La sequía ha puesto al descubierto que la política hídrica ha sido rebasada. Uno de los efectos de ese rebasamiento es que la infraestructura hídrica ya no es suficiente para asegurar la demanda de agua de las ciudades y de los pueblos, desde hace bastantes años.
La legislación en la materia y los instrumentos reguladores se han quedado muy pequeñitos frente a una realidad que fue y ha sido menospreciada. No haber invertido suficiente previendo el crecimiento demográfico, agrícola e industrial, nos tiene contra las cuerdas.
La Ciencia nos había advertido hace mucho tiempo del Cambio Climático y sus efectos en la disponibilidad de agua. Los gobiernos, sin embargo, no le dieron la importancia que merecía y se sintieron cómodos al posponer una y otra vez la asignación de los recursos para anticiparse a los tiempos adversos que se sabía que llegarían.
Tan escandaloso fue ese descuido que ha ocurrido un fenómeno que contrasta dos realidades hídricas. Por un lado, tenemos que con la llegada de los mega cultivos aguacateros y de frutillas la iniciativa privada construyó decenas de miles de hoyas captadoras, capturando ríos, arroyuelos, escurrimientos y manantiales y perforó una infinidad de pozos, que hoy solo son utilizados para mantener hidratados los huertos; y, por otro lado, el sector público, es decir el gobierno en sus tres niveles, se quedó años luz de distancia en la construcción de infraestructura hídrica para uso doméstico, agrícola e industrial.
En el momento en que el gobierno abandonó de facto la construcción de infraestructura y abandonó también sus facultades reguladoras entregó, también de facto, el agua a quienes desearon privatizarla.
En términos absolutos Michoacán sí tiene una abundante infraestructura hídrica, pero es privada y su finalidad no es como lo establece la ley: el consumo doméstico luego el uso urbano y después el consumo agrícola e industrial, su propósito son los cultivos aguacateros y de frutillas. O sea, los cultivos están por encima del derecho humano de las personas, contrario a lo que establece la Constitución.
El gobierno, que claudicó a construir la infraestructura que necesitaba la población y que claudicó igualmente en sus atribuciones regulatorias, es responsable directo de la crisis hídrica que vive el país y Michoacán en particular.
La mayoría de los municipios michoacanos adolecen de las obras públicas indispensables para el suministro y tratamiento de las aguas. Por ejemplo, mientras falta esta infraestructura pública, en Pátzcuaro en sus cerros la infraestructura llega a 800 hoyas captadoras; mientras en Madero es inexistente la obra pública hídrica en sus serranías existen más de 850 hoyas concentradoras.
El agua está, pero está en las hoyas, y está en las hoyas porque las instituciones gubernamentales lo han permitido volteando la cara para otro lado. La inmensa mayoría de las decenas de miles de hoyas existentes en el estado no cuentan con el permiso respectivo de aprovechamiento de Conagua, y sin embargo, no son clausuradas; la inmensa mayoría no cuenta con permiso de cambio de uso de suelo, y por esa razón hasta ahora no han sido canceladas; la mayoría no cuenta con estudios de impacto ambiental, y sin embargo, no han sido sancionadas y abatidas; tampoco cuentan con la autorización correspondiente de Protección Civil para garantizar la calidad de la construcción, y sin embargo, nadie ha impedido su edificación. ¡La impunidad es escandalosa! La impunidad es la ley.
Las hoyas concentradoras están en auge desde hace 30 años, y, sin embargo, durante todo este tiempo no han sido reguladas e incorporadas en las leyes de la materia. Es francamente kafkiano que, habiendo tan solo en Michoacán, decenas de miles de ellas, el concepto jurídico no exista en la ley de aguas nacionales. ¡Es absurdo! Alguien no está haciendo su tarea. ¿Nos preguntamos cuáles serán las razones para que esto no ocurra?
La solución al problema hídrico debe considerar aspectos esenciales como el reconocimiento del abismal rezago que padecemos en infraestructura para almacenar y administrar agua para zonas urbanas y rurales de uso público, el freno urgente al cambio de uso de suelo y la recuperación de bosques y zonas de infiltración, implica la reforma a la Ley de Aguas Nacionales para que estados, municipios y autoridades locales, tengan facultades operativas.
