Morelia, Mich.- El Consejo de la Junta Local Ejecutiva de Michoacán, del Instituto Nacional Electoral (INE), dictó medidas cautelares para que el gobierno del estado, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, instruya el retiro de propaganda electoral, ya que podría representar violaciones a los artículos 41 y 134 de la Constitución mexicana.
La sesión extraordinaria, llevada a cabo en las primeras horas de este sábado, se dio en respuesta a la denuncia del ciudadano José Gerardo Herrera Bermúdez, por 15 actos de publicidad visibles en tiempos de campaña, aun cuando la legislación lo prohíbe.
El proyecto propuesto, referido por el consejero presidente David Alejandro Delgado Arroyo, acredita que de los 15 actos de publicidad con logros gubernamentales, 8 ya fueron retirados y 7 seguían visibles al 20 de marzo del año corriente.
También expuso que entre las evidencias recabadas está el contrato del servicio prestado por una empresa privada, que establecía que los espectaculares estarían montados entre el 1 y el 29 de febrero, esto es, justo antes del inicio del periodo de campañas (1 de marzo).
Es en atención a esto, y a que no se trataría de una conducta “sistemática” y “permanente”, el representante de Morena, Rigoberto Márquez Verduzco, regateó las acciones a tomar, pidiendo al Consejo dejar a un lado las medidas cautelares y hacer simplemente un exhorto para que se retire la propaganda aún visible.
“Podría haber una cacería política a un acto menor que no tiene una intención de mala fe, que no es sistemático, que no es repetitivo, que no está dándose consecutivamente en ruedas de prensa, en entrevistas… Hay evidencias de que [el gobernador] ha evitado dar a conocer obras que aún se encuentran en proceso, y que son vitales para municipios como Zamora, Tarímbaro, Uruapan, para evitar violentar cualquier situación y darle alguna ventaja electoral. Es más un descuido de las empresas contratadas para la publicidad que un acto de mala fe del gobernador y el gobierno de Michoacán”.
En sentido contrario se pronunció Lenin Soria Granados, consejero del Partido Acción Nacional (PAN), quien señaló incluso que la medida cautelar le parece “demasiado corta”, ya que “el gobernador tiene pleno conocimiento de los procesos electorales” y que “lo único que deja ver es la falta de respeto al proceso”.
Lo acompañó en lo general Gerardo Antonio Cazorla Solorio, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien sostuvo que emitir un exhorto podría ser “como minimizar el asunto, y dejarlo para ver si se cumple en otro momento”, algo que seguiría poniendo en riesgo la equidad en la contienda actual.
Por su parte, el consejero Jorge Alberto Zamacona Madrigal consideró que las medidas cautelares responden a la necesidad de una “acción ejecutiva, inmediata y efectiva”.
Argumentó que, aun cuando el gobernador y los funcionarios de orden estatal no hubieran tenido intención de incumplir la ley en un primer momento, “deben asegurarse de que las empresas que contrataron cumplan con lo que tienen que cumplir”, opinión a la que se sumó el consejero presidente.
Finalmente, por unanimidad se decidió que el INE dictará las medidas cautelaras, que serán notificadas en un plazo de 48 horas a las autoridades estatales, quienes tendrán 12 más para instruir el retiro de la propaganda todavía visible, y con ello se turnará el caso a la sala judicial especializada, encargada de juzgar el fondo, esto es, si realmente se violó o no la normatividad.
Cabe recordar que el artículo 41 constitucional dice, en su base III, apartado C, segundo párrafo que “toda propaganda gubernamental” está prohibida en el periodo que comprenden las campañas electorales, y hasta el día de los comicios, excepto en temas relacionados con servicios educativos, de salud o de protección civil en casos de emergencia.
Por otra parte, el artículo 134 en su párrafo 8, señala que toda la comunicación social “deberá tener carácter institucional”, y que en ningún caso incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
