La justicia no se puede promover en términos que fija una política de gobierno, porque esta siempre cambiaría en medida que los pensamientos o colores de los que gobiernan cambien; y el resultado de ello ya lo conocemos, y muy bien basta con ver la crisis de representación en que se han metido los otros dos poderes de nuestro país, que totalizan así la visión de una mayoría que por su propia característica es de carácter relativo. La justicia entonces tendría adjetivo nuevo, justicia popular, la que decimos nosotros que dicta el pueblo elector.
El día de ayer, jueves 27 de junio, comenzaron los foros para hablar sobre el tema de la reforma al poder judicial, una reforma que está definida desde un oficialismo que se ha convertido en una masa legislativa autoritaria. Es autoritaria en términos de que no tiene interés por debatir ideas, sino que se sabe con la capacidad de no tener que negociar algo.
La Administración de Justicia no puede estar determinada por la cercanía social de un electorado. El poder judicial tiene solo una encomienda: limitar a la autoridad al ejercicio de sus funciones legales, tomando como base fundamental la Constitución Política de nuestro país. Sin un poder judicial ajeno a las postulaciones populares, el resultado sería tan detestable como el hecho de que usted mismo, estimado lector, no conozca quienes son los candidatos a diputados y senadores que votó el pasado 2 de junio. Ellos lo toman a usted como argumento, toman decisiones por usted y entonces queda bastante claro que la elección del poder judicial no genera cercanía con nadie.
En junio del 2020, el reporte número 133 del Centro de Estudios y Opinión Pública del Congreso de la Unión de la Cámara de Diputados señaló uno de los argumentos que son utilizados por el actual régimen para detestar las acciones del Poder Judicial, en dicho reporte se menciona que el Sistema Judicial es una figura mal evaluada por la ciudadanía, pues 72.2% de los encuestados dijeron confiar poco o nada en dicho sistema. Aquí vale la pena enunciar que la defensa por un poder judicial no debe determinarse como una condición estática; sí necesita reformas, pero aquellas que estén encaminadas con que se cumplan los principios de la justicia en México. Pero si este argumento de la desaprobación fuera interpretado de la misma manera, habría que decir que quienes se encuentran más alejados de una aprobación ciudadana son justamente los funcionarios de gobierno, de los cuales se desprende que un 81% de los encuestados no confía en ellos. Otros números los podemos observar en la Encuesta Nacional de Cultura Cívica levantada en el 2020 por parte del INEGI, donde son justamente los partidos políticos y los legisladores de este país los que logran los últimos lugares en confianza ciudadana.
Definir que el hecho de que la población te elija te brinda legitimidad no siempre es cierto. Hay veces que las personas eligen sin saber lo que están eligiendo: a los diputados y senadores se les vota y aún así están reprobados en confianza ciudadana.
En este país de locos, un día los generales de las fuerzas armadas serán electos por el pueblo para dotar de confianza la bala que mata a un inocente, para dotar de legitimidad popular el hecho de que nuestros soldados hagan de policías, aunque su entrenamiento basado en la disciplina y obediencia a sus superiores sea completamente contrario.
Si la carrera judicial meritocrática se quita del poder judicial, entonces la Constitución será solamente un libro de historia al que solo un juez clásico recurriría como consulta, pues servirá al pueblo que lo eligió. No a esa carta magna, que dejaría de ser magna; serviría a los intereses que patrocinaron su campaña y, por lo tanto, al país solo de unos cuantos.
Eppur si muove
