El siguiente año se cumplirá un cuarto del actual siglo y con él, más de 200 años de la construcción de los Estados Latinoamericanos desde que está región del mundo consumó su independencia de los imperios ibéricos. Hoy en día la compleja situación social de la mayoría de países del subcontinente pone a dudar si en realidad se concretaron exitosamente los anhelos políticos de los lideres independentistas de aquella época.
Ciertamente no hay duda de la consolidación de los Estados Latinoamericanos como entidades políticas con plena independencia y soberanía, así como reconocimiento internacional. Sin embargo, hay dudas respecto a si la formación institucional para la distribución del poder dentro de estos Estado es la adecuada, e incluso también si realmente hay un auténtico poder central que garantice la integridad del propio Estado.
En total existen 20 países latinoamericanos con su respectivo Estado, cada uno con su propia historia por consiguiente cada uno con su propio desarrollo estatal. En general, la mayoría de los Estados latinoamericanos ya consiguieron desarrollar un poder central que garantice el pleno control territorial de la nación, únicamente Haití es el único país que aun no consolida un poder central que garantice la integralidad del territorio, y parcialmente Colombia, quién todavía no consigue llevar la presencia del Estado a zonas recónditas como las sierras montañosas o la selva amazónica.
Ahora bien, la mayoría de las naciones que consiguieron consolidar el poder central del Estado a través de todo su territorio lo hicieron prácticamente hasta finales del siglo XIX, a través de dictaduras o en el mejor de los casos de oligarquías. Sin embargo, sea como fuera estas autoridades consolidadoras del poder central de los Estados Latinoamericanos tuvieron como principal objetivo asegurar la integralidad territorial de sus propios países antes que cualquier otra circunstancia, incluyendo los procesos de institucionalización del ejercicio del poder político.
Es así como prácticamente el republicanismo y la democracia en la mayoría de la región hasta prácticamente comienzos del siglo XX fueron meros espejismos, ejerciéndose el poder de manera autoritaria y discrecional. Sería hasta la segunda década de dicho siglo cuando comenzarían las tentativas de iniciar procesos de institucionalización democrática; lamentablemente por las circunstancias históricas del momento esto no tuvo mucho éxito en la mayoría de la región, con las excepciones de Chile, Uruguay y Costa Rica quienes sí lograron una relativa consolidación de instituciones que permitieron regular de forma efectiva el ejercicio del poder en el Estado.
Para el resto de los países de la región el poder continúo siendo ejercido de forma mucho más vertical y arbitraria. Muchos de los Estados de la región mantuvieron la continuidad de gobiernos dictatoriales y autoritarios, como fue el caso de Nicaragua, República Dominicana, Honduras y El Salvador. Otros, tuvieron gobiernos democráticos, pero con muy poco impulso institucional como fue el caso de Argentina hasta finales de los sesenta. Otros más donde el autoritarismo fue derrumbado, pero en su lugar hubo un pacto oligárquico entre dos corrientes políticas para alternarse el poder como ocurrió en Venezuela y Colombia.
En otros países, las tentativas revolucionarias de cambio terminaron por generar gobiernos populares pero autoritarios como sucedió en México, Cuba, Perú, y también Brasil hasta los cincuenta. O aquellos donde directamente los procesos revolucionarios fueron truncados por gobiernos autoritarios tal como ocurrió en Guatemala, Bolivia y Paraguay. A lo anterior debe sumarse la intervención estadounidense en su llamada “Doctrina de seguridad” donde se financiaron gobiernos golpistas para mantener alejada a la región de influencia soviética, colocando dictaduras militares en prácticamente todo el cono sur, incluyendo Chile y Uruguay que sufrieron en aquel momento interrupciones bruscas en sus sistemas institucionales.
Después de la transición democrática a finales del siglo XX, las naciones latinoamericanas, con excepción de las ya indicadas al inicio, han logrado mantener el ejercicio del poder central del Estado para la integralidad territorial, sin embargo, aun resta el componente institucional para asegurar el control de la autoridad de parte de la ley.
La mayoría de los Estados Latinoamericanos únicamente se han limitado a desarrollar un institucionalismo para el mantenimiento del ejercicio democrático, es decir, limitar el ejercicio del poder central para garantizar la realización de elecciones libres, competitivas y periódicas. Pero eso ha sido todo, en los demás aspectos el ejercicio central del poder del Estado ha permanecido bruto, sin ningún tipo de canalización real a través de instituciones oficiales.
Los ejemplos más visibles que pueden observarse de esta falta de institucionalización son los elementos vinculados a la seguridad, los recursos financieros y los actos administrativos de las autoridades oficiales.
En el aspecto de seguridad tanto los agentes de policía como de procuración de justicia continúan supeditados a un control político directo que impide que puedan realizar adecuada y profesionalmente sus funciones, dependiendo muchas veces de las ordenes políticas para poder actuar, justamente bajo temor de afectar intereses políticos de por medio. Esto es apenas un de muchos ejemplos en materia de seguridad que ha impedido tener un auténtico Estado de seguridad tanto física como jurídica en la mayoría de los países de la región.
En materia financiera la situación no es mejor, la falta de vigilancia e instituciones con poder coercitivo real han evitado que las autoridades en turno rindan cuentas sobre probables desvíos de fondos públicos al momento en que han ejercido el uso del dinero del Estado. También en el aspecto administrativo, la situación es bastante negativa; los ordenes de gobierno ejercen el poder sin instituciones que les limiten o sancionen en caso de que abusen del ejercicio del poder, gobernando en términos prácticos de manera autoritaria sin que nadie pueda impedirlo en términos institucionales.
Esta falta de institucionalización es la que hace diferencia con las naciones del llamado primer mundo, si bien muchas de estas naciones afrontan varias problemáticas, el haber generado una institucionalización aceptable para la mayoría de sus sectores sociales les ha permitido resolver sus problemas sin tener que violar sus leyes, normas y principios, y sobre todo les ha permitido ejercer de manera mucho más responsable el poder. Lo anterior deriva del hecho que sin importar quién gane en una elección, su esquema institucional para el ejercicio del poder sujeta a la autoridad a no sobrepasar sus funciones respectivas y no tener más remedio que obligarse a sí misma a obedecer lo que marca la ley.
Al mismo tiempo esto último permite generar mayor confianza tanto en la ciudadanía como en la burocracia para realizar adecuadamente sus funciones sin tener miedo a que la autoridad superior genere algún tipo de represalia con motivos políticos. Sin embargo, esta institucionalización del ejercicio del poder central tuvo que pasar por prácticamente un siglo entero de conflictos en los países europeos para asegurar su consolidación, aunque el factor primordial e indispensable para que esta situación pudiera consolidarse fue la voluntad de las autoridades de ceder parte de su ejercicio de poder, renunciando a la discrecionalidad y aceptando configurar instituciones públicas que constriñeran de manera efectiva a la autoridad de turno, sin importar de qué partido político o movimiento social proviniera.
