En días recientes, la ministra de seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, acudió a El Salvador a observar y estudiar la “Mega Cárcel” donde el gobierno de Nayib Bukele tiene prisioneros a los principales lideres de las llamadas “maras”. Dicho centro de detención recibe el nombre oficial de Centro de Confinamiento del Terrorismo, abreviado CECOT.
Aunque ensu discurso Bullrich, así como su jefe inmediato, el presidente argentino, Javier Milei, han señalado admiración por la estrategia de seguridad de Nayib Bukele y han indicado querer llevarla a Argentina, realmente quedan serias dudas sobre la aplicación práctica del llamado “Modelo Bukele”, no solo en este país del Rio de la Plata sino en cualquiera otra nación que tenga moderadamente tintes democráticos o al menos separación de poderes.
¿Y por qué surgen estas dudas en ese tipo de escenarios? De forma simplista algunos argumentan que el régimen de Bukele se instaló de manera democrática y que su reelección fue avalada mediante elecciones limpias, e incluso las casas encuestadoras más profesionales le dan un porcentaje de apoyo superior al 80%, más que cualquier otro mandatario del continente.
Sin embargo, sus tácticas políticas para aplicar su estrategia de seguridad contradicen los principios republicanos y democráticos. Aunque Bukele llegó por elección, no dudó en usar al ejército para invadir el recinto del congreso salvadoreño y amedrentar a los liderazgos de oposición, lo anterior le permitió obtener más apoyo y así conseguir un triunfo definitivo en las elecciones intermedias a los dos años que llegó al poder.
Pero esta acción, no fue la única que mostró actitudes antidemocráticas y contrarias al institucionalismo. Cuando tuvo mayoría legislativa a los dos años de gobierno, depuso a todos los jueces y en general autoridades judiciales que le eran adversos bajo la excusa de que las nuevas leyes para el poder judicial no permitían personas que con cierto número de años pudieran estar ocupando cargos judiciales. Al final Bukele consiguió un poder judicial a modo que estaba bajo su control y lo autorizaba formalmente a realizar cualquier acción administrativa que quisiera ejercer.
Básicamente eso le permitió a Bukele aplicar su estrategia de seguridad, la cual de forma logística consiste en realizar las detenciones de cualquier persona que se considerara estar asociada con las maras. Para lo anterior, las fuerzas de seguridad tuvieron la premisa de colocar como principales blancos a aquellos que poseían tatuajes relacionados con la simbología de las maras, así como a las personas que habitaban en los barrios donde operaban estos grupos criminales. Aunque una gran mayoría de las detenciones si permitieron apresar a jefes pandilleros muy peligrosos, también muchos inocentes fueron capturados.
Sin embargo, las detenciones no estaban en su mayoría apegadas al debido proceso, pero dado que los jueces eran gente vinculada a Bukele, no hacían caso a las fallas procesales por las que pasaban los detenidos. Esto permitió que en la práctica buena parte de los detenidos pasara directamente a la prisión sin un juicio real que dictaminara su situación jurídica. Es decir, en la práctica los detenidos lo están más por la voluntad y políticas de Bukele que por un respeto irrestricto a la ley y al debido proceso legal salvadoreño.
Esto último también se observa en la propia reelección de Bukele; la constitución y en general las leyes electorales no permitían la relección presidencial, sin embargo, gracias al respaldo de autoridades judiciales electorales que le eran leales a Bukele, este pudo relegirse argumentando una nueva interpretación sobre la cuestión de la relección.
En resumen, si bien Bukele ha sido extremadamente eficiente para traer la seguridad física a El Salvador a través de un modelo policial sumamente represor y centralizado, tal logística obedece, y siempre ha obedecido, a una violación constante y sistemática del estado de derecho, del debido proceso y en general a las leyes salvadoreñas. Lo más irónico de todo, es que al tener el control del congreso Bukele podría intentar crear nuevas leyes para adaptar sus políticas al institucionalismo, pero no lo hace porque incluso leyes más rígidas o represivas no garantizarían que los jueces obedecieran ciegamente al presidente de la república, como sucede hoy en día.
Bukele verdaderamente necesita de la falta de obediencia a la ley y al estado de derecho en general para que su modelo sea funcional. Porque sabe bien que al momento de reincorporar la independencia al poder judicial, cualquier oficial de dicho poder que ya no esté influido o presionado directamente por Bukele, muy probablemente cambiaría de forma drástica la estrategia policiaca del presidente, lo cual es inaceptable para el régimen imperante.
Por lo tanto, si Milei o cualquier otro presidente de la región desea imitar el modelo de seguridad de Bukele, debe pensarlo de manera muy cuidadosa, ya que de antemano es imposible imitarlo si no se está dispuesto a vulnerar la separación de poderes, así como los marcos legales correspondientes. A no ser, que no importe ceder elementos de la democracia o del republicanismo, de ser así la logística ya está completamente pautada por el estado salvadoreño.
