Morelia, Mich.- Autoridades del gobierno del estado habrían abusado del desconocimiento en materia legal de elementos de la Guardia Civil, quienes firmaron, el pasado miércoles, un acuerdo para levantar un bloqueo en el periférico de Morelia, a cambio de que les fueran pagados adeudos injustificados a sus bonos por riesgos.
Así lo expresó Óscar Lemus de la Torre, abogado presente este viernes en la manifestación que retomaron los quejos, luego del presunto incumplimiento de los compromisos asumidos en la minuta firmada por el secretario de Seguridad Pública (SSP), José Alfredo Ortega Reyes, el subsecretario de Gobernación del estado (Segob), Juan Carlos Oseguera Cortés, y el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), Cesar Edwin Coria Sánchez.
“La autoridad abusó del desconocimiento de las leyes y del desconocimiento de los procesos de los elementos”.
El argumento fue, por una parte, que no se cumplió el acuerdo de pagar a todos los elementos que se vieron afectados por el descuento del 15 por ciento al bono “Banbajío”, y que sólo se dio solución a 10 de los inconformes, presentes en la mesa del pasado 12 de junio.
“Faltan más del 60 por ciento de los que se les descontó, ni siquiera fue el 40 por ciento de los descontados. Es que se les descontó por grupo. Lo que no saben los elementos que no están aquí es que les va a llegar su hora también. Es que este recorte no es un error, son estrategias de amortización que ellos traen. Aquí lo que se tendría que hacer es una auditoría”
Esto último responde a que, según un documento presuntamente filtrado a través de grupos de WhatsApp de elementos policiacos, hay personal administrativo de la SSP que perciben por concepto de riesgos un bono superior a los de los mandos operativos.
Dijo, por ejemplo, que lo habrían recibido seis personas de la oficina del secretario, por un monto de 20 mil 550 pesos, 66 de la Ayudantía, por 20 mil 550, 13 del área de Comunicación, por 11 mil 692, a 33 trabajadores de la Secretaría Técnica de la SSP, 9 mil 090, 91 personas del Departamento de Asuntos Jurídicos recibirían 7 mil 142, razón por la cual el abogado insistió en que lo que se tendría que ejecutar es una auditoría.
“Colegas, no jueguen, ¿en serio tienen el valor, el descaro, el temple, para ir a cobrar un recurso que es para personal operativo? La gente de cocina del secretario, porque no es cocina general, cocina del secretario, son 12 elementos y se les da 6il 333 para ellos. ¿Qué riesgo tienen en la cocina? ¿Cortarse? ¿Quemarse? ¿Ellos hacen funciones de investigación de policía? Eso es lo que se tiene que ver en la minuta, y no pedir 12 mil por pedir 12 mil, porque así no es la cosa”.
Con esto último se refiere a que durante el bloqueo de dos días, de los pasados martes y miércoles, la demanda de reintegro de los descuentos aplicados escaló a la del incremento del bono, de 5 mil 500 a 12 mil pesos, lo cual se acordó revisar en una mesa de análisis “transparente” el próximo 26 de junio.
La manifestación, sostenida por apenas una treintena de uniformados, ha pasado por al menos tres mesas y dos minutas de acuerdos, echadas para atrás, en parte, por la falta de organización interna de los quejosos, quienes no terminan de consensar una vocería ni un pliego petitorio firme.
