Morelia, Mich.- Pobladores de San Miguel del Monte seguirán los cauces legales para solicitar la remoción de su jefe de tenencia, Leopoldo Campuzano Tinoco, iba a conocer Hugo Ramón Velázquez, vocero y presidente del Comité del Agua, tras una mesa de diálogo instalada por autoridades municipales ante la toma del Palacio de Gobierno de Morelia.
La remoción era, precisamente, el motivo por el que se movilizaron el día de hoy, sobre la premisa de que el auxiliar de la administración habría omitido consultar a la población si estaba de acuerdo con que su “compadre”, Miguel Ángel Prado, operara una empresa comercializadora del agua que nace del manantial de La Mina, de donde se abastece la tenencia.
En la mesa de diálogo habrían estado presentes Juan Carlos Becerra Beltrán, director de Gobierno del municipio, y Yankel Alfredo Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia, quienes habrían explicado a los inconformes, relató Hugo Velázquez, cuál es la ruta institucional para solicitar una decisión de este tipo.
El acuerdo para levantar la toma del Palacio de Gobierno y la Avenida Madero, a donde también se extendieron, habría sido, continuó , que el día de mañana presentarán algunos documentos para que, en primer lugar, reconocido el Comité que representaría los presuntos intereses de los inconformes.
Posteriormente serían presentadas las firmas, presuntamente ya reunidas, donde la mayoría de los habitantes de esta comunidad de alrededor de 700 pobladores, estaría exigiendo la remoción del acusado, así como las pruebas que tendrían que serbvalidadas, después, por una comisión electoral especial del Ayuntamiento y la Contraloría del municipio.
“El ayuntamiento se va a encargar de resolverlo, del Ayuntamiento nos dicen, en base a las pruebas que nosotros ya traemos, que ya presentamos, que él no tiene posibilidades de defenderse, porque ya queda comprobado los delitos que él cometió”, aseguró Hugo Velázquez que les habrían dicho, tal cual, las autoridades interlocutoras.
Consultado al respecto horas antes, Yankel Benítez fue más moderado en el planteamiento, y se limitó a decir que se había proporcionado información a los quejosos sobre los cauces legales, y que en su momento se valoraría si, efectivamente, Leopoldo Campuzano sería removido o no de sus funciones.
A pregunta expresa de la prensa, mencionó también que, aunque hay un legítimo conflicto, ya que la población no cuenta con el servicio del agua como solía tenerlo, sí habría percibido tintes políticos en la organización social, afines al partido Morena, esto, durante su acercamiento inicial para mediar entre los pobladores y el pipero.
“Personalmente estuve allá, y lo pude percibir, hubo dos, tres comentarios de carácter político. Yo lo palpé, porque yo estuve ahí”.
Cabe mencionar, sin embargo que esta es la tercera movilización de los quejosos, la segunda fue ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), órgano de orden federal que se encuentra actualmente bajo una administración también morenista.
Vecinos de la comunidad han estimado, según declaraciones previas, que La Mina estaría siendo saqueada a una velocidad de 40 pipas al día, cada una de 10 mil litros, derivado de lo cual llevarían cerca de seis meses con un servicio de agua solo por las noches.
Eso representaría un problema de salud para la población, agregaban los afectados, ya que no solo utilizan el agua del manantial para la limpieza cotidiana, sino también para su consumo, necesidad que actualmente están satisfaciendo a través de los ojos de agua de comunidades aledañas.
