir cuentas y con capacidad sancionatoria, sin importan quien fuese la autoridad política de turno.
En vez de eso se mantuvo el viejo esquema donde la policía y la procuraduría eran meras extensiones del poder político en las que solo la autoridad de turno ya fuese el presidente, el gobernador o el alcalde, era la única instancia real sobre la cual se podía rendir cuentas. Cuando se desató la guerra contra el narcotráfico en 2006, esta situación se vio reflejada en un incremento exponencial de la violencia, que lamentablemente era hasta cierto punto previsible.
Sin una buena profesionalización, apego a la ley, vigilancia y confianza en que podrán realizar adecuadamente su trabajo, muy difícilmente los elementos de la policía y las procuradurías, que después pasarían a transformarse en fiscalías, pueden ejercer un debido proceso que garantice la detención de criminales y el esclarecimiento de los hechos.
Hoy en día este viejo esquema de control político aun prevalece prácticamente sin ningún cambio. Por todo ello ojalá alguna o alguno de los aspirantes presidenciales plantee, por lo menos, la necesidad de revisar la composición administrativa de las policías y los órganos de procuración de justicia con el afán de modificarlos para apartarlos lo más posible de los intereses políticos y configurarlos de tal forma en que apliquen correctamente la ley y sus funciones en materia de seguridad.
