Morelia, Mich.- Como una “flagrante violación a los derechos humanos” calificó Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular del Instituto de la Mujer Moreliana e Igualdad Sustantiva (Immujeris), las actuaciones de la Guardia Civil en contra de menores que se habrían fugado de la Casa Hogar “Gertrudis Sánchez”, ubicada al oriente de Morelia.
La funcionaria se refiere a los hechos ocurridos ayer, y viralizados por medio de un video en redes sociales, en que se puede observar a un grupo de menores siendo arrestadas, incluso con esposas, quienes coinciden con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado (FGE) desde el lunes.
“Para empezar un niño no puede ser esposado, mucho menos subidos a una patrulla, como se observa en la imagen. Me parece una actitud muy negligente de entrada, pero con mucha responsabilidad también en la garantía de los derechos humanos de estas niñas”.
No sólo las corporaciones policiacas habría incurrido en violencia institucional, argumentó, sino también el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), encargado de esta Casa Hogar, y el gobierno del estado en su conjunto.
Para sostener lo dicho se refirió a la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC) que establece que “se entiende por violencia toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente”.
A su juicio esta hipótesis se verificaría en el caso señalado, ya que esta es la tercera ocasión que un grupo de menores se fuga de esta Casa Hogar, la primera en enero (24 niñas y adolescentes), la segunda en febrero (dos) y la tercera, la más reciente, cuando estuvieron siete niñas involucradas.
“El que las niñas salgan de estos albergues no nada más invoca a revisar qué es lo que está pasando adentro, sino a revisar qué es lo que pasa una vez que las niñas están fuera de estos albergues, y los demás riesgos en que estas menores de edad se enfrentan donde las niñas están expuestas a otros delitos, desde violencia física, violencia sexual”.
En tanto que han sido reiterados los casos, y hasta ahora no se ha planteado un proyecto para intervenir en favor de quienes habitan en esta instancia, Nuria Hernández añadió que la situación implicaría incurrir en violencia institucional, según lo que estipula la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En su capítulo V, el documento referido establece que esta práctica se da cuando los servidores públicos de cualquier orden de gobierno “tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia”.
La directora adelantó que el Immujeris está valorando, de la mano de la Secretaría del Ayuntamiento y el DIF municipal, buscar la manera de dar resguardo a las menores referidas, como sujetos institucionales obligados a procurar sus derechos ante la flagrancia de su violación.
