Como ha venido sucediendo ya desde hace décadas, en el presente ciclo escolar 2023-2024, miles de niñas, niños, adolescente y jóvenes que asisten a las escuelas públicas recibirán menos días de clases y por supuesto de horas, con relación a las señaladas por la Secretaría de Educación Pública en el calendario escolar correspondiente.
Lo que ocasionará que los temas de los programas de estudio no se desarrollen en su totalidad, incrementándose el rezago educativo en todos los niveles de enseñanza y obstaculizando la posibilidad de mejorar la calidad de la enseñanza.
Se programó iniciar el ciclo escolar el día 28 de agosto de 2023, con una duración de 190 días de clase efectivas y concluirlo el 16 de julio de 2024; no sin antes durante los cinco días laborales de la semana anterior a la fecha de inicio, se les impartió a los docentes, profesores o maestros un taller intensivo de formación continua, al parecer para que se vayan familiarizando con el lenguaje que utilizaran en la nueva forma de enseñanza, inventada por la cuarta transformación, que supuestamente a través de la nueva escuela mexicana se logrará alcanzar la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación.
Hasta mediados de mayo las actividades escolares se desarrollaron sin interrupción alguna tal y como se habían programado originalmente; pero de un momento a otro, miles de docentes, profesores o maestros que pertenecen a la conocida organización sindical llamada Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la cual se formó el 17 de diciembre de 1979, como una alternativa al Sindicato Nacional de Trabajador es de la Educación (SNTE), decidieron abandonar las aula para manifestarse públicamente reclamando sus derechos laborales, dejando sin clases a miles de alumnos de educación básica.
Como medida de presión para negociar favorablemente sus demandas ante las autoridades educativas, decidieron bloquear calles, avenidas, bulevares, plazas, carreteras, oficinas de gobierno, instalarse en plantón permanente en lugares estratégicos como el Zócalo de la Ciudad de México, bloquear entradas y salidas a los depósitos de almacenamiento de combustible, como en Tuxtla Gutiérrez o la obstrucción a los aeropuertos de la Ciudad de México y de Oaxaca y hasta llegar al extremo de dañar alguna unidad móvil particular, por el simple hecho de que su propietario manifestó su inconformidad por la obstrucción al libre transito.
Se dice que los docentes, profesores o maestros, entre otras demandas están solicitando el 100 % de incremento salarial retroactivo al primero de enero de 2024; el pago de las prestaciones económicas pendientes desde 2018; disminución del porcentaje del Impuesto Sobre la Renta (ISR); que las prestaciones se sumen al salario nominal; que se destinen mayores recursos presupuestales a la educación del pueblo, equivalente al 12% del Producto Interno Bruto.
Así también, demandan la regulación de las plazas laborales para dar certeza jurídica laboral a los interesados; mejoramiento de los servicios médicos que proporciona el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); el pago de las pensiones y jubilaciones con base a salarios mínimos y no en Unidad de Medida de Actualización, como ha venido sucediendo desde 2017; 90 días de aguinaldo y asignación de plazas a los egresados de las escuelas normales, sin que tengan que someterse a un examen de admisión.
Si bien es cierto que es muy cuestionable la forma en que los docentes, profesores o maestros se manifiestan para reclamar sus demandas laborales, circunstancialmente hasta con actitudes agresivas hacia terceros que nada tienen que ver en el asunto. Pero sobre todo cuando dejan sin clase a miles de alumnos, ocasionándoles un mayor rezago en su proceso educativo difícil o imposible de revertir. Asimismo, que en mucho de los casos dichas movilizaciones son encabezadas por personas con intereses muy particulares y que desde hace años cobran plazas de docentes sin haber impartido una sola hora de clases, justificando su situación laboral mediante una comisión sindical.
La realidad de las cosas, a excepción del incremento salarial del 100%, todas sus demandas son muy justas y necesarias, el salario promedio que percibe un docente, profesor o maestro a parte de ser indigno es insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de una familia, en nada compensa el trabajo que a diario realiza dentro del aula, a veces atendiendo grupos de más de 50 alumnos, teniendo que hacer uso de la imaginación para sustituir la falta de material didáctico y de una infraestructura educativa adecuada. La percepción salarial de los trabajadores de la educación no es proporcional al esfuerzo realizado, mucho menos en comparación con el perciben profesionistas en el desarrollo de otras actividades.
Por otra parte, cuando falta más de un mes para concluya el actual ciclo escolar, las autoridades educativas ya están pensando en adelantar vacaciones de fin del ciclo escolares, en aquellas escuelas que se ubican en las regiones más cálidas del País, para no exponer a los alumnos a las altas temperaturas que se generan en esos lugres a consecuencia del cambio climático. Medida con la cual pretenden ocultara la falta de mantenimiento de las instalaciones educativas, en particular de las ubicadas en esas regiones donde el clima es extremo en algunas épocas del año.
Estos problemas tan visibles, nos indican que persiste el desorden en el Sistema Educativo Nacional, por la negligencia e incapacidad y falta de voluntad de quienes han administrado la prestación del servicio educativo en las últimas cuatro décadas, sin que se avizoren mejores tiempos. Por lo pronto, se deberá implementar una nueva forma de protesta, de manera que no afecte a tercero mucho menos el proceso educativo de la población.
