Morelia, Michoacán.- Abogados de la sociedad civil e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentaron este domingo ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, por la incursión policial a la Embajada mexicana en Quito, donde las fuerzas de seguridad detuvieron al exvicepresidente Jorge Glas.
Según Europa Press, los denunciantes consideran que Noboa “debe ser investigado y sancionado por ordenar el allanamiento a la sede diplomática, por la violencia ejercida en contra de los funcionarios de la Embajada, por la privación de la libertad y el secuestro de Glas, asilado, así como por lesiones y detenciones ilegales contra funcionarios mexicanos, el espionaje y hostigamiento en contra de la sede y por los daños causados”.
Indicaron que a la Fiscalía le compete investigar los hechos presuntamente ilícitos, dado que el Código Penal Federal establece que se consideran como ejecutados en territorio nacional los delitos cometidos por mexicanos o extranjeros en las embajadas y delegaciones”, informa el periódico ‘La Jornada’.
El Ministerio Público está dotado para perseguir, procesar y sancionar a los presuntos responsables de los crímenes tipificados en el Código Federal y en los instrumentos aplicables del Derecho Internacional, ya sea porque se cometan en su territorio o contra sus ciudadanos.
Además, señalaron la existencia de otros posibles delitos previstos, como motín, terrorismo internacional, asociación delictuosa, allanamiento de morada y asalto, lesiones, privación ilegal de la libertad, y daño en propiedad ajena.
Con todo, consideran que se incurrió en crímenes de lesa humanidad, de tortura y de encarcelamiento en violación de normas fundamentales del Derecho Internacional.
La Policía de Ecuador ingresó la noche del 5 de abril en Embajada mexicana en Quito, para detener al exvicepresidente Jorge Glas que era asilado en la embajada desde diciemsbre de 2023.
Las autoridades de Ecuador acusan al exvicepresidente de un supuesto delito de malversación de caudales públicos por los trabajos de reconstrucción en la provincia de Manabí tras el paso de un fuerte terremoto en el año 2016, que dejó más de 670 muertos.
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