Rusia acusa a EU de reclutar a presos mexicanos y colombianos para combatir en Ucrania

El Servicio de Espionaje Exterior de Rusia acusó a compañías militares privadas de EU de reclutar a presos de México y Colombia para la campaña militar de Ucrania.

Moscú, Rusia.- El Servicio de Espionaje Exterior (SVR) de Rusia acusó este martes a compañías militares privadas de Estados Unidos de reclutar a presos de México y Colombia en las cárceles estadounidenses para enviarlos a combatir en la guerra de Ucrania.

“Las compañías militares privadas de EU, bajo la dirección de la Administración Federal de Control de Drogas y el FBI, comenzaron a reclutar a representantes de los narcocarteles mexicanos y colombianos que cumplen penas en cárceles estadounidenses para participar en el conflicto ucraniano”, informó el SVR en un comunicado.

“Por supuesto, las perspectivas de una nueva inyección de ‘soldados de fortuna’ escogidos entre asesinos en serie, drogadictos y violadores (…) genera preocupación. Sin embargo, los planes estadounidenses de lograr con esto una ventaja táctica en el campo de batalla está destinados al fracaso”, añadió el SVR.

Según EFE, añadió que está previsto que la primera partida de “estos sicarios sea trasladada al campo de batalla en verano de este año. La banda criminal estará conformada por varios cientos de mexicanos y colombianos. En caso de que acepten este ‘trabajo’ se les promete la amnistía total con la esperanza de que jamás retornen” de Ucrania, indicó la entidad.

El SVR alertó de que “si el proyecto piloto (…) resulta, el programa de reclutamiento de presos continuará y se ampliará con el llamamiento de criminales de otros países con graves situaciones de criminalidad”.

El SVR señaló que esto muestra que la Administración del presidente Joe Biden “admite en la práctica su impotencia y nos demuestra una vez más la inconsistencia del régimen de Kiev aupado por ellos”.

Tras el fracaso de la contraofensiva estival de 2023, Ucrania ha tenido grandes dificultades para el llamado a filas, que se han agravado con las demoras en la aprobación de una nueva ley de movilización, que lleva cuatro meses empantanada en la Rada Suprema.