El Estado mexicano tiene hoy, la gran oportunidad de conformar una política de suelo, que responda a las expectativas y necesidades de la población, pero también de la naturaleza, y que, por otro lado, permita y facilite un adecuado desarrollo sostenible, que de viabilidad a los instrumentos internacionales firmados por el Estado mexicano y ratificados por el Senado de la República.
Como es de todos conocido, prácticamente todas las grandes ciudades del país se han configurado a partir de un modelo disperso de crecimiento urbano, que responde a la lógica depredadora del modelo económico Neoliberal, cuyos costos rebasan la capacidad de las autoridades locales y municipales, privan los intereses de fraccionadores, y otras problemáticas de grupos en condiciones de precariedad.
El preámbulo del documento de la “Política nacional del suelo”, expresa que “la ocupación del suelo en sitios cada vez más alejados de las zonas urbanas consolidadas, sumado al aumento de la irregularidad, ha propiciado la segregación y fragmentación de las ciudades, con graves consecuencias que limitan la movilidad social, reducen la competitividad, deterioran el medioambiente (la biodiversidad, y generan crisis sociales y mentales) y aumentan la brecha de desigualdad (y la justicia social)”.
El diseño de política pública de administraciones anteriores, no generaron los criterios y en su caso las directrices para gestionar suelo bien localizado, asequible y apto para el desarrollo, lo que ha favorecido al crecimiento desordenado de las ciudades. Estos hechos y en su caso omisiones, son acicates para que todos los órdenes de gobierno alineen sus esfuerzos en favor de una ocupación sustentable del territorio.
Es de considerar que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, así como del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024 de la Sedatu, nace públicamente, la Política Nacional de Suelo, una política de Estado que incorpora el enfoque de derechos humanos y sociales para el acceso y aprovechamiento del suelo, con el fin de orientar el crecimiento y desarrollo de las ciudades.
En este sentido, la política pública en materia de suelo que promueve el Gobierno de México, reconoce la necesidad de recuperar la función socio-ambiental del suelo para que su uso, destino y aprovechamiento responda al bien común, fortalezca la rectoría del Estado en el desarrollo territorial y contribuya a que los beneficios de la urbanización sean equitativos para toda la población, siempre en una necesidad de sostenibilidad.
La Política Nacional de Suelo, es un documento sin precedentes, de vital importancia para enfrentar la deuda histórica con quienes menos tienen y atender de forma eficiente los grandes problemas que enfrentan las ciudades.
La Política Nacional de Suelo impulsa, precisa que “desde una perspectiva integral y con la participación de diversos actores y órdenes de gobierno, el derecho constitucional a la ciudad y a la propiedad del suelo, priorizando las necesidades de la población en situación de riesgo y rezago social. En ella queda plasmado el resultado de importantes esfuerzos conjuntos en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda dentro del Sector, por lo que con seguridad abonará a la transformación de México y, en específico, a la ocupación justa, equitativa y sustentable de nuestras ciudades”.
En este sentido, el Plan Nacional del Suelo, expresa que el suelo tiene características muy particulares, que lo vuelve un factor fundamentalmente diferente a otros factores que participan en el terreno de las políticas públicas relacionadas con el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y el cuidado del ambiente. Por un lado, el suelo es un elemento tangible y concreto, lo podemos ver y tocar, podemos caminar y edificar nuestra vivienda y nuestras ciudades sobre él.
El suelo, es un elemento con el que estamos en contacto prácticamente todo el tiempo y, por lo tanto, está presente en cada momento de nuestra vida diaria; esto es no solamente en estos tiempos de posmodernos, sino desde tiempos ancestrales. Sin embargo, al mismo tiempo, el suelo es un concepto muy abstracto, sobre todo cuando lo discutimos en términos del territorio y la política pública y, desafortunadamente, es un concepto poco discutido y menos entendido fuera de los círculos especializados en la materia.
En el documento de la Política Nacional del Suelo, se presentan diversas preguntas que interpelan la realidad actual: ¿qué es una política de suelo? O más aún: ¿por qué es necesaria una política de suelo? Una política de suelo es un instrumento de política pública que establece una serie de conceptos, fundamentos y criterios técnicos para orientar la toma de decisiones respecto a la problemática relacionada con el uso, aprovechamiento, ocupación y conservación del suelo. Esta problemática la encontramos virtualmente en cada metro cuadrado del territorio nacional. La encontramos en el continuo urbano-rural, en donde existen procesos acelerados de urbanización irregular descontrolada sobre suelo productivo o de valor ambiental; lo encontramos en los litorales y riberas, en donde la especulación sobre el valor del suelo acaba con manglares y ecosistemas completos; lo encontramos incluso en parques nacionales y zonas protegidas que sufren constantemente de presiones para cambiar los usos del suelo, y la encontramos en todas nuestras ciudades. Es ahí, en una complejidad de entender y de atender la situación actual que presiona al suelo, por ello, la importancia de tener un modelo de Política Nacional del Suelo.
Desde la Política Nacional del Suelo, se podrá diseñar la política pública para atender las cuestiones del desarrollo humano, la sostenibilidad, la Paz, y un conjunto de acciones que permitan atender y comprender la cosmovisión de las comunidades originarias y sus grandes recursos naturales que aún tienen.
