Morelia, Mich.- Serían liberados un total de 6 mil presuntos delincuentes en Michoacán, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elimina la prisión preventiva oficiosa, dio a conocer el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
Los cálculos relativos a la entidad provendrían de la Fiscalía General del Estado (FGE), mientras que la de la República (FGR), añadió el funcionario, estimaría 65 mil a nivel nacional.
Las declaraciones se dan en el marco de la recomendación que en este sentido hizo a México la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual está siendo atendida actualmente por la SCJN.
De resolverse en este sentido, argumentó el gobernador en tono alarmista, la SCJN estaría yendo en contra de la supremacía de la Constitución, además de que abriría la “puerta giratoria más grande del mundo”.
“Imaginémonos esa situación, vendría a complicar muchísimo el tema de seguridad. Todos estos posibles delincuentes, que muchos lo son, estarían otra vez en las calles, cometiendo delitos, porque se pondrían en libertad feminicidas, secuestradores, homicidas, es decir, sería prácticamente el caos”.
Lo anterior fue dicho, a pesar de que, según Impunidad Cero, organización no gubernamental, de cada 100 delitos que se comenten en México, sólo 6.4 se denuncian; y de cada 100 que se denuncian, sólo 14 se resuelven, por lo que existe apenas un 0.9 por ciento de probabilidades de que un delito cometido sea resuelto.
No politizar
A pesar de que Alfredo Ramírez hizo un llamado a los ministros a no politizar el tema, sus declaraciones están en línea con las que hace unos días expresó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, también morenista.
El titular del Ejecutivo Federal ha encontrado en este debate un motivo más para lanzarse contra el Poder Judicial, del que sugiere adherencia con los partidos opositores a su administración.
García Rodríguez y otro vs México
Cabe recordar que la recomendación para la SCJN fue hecha por la CIDH en abril de 2023, derivada de una investigación que acreditó que el Estado habría violado los derechos humanos de dos ciudadanos.
Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, acreditó este tribunal internacional, recibieron una sentencia en 2022, esto es, 17 años después de que fueron sometidos a la prisión preventiva oficiosa, por el presunto homicidio de María de los Ángeles Tamés, regidora de Atizapán de Zaragoza.
Durante este tiempo se habrían violado diversos derechos, además de lo señalado, por las torturas que, se acreditó, recibieron por parte de elementos de las instituciones del Estado mexicano.
Prisión preventiva oficiosa
Es de mencionar que la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que se aplica de forma automática, por disposición de ley y sin un debate previo ante un juez, en casos donde otras medidas sean insuficientes.
Aplica para casos donde se presume la responsabilidad en delitos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, entre otros.
En México, el 50.2 por ciento de la población privada de la libertad sin una sentencia se encuentra en prisión preventiva oficiosa; según datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
