Morelia, Mich.- “La participación social es un legítimo derecho de los ciudadanos, y en estos tiempos se vuelve muy necesario que estén enterados y sean partícipes de las decisiones que llevan a cabo las autoridades”. Así inició la entrevista telefónica con Juan Francisco Román de la Cruz, secretario técnico del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS), que terminó, vía whatsapp, con “por la naturaleza del acta y procedimiento, el área jurídica del OOAPAS está valorando si podemos proporcionarte el acta en la vía económica o si debe ser a través de solicitud por transparencia”.
Para entonces ya habían transcurrido más de 48 horas desde que Cambio de Michoacán solicitó una entrevista con el director de la paramunicipal, Oswaldo Rodríguez Gutiérrez, dos días enteros en que, según el departamento de comunicación de la dependencia, estuvo en reuniones y juntas sin parar.
El tema, la participación ciudadana en la Junta de Gobierno del OOAPAS, la máxima autoridad de un organismo que recibe al menos dos o tres quejas vecinales a la semana por falta de abastecimiento, redes hídricas dañadas o algún otro conflicto relacionado con el agua, según declaró hace apenas un mes el subdirector de Distribución, Francisco Servín Barriga.
Conforme a lo que establece la Ley del Agua y Gestión de Cuencas del Estado de Michoacán en su artículo 48, la Junta está conformada por el alcalde, en este caso, Alfonso Jesús Martínez Alcázar (presidente), el director del OOAPAS, Oswaldo Rodríguez (secretario técnico) y el regidor coordinador de la Comisión de Salud en el Cabildo, Rodrigo Luengo Salivie.
Para garantizar la participación ciudadana, también está integrada por una representación de cada uno de los sectores industrial, comercial y de servicios, educativo, salud y asistencia social, así como dos integrantes del Consejo Consultivo, este último, la voz de los usuarios en la toma de decisiones del Organismo.
“Dos representantes del Consejo Consultivo del organismo operador municipal, uno de los cuales será el Presidente de dicho Consejo y el otro será designado en los términos del Reglamento Interior del organismo operador municipal, y llevará la representación de los usuarios”, se lee en la ley.
No obstante, de acuerdo con documentación pública virtual, los únicos que firman las actas de las sesiones de la Junta, desde 2021, cuando entró la actual administración, y hasta 2023, son, además de los funcionarios municipales, los representantes de los sectores empresariales: Emilio Álvarez Miaja, del Industrial; José Luis Gil Arroyo, del Comercial; Sandra Aguilera Anaya, Servicios; Jesús Alberto Rodríguez Castro, Educativo; y el presbítero Salvador Carrera Pulido, del de Salud y Asistencia Social.
No estuvieron los nombres de los representantes de los usuarios, por ejemplo, en la cuarta ordinaria de 2023, cuando se trató la propuesta de descuentos para el “Buen fin”, el estatus de la Junta Local del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (APAS) de la tenencia de Santa María y una ampliación líquida presupuestal; o en la de diciembre de 2022, sobre ampliaciones líquidas a programas relacionados con recursos federales, y el tabulador y nómina del personal para el ejercicio fiscal siguiente.
Cuestionado sobre por qué no aparecen tampoco en la primera sesión ordinaria de 2024, la única en la que ha estado el secretario técnico, de recién ingreso, Juan Francisco Román de la Cruz respondió que “en esa acta no participaron”.
Cabe señalar, sin embargo, que sus nombres tampoco son mencionados en el comunicado, fechado el 18 de noviembre, en donde se hace la reseña de que un día antes, en sesión extraordinaria de Cabildo, se tomó protesta a los integrantes de la Junta, además de los referidos, el comisario del OOAPAS, Juan Ignacio Oros Guerrero.
Consultado sobre el contenido de la última sesión ordinaria, cuya acta no está disponible en un gobierno que ha presumido su “transparencia proactiva”, el secretario técnico del OOAPAS señaló lo siguiente vía telefónica:
— Bueno, yo tengo poco en este puesto, pero sí me tocó la del primer trimestre de este año estar presente, básicamente como oyente.
— ¿Qué temas se tocaron?
— Básicamente se analiza el ejercicio del presupuesto y se da seguimiento a los acuerdos del acta anterior, asimismo se hacen propuestas de algunos proyectos que se vayan a desarrollar, licitaciones, etcétera, y en base a eso ya la Junta toma la decisión de si se continúa o si hay observaciones, o definitivamente no se autoriza.
— Del presupuesto, ¿qué se analizó?
— Básicamente se analiza que del presupuesto analizado, de acuerdo a los calendarios que se establecen en esa autorización, que se vaya cumpliendo con los tiempos, que se vayan respetando los lineamientos en cuanto al ejercicio de ese presupuesto autorizado
— ¿Cuál es el presupesto?
— Híjole, ese será otro dato que te tengo que investigar, porque para traerlo aquí en la cabeza… Presupuesto… ¿Quieres el del 2023 o 24?
—El que analizaron
— Digo, nada más es de abrir las carpetas y sacar el dato, ¿no?, pero aquí no los tengo.
— ¿Los proyectos los trae a la mano?
— Sí, estos están ahí en los archivos o expedientes generados para tal efecto, entonces, también te puedo dar ahí los proyectos más relevantes o que se discutieron en esa Junta, en la última sesión.
No obstante, los archivos no llegaron, pues el jurídico del Organismo estaría valorando si se puede proporcionar por la vía económica o hay que hacer solicitud de transparencia.
“Apelamos a su comprensión”, concluyó el funcionario.
Es importante mencionar que, conforme al artículo 49 de la Ley referida, son 13 las atribuciones de la Junta de Gobierno de los organismos municipales entre ellas, establecer en el ámbito de su competencia los lineamientos y políticas en la materia, proponer cuotas y tarifas, vigilar el manejo del patrimonio del organismo, aprobar los proyectos de inversión, examinar y aprobar los estados financieros, y nombrar y remover al director.
